Esta semana, en el primero de sus ocho debates, la Comisión Primera de la Cámara de Representantes le dio el primer banderazo a la reforma política del Gobierno de Gustavo Petro. Se trata de una iniciativa ideada para garantizar la financiación 100 % estatal de las campañas, consagrar listas cerradas con paridad de género y –particularmente– la elección independiente de los magistrados del Consejo Nacional Electoral (CNE).
Si bien en un primer momento el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, celebró la aprobación y destacó que es “un paso clave para fortalecer la transparencia y consolidar una democracia que responda a las necesidades de todos los colombianos”, con el pasar de los días han florecido sus reparos frente a lo que se acordó.
Su molestia no es menor. Aunque el proyecto original del Gobierno contemplaba que la elección de los magistrados del CNE la hicieran las altas cortes y ya no el Congreso –buscando con ello eliminar el tufillo político que sigue contaminando las decisiones de sus integrantes y que se ha exacerbado tras la investigación contra la campaña de Gustavo Petro–, los congresistas hicieron caso omiso y lograron devolver esa facultad al Parlamento.
¿Se trata de un golpe al corazón de la iniciativa? En diálogo con EL COLOMBIANO, el ministro Cristo aseguró que se trata de una equivocación, pues aunque se quiera hacer pasar la elección como un concurso público y de méritos, lo cierto es que la última palabra la sigue teniendo el Congreso. Desde ya anunció que buscarán corregir ese punto a lo largo de los debates.
“Vamos a insistir. Yo creo que eso es parte del debate. Es una equivocación. Aunque hacen una especie de convocatoria pública no es suficiente. Hay que debatir y discutir más. Mantener solo en el Congreso la elección del CNE como sucede hoy no garantiza su independencia y autonomía. Necesitamos una autoridad electoral a la cual darle mucho más poder y muchos más dientes con periodos más largos, pero que sea independiente”, explicó el ministro a este diario.
Insistiendo en que darán la pelea, el ministro de la política defendió que una elección independiente de los magistrados del CNE hace parte de una de las “patas” de la reforma. “El corazón del proyecto son tres factores y uno depende del otro: lista cerrada con democracia interna de los partidos y paridad de género; financiación estatal de las campañas, y una autoridad electoral independiente. Queda faltando una pata, por eso vamos a insistir”.
Justo durante la aprobación del proyecto en su primer envión, la representante Catherine Juvinao (Alianza Verde), insistió en que el Congreso no debe elegir a los magistrados del CNE e instó al Gobierno Petro a poner ese punto como un inamovible.
“Todos vemos que el presidente Petro se está quejando de que el CNE es una entidad politizada que persigue a contradictores, pero al mismo tiempo esta reforma no incluye una transformación en la manera en como se elige a los magistrados”, reclamó.
El representante Carlos Felipe Quintero (Partido Liberal) –nada menos que el ponente del proyecto–, defendió que siga siendo el Congreso el encargado de elegir a los magistrados del CNE. Según explicó, ya no serían nominados por los partidos, sino que se buscaría que a través de una convocatoria pública “se establezcan los requisitos y exámenes de estos magistrados, y sea el Congreso quien elija después”.
Por otro lado, el ministro Cristo se refirió a uno de los puntos más controvertidos de la iniciativa: establecer el voto obligatorio en Colombia. Si bien admitió que no le disgusta la idea, reconoció que se trata de un debate que tiene de largo lo mismo que de ancho y que están abiertas otras alternativas como más incentivos a la hora de votar. No obstante, advirtió que no se trata de un punto central del proyecto.
“Ese debate lo hemos tenido durante años. A mí no me disgusta. Si usted revisa los anales del Congreso llevamos 20 años de discusión de ese punto en Colombia. Los argumentos son válidos. Un voto obligatorio aumentaría la participación del ciudadano. Es un deber de los colombianos, pero puede que haya incentivos más claros para el ejercicio del voto. Es un debate que vale la pena hacer. No me parece que sea un elemento que defina el apoyo o no del Gobierno a una a una reforma”, agregó.
Por otro lado, el proyecto le cierra la puerta al transfuguismo, tal como dijo el ministro en una entrevista reciente con EL COLOMBIANO, quien aseguró que no le caminaría a la idea de que, por una única vez, los congresistas, diputados o concejales puedan cambiar de partido político sin sanción alguna.
El documento también trae cambios frente a las condiciones para obtener la personería jurídica. Si bien inicialmente se planteó que bastaba contar con el respaldo del 1 % del censo electoral en las elecciones para darle reconocimiento legal a un partido –lo que implica financiación estatal y espacio en medios–, se resolvió mantener ese umbral en el 3 %, como está establecido actualmente.
Sin embargo, en la ponencia se mantiene el controvertido articulado que permitía mantener la personería jurídica a partidos siempre y cuando cuenten con una base de afiliados o militantes que sea de al menos el 0,2 % del censo electoral, es decir, alrededor de 80.000 afiliados.
El siguiente paso será la plenaria de la Cámara de Representantes. En juego, está la segunda reforma política que intenta tramitar este Gobierno, que ya en marzo de 2023 sufrió una estrepitosa derrota al promover un proyecto que resultó con toda clase de micos, entre ellos, que los congresistas pudieran saltar a la Casa de Nariño sin ningún impedimento para ser ministros e incluso que se garantizaría su curul en caso de que decidieran volver al Capitolio.