La Procuraduría General de la Nación informó que profirió pliego de cargos en contra de un exmandatario del Urabá antioqueño por un presunto incumplimiento de sus deberes como alcalde.
Según detalló el ente investigador, la Procuraduría le pone la lupa a las actuaciones del exalcalde de Murindó Nafel Palacios Lozano, quien detentó el poder en este territorio entre 2020 y 2023.
Al parecer, el exmandatario, en su calidad de administrador municipal, no habría asignado los recursos para los apoyos económicos que por Ley de la República se deben girar a los integrantes de la Mesa de Participación de Víctimas acreditadas en dicho municipio.
El asunto es delicado teniendo en cuenta que estas colectividades conformadas legalmente son espacios gubernamentales para garantizar la representación y reparación integral de las poblaciones vulnerables, sobre todo en una zona con tantas carencias como es el Urabá antioqueño.
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A raíz de las denuncias derivadas ante la Procuraduría por esta omisión, la Provincial del Valle de Aburrá de la entidad asumió las pesquisas para dirimir la responsabilidad del exmandatario en el hecho que hoy lo tiene en la mira de esta autoridad y que, de confirmarse, acarrearía a Palacios una dura sanción toda vez que la falta es considerada como grave a título de dolo.
Cabe recordar que el alcalde Palacios tuvo un convulso mandato, sobre todo al inicio de su período.
El 24 de septiembre de 2020, el Juzgado Promiscuo Municipal de Murindó impuso medida de aseguramiento intramural contra él. El mandatario fue enviado a prisión por el delito de corrupción al sufragante.
Esto ocurrió porque durante las elecciones del 27 de octubre de 2019, el entonces candidato Palacios Lozano y su equipo de campaña habrían pagado la suma de 100 mil pesos por voto a su favor. Además, se evidenció que el 9 de septiembre del mismo año, Palacios le pagó $300 mil pesos a una mujer del pueblo para que votara por él.
Días antes, el 17 de septiembre, Palacios había sido capturado dentro de otra investigación por presuntas irregularidades en la celebración de un contrato para la construcción de andenes, pero un juez había ordenado su libertad por considerar “que no existía inferencia razonable de autoría o participación”. Ese fallo fue apelado por la Fiscalía en ese entonces.
Además, el Tribunal Administrativo de Antioquia, en sentencia del 18 de noviembre de 2021, le declaró la nulidad electoral a Palacios Lozano por lo que no pudo terminar su mandato adecuadamente.