Durante su paso por la Presidencia de la Cámara, entre el 20 de julio de 2022 y el 20 de julio de 2023, el representante David Racero –uno de los escuderos del presidente Gustavo Petro–, habría favorecido con contratos a familiares y amigos provenientes de Valledupar, donde hizo política su tío, José Luis Mayorca, excandidato a la Gobernación de César.
Así lo evidencia un informe del portal La Silla Vacía, en el que se señala que durante el paso del congresista por la más alta dignidad de la Cámara fueron contratadas las esposas de dos de sus primos, a lo que se suman periodistas que destacaban su gestión y allegados que impulsaron la campaña de José Luis Mayorca.
Una de las beneficiarias fue Elena Esther Paredes, esposa de Juan Carlos Márquez Mayorca, primo de David Racero. Se trata de una fisioterapeuta que tuvo un contrato entre el 30 de marzo y el 19 de julio de 2023 por $36 millones. Según el medio de comunicación, sus tareas incluían hacer pedagogía en Valledupar sobre la reforma a la salud que tramitaba en ese entonces la exministra Carolina Corcho.
Por otro lado, fue contratada la abogada Ángela María Araujo, esposa de Walter Fidelio Castilla Durán, también primo de Racero. Se hizo a un contrato entre agosto y diciembre de 2022 por $24 millones, sumado a otro entre febrero y julio de 2023 por $33 millones.
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“Toda esa contratación está conforme a la ley, las hojas de vida cumplían los requisitos legales. No hay irregularidad ahí. Se les asignaron tareas, que luego cumplieron”, respondió Racero a La Silla Vacía, negando que los Mayorca sean un clan en Cesar.
La investigación revela además que Elena Paredes, así como Walter Castilla, terminaron después trabajando en el despacho de la magistrada del Pacto Histórico Alba Lucía Velásquez en el Consejo Nacional Electoral (CNE). “No tengo relación alguna con la magistrada Velásquez como para influir en que los dos trabajaran con ella”, agregó el representante.
Adicionalmente, fueron contratados al menos cuatro personas que terminaron apoyando la candidatura de Mayorca hacia la Gobernación de Cesar. Entre ellos, se cuentan la radióloga Diana Patricia Arrieta Clavijo, contratada entre el 9 de febrero y el 19 de julio de 2023, y quien fue una de las impulsoras de la recolección de firmas a favor del tío del representante.
También la psicóloga Liliam María Torres Feluzzula, quien tuvo dos contratos que sumaron alrededor de $50 millones, y quien no solo aportó recursos a la campaña de José Luis Mayorca, sino que luego fue candidata a la Asamblea de Cesar con el aval del mismo partido que respaldó la candidatura de Mayorca: Fuerza de la Paz, del exsenador y hoy embajador en Reino Unido Roy Barreras.
En el ramillete aparecen también la economista y periodista María Eloísa Araujo y la abogada Saida Medina, quienes tuvieron contratos y luego aportaron $27 millones a la campaña de Mayorca. Inclusive, Araujo fue jefe de prensa del tío del expresidente durante la campaña. Además, aparece Amanda Lucía Verdecia, amiga de la familia Mayorca y auxiliar de enfermería, quien tuvo dos contratos por $44 millones.
“Que la gente haga campaña después de haber trabajado en el Congreso no es mi responsabilidad”, señaló Racero a La Silla Vacía.
Finalmente, figuran los periodistas Enrique Alfonso Camargo y Ader Trillos Clavijo, también provenientes de Valledupar, y quienes se hicieron a contratos por cerca de $20 millones.
La denuncia llega semanas después de que la Procuraduría y la Corte Suprema de Justicia abrieran una investigación contra Racero por presunta solicitud de dinero a su equipo legislativo. A ello se suman señalamientos de que empleados asumían tareas que no hacían parte de sus funciones.
Además, según las denuncias reveladas por el periodista Daniel Coronell, el expresidente de la Cámara de Representantes (2022-2023) pidió contratos en el Sena en el departamento del Cesar, como lo muestra una conversación por WhatsApp publicada por el periodista.