Jaime Granados y Jaime Lombana –defensores del expresidente Álvaro Uribe– acudieron hasta el despacho de la Fiscal General de la Nación para interponer una denuncia que versa sobre varios delitos y que se suma al “toma y dame” en el que se ha convertido el proceso judicial que se lleva contra el líder natural del Centro Democrático.
Los penalistas le pidieron a la fiscal Luz Adriana Camargo que investigue a cuatro personajes por su aparente responsabilidad en los delitos de ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio, fraude procesal y falso testimonio.
El argumento de los defensores de Uribe se centró en los últimos meses en tratar de demostrar que el proceso está viciado y que en reiteradas ocasiones se le han vulnerado las garantías de su cliente.
Las pruebas de la defensa
El pasado 17 de octubre –durante la audiencia de preparación del juicio contra Uribe Vélez– Granados denunció la pérdida de miles de archivos que serían claves en el proceso que se lleva contra el expresidente por fraude procesal y soborno a testigos.
“Nuestro equipo de forenses tuvo la oportunidad de empezar a hacer el proceso con los equipos pertinentes de la analítica de datos. Y esa analítica arrojó unos primeros resultados (...). Quiero simplemente dejar constancia de que nos dio aproximadamente 102.000 archivos diferentes, los cuales, al parecer, habían sido borrados”, había dicho Granados.
Los archivos en mención, insistieron los defensores, estaban alojados en los dispositivos electrónicos que le incautaron al exparamilitar Juan Guillermo Monsalve, testigo clave en el proceso.
Después de ese peritaje, Granados y Lombana acudieron a la Fiscalía el 23 de octubre y denunciaron formalmente a Monsalve y al representante de una de las víctimas, Miguel Ángel del Río Malo.
La teoría de los abogados es que en al menos siete ocasiones se habría incurrido en la manipulación u ocultamiento de pruebas.
También pidieron que se vincule a la eventual indagación a Deyanira Gómez (exesposa de Monsalve) y a John Harvey González Sánchez, investigador de la Fiscalía.
Los abogados insisten en que habrían sido manipulados un computador, un celular, una memoria USB y relojes espías que pertenecieron a Monsalve.
“Que los relojes grabadora, con los cuales supuestamente el interno Monsalve realizó las grabaciones que aportó a la Corte Suprema de Justicia, fueron, recientemente, entregados a la Fiscalía en condiciones materiales que hacen imposible la extracción de su contenido, es decir estos elementos probatorios habrían sido destruidos”, insistió la defensa.
Entre el material que habría sido manipulado se encuentran los videos que grabó el propio Monsalve en la cárcel La Picota y que darían cuenta de las visitas que realizó el abogado Diego Cadena a ese penal.
Esas pruebas son claves porque allí están las claridades sobre la participación de Diego Cadena en el entramado. El hombre es señalado de presionar al exparamilitar para que rindiera versión en favor del expresidente y en contra del senador Iván Cepeda.
Esta denuncia se suma a varios recursos que ha interpuesto la defensa del expresidente para tratar de demostrar la aparente vulneración de las garantías.
Granados y Lombana ya intentaron tumbar todo el proceso bajo el argumento de falta de garantías. Pero el Tribunal Superior de Bogotá –en una decisión de segunda instancia– le dijo no a esa solicitud el pasado 27 de agosto.
La solicitud que sí les aceptó la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá ocurrió el pasado 16 de octubre cuando concedió tiempo para que los defensores pudieran analizar todo el material que la Fiscalía presentaría en el proceso.
“Resulta desproporcionado impedirle al accionante que analice y valore qué, de lo que obtuvo, le sirve para su estrategia defensiva, pues ello materializa el derecho al debido proceso”, dijo el Tribunal en el fallo de tutela.
“Buscan la preclusión”
El abogado Miguel Ángel del Río advirtió que el nuevo recurso de los defensores es “desproporcionado”.
“Se tiene toda la trazabilidad, lo que es el elemento es la información del disco al interior del reloj, eso se entregó a la Corte Suprema de Justicia y quedó en cadena de custodia. Cuando recibimos los relojes hicimos un análisis que denotó que no habían sido manipulados, la información tiene toda la legalidad posible”, señaló Del Río.
El abogado también afirmó que la estrategia de los defensores de Uribe, al parecer, es buscar la preclusión del caso.
“Estamos en audiencias preparatorias y seguramente la decisión de la jueza sobre los elementos materiales probatorios que sean o no admitidos sea apelada por la defensa, el Tribunal deberá estudiar, y luego empezará el juicio”, afirmó.
En la audiencia preparatoria, los abogados de Uribe le pidieron a la juez que acredite a 160 testigos para ser escuchados en juicio.
“Esos 160 testigos son improcedentes, buscan extender el proceso que prescribe en octubre del 2025, no tienen otra alternativa sino la prescripción. ¿Cuándo van a desarrollarse esos 160 testigos? La intervención de la Fiscalía va dirigida a que no se acepten esos 160 sino que sea una cifra manejable”, puntualizó Del Río.
Los testigos de Álvaro Uribe
Jaime Granados, abogado del expresidente, le pidió a la juez que escuche a 160 testigos y peritos. Entre los testigos que apoyarán la defensa de Uribe están el exministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias; el exfiscal general, Néstor Humberto Martínez; el abogado Abelardo de la Espriella; el exministro de Vivienda, Luis Felipe Henao; y Santiago Uribe, hermano del expresidente. En el listado de testigos también aparecen Rodrigo Lara, Juan Carlos ‘El Tuso Sierra’; Mario Uribe; Diego Cadena, exabogado de Uribe, y Enrique Pardo.