En las próximas semanas, la Sociedad de Activos Especiales (SAE) podría recibir un golpe financiero cercano a los dos billones de pesos, en caso de que prosperen una serie de recursos legales en los que se pide que devuelva 303 lujosos bienes ubicados en Bogotá, Cali, Medellín, Cartagena y otras 10 ciudades principales e intermedias.
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El caso, que incluso ha desencadenado recientes reuniones de la cúpula de la Dirección de Extinción de Dominio de la Fiscalía, está relacionado con la reclamación de 46 personas que aseguran que adquirieron de manera legal las propiedades y que tienen cómo probar el origen lícito de los recursos.
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La magafortuna
Inmueble campestre del proceso de extinción de dominio. SuministradaBajo la advertencia de que los actuales explotadores y administradores de los bienes no tienen responsabilidad alguna en el caso y se trata de terceros de buena fe, entre los predios que se vienen reclamando está un magnífico edificio ubicado en la carrera 13 con calle 93, donde hoy funciona un reputado bar de apuestas deportivas.
Entrada a una de las lujosas haciendas en proceso de extinción. Archivo particularAdemás, el hotel Vintage, ubicado en la calle 100 con carrera 13, norte de Bogotá; un apartamento en Soho 94, en el exclusivo sector de Chicó, y una oficina en el edificio Torre Central, en la avenida El Dorado.
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En el listado de bienes, además, figuran la finca Tibira, de 119 hectáreas; la hacienda El Tirol, de 43 hectáreas; Cañada Honda, de 32, y Aranjuez 1 y 2, de 69 hectáreas, todas ubicadas en Chocontá. Además, haciendas cafeteras y ganaderas en el Valle y en Antioquia y otras propiedades en la costa Caribe.
Cuando arrancó el proceso de extinción de esos bienes, el 6 de mayo de 2013, estaban avaluados en 2 billones de pesos, y aunque aún no hay un fallo judicial que ordene la extinción del dominio a favor del Estado, algunos ya se encuentran en proceso de enajenación temprana (venta), como lo permite la ley.
La sombra del capo
Ignacio Alvarez Meyendorff Ministerio de Seguridad de ArgentinaSegún registros públicos, los actuales dueños son empresarios, hacendados y hasta médicos. Pero para la Fiscalía 12 especializada es claro que tienen un hilo conductor: el señalado narcotraficante Ignacio Álvarez Meyendorff y su núcleo familiar.
En los 90, aparecía como uno de los miembros del extinto cartel del norte del Valle, en donde era conocido con el alias del Gran Hermano. Después de pagar condena en Estados Unidos, regresó a Colombia, a mediados de 2017, y empezó a preguntar por el expediente que tenía abierto en extinción de dominio.
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A través de sus apoderados, Álvarez Meyendorff comenzó a interponer todo tipo de recursos legales para que los bienes sean devueltos, con el argumento de que cuando los adquirió y transfirió a otras personas no estaba ni vinculado al narcotráfico ni investigado por esa conducta.
Este es uno de los lotes registrados en el proceso de la Fiscalía Archivo particularDe hecho, las 46 personas que aparecen en cabeza de los bienes entregaron contabilidades y análisis para demostrar, según dicen, que el origen de los dineros con los que se transaron las propiedades son legales.
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Pero la defensa del señalado capo va aún más allá. Y asegura que dentro del proceso de extinción se han cometido irregularidades que han puesto en conocimiento tanto de la Fiscalía como del Tribunal Superior de Bogotá, sin que pase nada.
Reunión con la cúpula
Fiscalia General de la Nación. Fiscalía General de la NaciónEntre otras supuestas anomalías, señalan que las personas vinculadas al proceso de extinción nunca fueron notificadas debidamente para que ejercieran su derecho a la defensa y que uno de los fiscales que han tenido el caso habría admitido que se trató de un error.
José Iván Caro Gómez, director nacional de Extinción del Derecho de Dominio. Archivo particular“De manera inexplicable e ilegal han ampliado plazos para que se subsanen errores dentro del proceso e ilegalidades. Incluso hemos denunciado que para mantener vivo el proceso de extinción de dominio se revivió otro de supuesto lavado de activos que, según la base de datos de la Fiscalía, ya estaba archivado por inexistencia del hecho”, le dijo a EL TIEMPO la defensa de Ignacio Álvarez Meyendorff.
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Y asegura que incluso fueron llamados a una reunión el pasado 4 de septiembre, en el búnker de la Fiscalía, para tratar el tema.
