Polémica y bastantes críticas causó la carta enviada este martes 22 de octubre a la Procuraduría y a la Contraloría por parte de Juan Carlos Tafur, miembro de la junta directiva del Metro de Medellín, para solicitar “acompañamiento urgente” a la empresa ante los inconvenientes técnicos que se han registrado en los últimos meses. Aunque él afirma que no hay tintes políticos ni intenciones dañinas en su petición, otros le reclaman que estaría buscando afectar la imagen de la empresa de transporte.
Las suspicacias no solo fueron porque la carta se hizo pública y hasta circuló por WhastApp, sino también por el pasado de Tafur como contratista en la administración del exalcalde Daniel Quintero y a que fue nombrado como uno de los miembros independientes de la junta del Metro por el presidente Gustavo Petro, en septiembre de 2023, cuando incluso tenía en ejecución alguno de esos contratos. Esto no pasa de agache en medio de las tensas relaciones que han tenido Petro y el alcalde Federico Gutiérrez.
Tal como lo reiteró a EL COLOMBIANO, el acompañamiento que pide Tafur es para revisar “de manera exhaustiva si ha habido malos manejos administrativos en lo que respecta a los mantenimientos y la operación de las estaciones” y que pudieran haber ocasionado emergencias o incidentes técnicos en el metrocable y la línea A del metro como los que han ocurrido desde mediados de este año.
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En la carta, Tafur aseveró que en las sesiones de la junta directiva y por medio de correos electrónicos ha hecho referencias a estos inconvenientes técnicos, que califica como “graves hechos operacionales de las estaciones y de mantenimiento”, y que se estarían evidenciando posibles problemas en las acciones de la gerencia de la empresa, hoy en cabeza de Tomás Elejalde, en lo que tiene que ver con prevención y planes de contingencia. Posteriormente, para este artículo amplió que sus indicios sobre lo que dice se basan en los constantes incidentes del sistema y denuncias de sindicatos y proveedores “sobre posibles irregularidades en los procesos de mantenimiento”.
Ante esto, distintos sectores empezaron a preguntar si podría tratarse de una intención por dañar la imagen del Metro de Medellín o generar algún tipo de crisis con el fin de que se cambie su administración. Aunque esta petición a los órganos de control es válida, más viniendo de un integrante de la junta, en el caso de Tafur muchos recordaron, como lo publicó EL COLOMBIANO en septiembre de 2023, que cuando Tafur fue nombrado por Petro había firmado por lo menos cuatro contratos por $223 millones con el conglomerado público de Medellín, dos con Ruta N y dos con la Secretaría Privada de la Alcaldía, que estaba a cargo del exsecretario Juan David Duque, salpicado por los presuntos malos manejos de la caja menor del despacho del alcalde.
Concejales como Alejandro De Bedout, quien sugirió que Tafur podría ser cuota política de Quintero en la junta del Metro, señalaron que este “se hizo el de la vista gorda” cuando el sistema atravesaba la grave crisis financiera en la administración pasada, pero que ahora pide investigar la empresa.
El alcalde Gutiérrez dijo que aunque podrían ser simples suspicacias no se puede descartar una posible intención de “sacar réditos políticos” o generar una crisis que lleve a un cambio de administración de la compañía y a una eventual toma de la misma de parte del gobierno nacional. Agregó que si eso llegase a comprobarse, en articulación con el gobernador de Antioquia Andrés Julián Rendón harán lo que sea necesario para defender la empresa.
Tafur sostuvo que no entiende por qué se generó el revuelo ante su solicitud en vista de que “cualquier error en un mantenimiento u operación del sistema de transporte puede ser riesgoso” para los usuarios. Y afirmó que en la primera junta del Metro que tuvo, el 18 de octubre del 2023, se enteró de problemas financieros del Fondo de Estabilización Tarifaria y que con Sebastián Hinestroza, otro miembro de junta nombrado por Petro, buscaron solución jurídicas y financieras.
Al respecto, Elejalde dijo que le parecen normales estas solicitudes a los órganos de control, en aras de la transparencia que requiere el manejo de la información sobre hechos como la emergencia del metrocable del 26 de junio que dejó un ciudadano fallecido o la del pasado 2 de octubre cuando hubo pánico por el choque de dos cabinas. “Cuando la Procuraduría se haga presente los atenderemos con total transparencia y les daremos toda la información, somos los más interesados en identificar opciones de mejora y, si hay algún tipo de problemas que debamos corregir, que en nuestras investigaciones exhaustivas y acompañadas por terceros eventualmente no hayamos visto, bienvenida la acción de la Procuraduría”, expresó.
No obstante, sostuvo que en las investigaciones adelantadas a la fecha no han hallado relación entre estos hechos con falta de mantenimiento y recordó que los dos eventos del metrocable tienen causas muy diferentes. Aclaró que cuentan con un equipo de mantenimiento de 680 personas y que solo en 2023 se invirtieron $100.000 millones en esas labores.
También afirmó que cuentan con una reserva de repuestos por $98.000 millones para atender con agilidad reparaciones en caso de fallas en trenes, metrocables, vía, catenaria o subestaciones. El funcionario detalló que en este momento están terminando la revisión del 100% de las pinzas de metrocable, 500 en total, para identificar si están en perfectas condiciones.
Sobre la carta de Tafur, Elejalde reiteró que los miembros de junta son los primeros que reciben la información de estos hechos. Pero Tafur aseguró que desde la junta extraordinaria tras el accidente de junio ha enviado más de tres correos solicitando información que no le han entregado.
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“La Gerencia duró tres meses y medio para entregar el primer informe técnico del accidente de la Línea K; he solicitado los informes técnicos del incidente de 2 de octubre en Línea K, incidente en metro Línea A el 7 de octubre, los cuales no han sido entregados y siempre he encontrado en la Gerencia General y en la Secretaría General una actitud hostil que no ha permitido el acceso a la información a la Junta de manera oportuna y veraz”, dijo.
Elejalde respondió que si se han presentado demoras en la entrega de datos es porque hay investigaciones en curso sin conclusiones definitivas. Concluyó que la información la entregan a las instituciones que lo soliciten, como ha sido el caso de Fiscalía, Procuraduría y Personería por las emergencias de junio y octubre pasados. Además puede leer: Vagones atestados y largas filas por problemas con un cambiavías en la línea A del Metro