Además de los exdirectores del Inder y los exgerentes que estuvieron a la cabeza de Metroparques en la administración del exalcalde Daniel Quintero, la Personería Distrital extendió la investigación disciplinaria por presuntos malos manejos en contratación a dos líderes de programas de la primera de esas dos entidades así como a quien fue el jefe de su oficina jurídica. En total, los exfuncionarios involucrados suman diez, de los cuales siete son del Inder y los restantes de Metroparques.
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Este caso se relaciona con el manejo del convenio interadministrativo 6700013390 de 2020 cuyo objeto era la gerencia, coordinación y ejecución de recursos para la actividad física, junto con todos los componentes, accesorios y demás materiales necesarios para el desarrollo de la oficina asesora de planeación, así como los proyectos priorizados del programa de planeación local y Presupuesto Participativo. El monto ejecutado fue de 21.826 millones de pesos.
Según expresó la agencia local del Ministerio Público en marzo de este año, cuando anunció la apertura de un proceso de vigilancia administrativa sobre este convenio, habrían existido presuntas irregularidades en la ejecución de ese dinero entre los años 2020 y 2021.
Para empezar y según dijo entonces la Personería, Metroparques suscribió contratos con otros proveedores para prestar los servicios requeridos, lo que permitiría inferir que no contaba con la capacidad para cumplir el objeto contractual.
Siete meses después, las investigaciones le permitieron a la Personería avanzar y personalizar las presuntas responsabilidades sobre cuatro exdirectores del Inder: Diana Paola Toro, Carlos Mario Romero (luego fue concejal por el movimiento Independientes), Cristhian Camilo Sánchez y Yuberth Antonio Ordóñez.
También están en la mira por los mismos motivos los líderes de programa de la misma entidad Yuynan Ordoñez Vergara, Deiby Stik Valencia y el jefe de la oficina jurídica, John Fernando Cardeño Zapata.
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Y adicionalmente, en el proceso están inmersos los exgerentes de Metroparques Jorge Enrique Liévano, María Eugenia Domínguez y Carlos Augusto Jaramillo.
“Durante el trámite de la investigación se les garantizará a los exservidores públicos el derecho de defensa y el debido proceso. Una vez culminada la etapa de investigación, el Personero Delegado que instruye el proceso con base en las pruebas recaudadas, tomará la decisión de archivar o formular Pliego de Cargos”, expresó la Personera Delegada de Vigilancia e Instrucción Disciplinaria, Yenny Serna.
En enero pasado la Fiscalía le imputó cargos por estos hechos a Liévano y a Mauricio Jaramillo Botero, el representante legal de Cyan Eventos y Logística, la firma con la que subcontrató Metroparques las actividades contenidas en el convenio 6700013390 por un valor de $19.850 millones.
El primero fue imputado por los delitos de asociación para cometer delitos en contra de la administración pública, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación. El segundo, por asociación para la comisión de delitos contra la administración pública, celebración de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales y peculado por apropiación.
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Las presuntas fallas en la contratación han sido igualmente el motivo para la apertura de investigaciones disciplinarias contra varios funcionarios de las dos entidades mencionadas por parte de la Procuraduría General de la Nación, extendiéndose también al Área Metropolitana del Valle de Aburrá.