Al respecto, EL TIEMPO conoció un correo en el que, en efecto, aparecen emplazándolos, por instrucción del Director Nacional de Extinción del Derecho de Dominio, José Iván Caro Gómez, y del fiscal 12 delegado de esa unidad, José Uriel Acero García.
Sigue el pulso
Corte Suprema de Justicia CortesíaY la defensa exhibe una tutela que llegó a manos del magistrado de la Corte Suprema Diego Eugenio Corredor, quien ordenó a la Fiscalía, el 3 de junio de 2021, que se pronunciara de fondo en un término de 12 meses con respecto a la procedencia o improcedencia del proceso de extinción, tras considerar que “hubo un desbordamiento del plazo razonable”.
Este es el documento con el que se dio inicio al proceso de extinción. EL TIEMPO(Le puede interesar: Los vuelos a Colombia de cuestionado alfil del presidente de España, Pedro Sánchez, indagado por presunta corrupción)
Sin embargo, el 28 de agosto de 2023, ya habiéndose cumplido el término establecido por la Corte, hubo otra decisión. A través de un fallo de tutela, un magistrado de la Sala de Extinción de Dominio del Tribunal Superior de Bogotá otorgó un plazo adicional a la Fiscalía de tres meses para que culminara la etapa de notificaciones del proceso.
Por eso, la defensa de Álvarez Meyendorff, en cabeza de la penalista Elisa Peña, interpuso un incidente de desacato contra el fiscal 12 de extinción de dominio, teniendo en cuenta que se había cumplido la prórroga otorgada por Tribunal Superior de Bogotá y la Fiscalía 12 no se había pronunciado de fondo sobre el caso.
¿Qué dice la Fiscalía?
Ignacio Álvarez Meyendorff al momento de su captura en Argentina. Policía Federal ArgentinaEL TIEMPO le consultó el caso a la Fiscalía y empezaron por señalar que el proceso es contra los hermanos Álvarez Meyendorff y su núcleo familiar y que en ningún momento ha considerado devolver los bienes.
“Para la Fiscalía es claro que los mismos (los bienes) se encuentran incursos en causal de extinción del derecho dominio, porque fueron producto directo o indirecto de actividades ilícitas”, señalaron en el ente acusador.
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Y aclararon que el caso está en estudio del proceso y no se puede asegurar desde ya que se van a devolver o que se va a hacer la extinción del derecho de dominio “porque el proceso no ha culminado”.
Antes, dicen, se deben agotar las etapas procesales pertinentes y actualmente se encuentran resolviendo recursos y adelantando periodos probatorios. Además, auscultando, verificando los dictámenes periciales que se han decretado para establecer si esos terceros a los cuales los Álvarez Meyendorff les traspasaron los bienes tenían la capacidad económica o no de adquirir ese patrimonio.
Cero irregularidades
Una de las haciendas en proceso de extinción. Archivo particularEn cuanto a las supuestas irregularidades en la etapa de notificación de las que habla la defensa de Ignacio Álvarez Meyendorff, fueron enfáticos en que no han existido: “Todo obedece al trámite procesal que debe agotarse. Se trata de un buen número de bienes que estaban en cabeza de diferentes propietarios. Lo que se ha encontrado es que se trasladaban los bienes a través de acciones civiles como hipotecas y fiducias para tratar de ocultar ese patrimonio de la persecución estatal”.
Por eso dicen que ha resultado dispendioso notificar a todas las personas, con el agravante de que muchas de ellas se hicieron renuentes a notificarse para trabar el proceso y evitar que avance.
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De hecho, señalaron que la abogada de Álvarez Meyendorff ha presentado 8 acciones de tutela del 2022 a la fecha. Y en una oportunidad presentó 91 derechos de petición al despacho: “Esto ha implicado que el despacho que adelanta el proceso se dedique a resolverle los derechos de petición y a contestar tutelas recibidas”.
Uno de los predios en proceso de extinción de dominio. Archivo particularTambién informaron que el proceso está en etapa de indagación sin que se haya tomado decisión alguna que le ponga fin a la actuación penal. Y se destacó un equipo de 5 fiscales, 10 investigadores y 6 analistas financieros para darle celeridad.
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Cualquiera que sea el resultado del pulso judicial, el expediente pasará a la historia como uno de los casos más prolongados en tema de extinción que heredó la administración de la fiscal Luz Adriana Camargo.
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