Este lunes se tiene previsto que en el Senado se reanude la discusión de la reforma al Sistema General de Participaciones (SGP), ideada para efectuar más transferencias del Gobierno Nacional a las regiones en el marco de la descentralización. Si bien el debate ha generado fricciones al interior del Ejecutivo, este lunes el presidente Gustavo Petro tomó partido y le dio su espaldarazo al proyecto.
Eso sí, el jefe de Estado lanzó una serie de condiciones para apoyar la iniciativa, que generó fricciones entre el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla –que alerta que el proyecto pondría en riesgo las finanzas de la Nación y no sería viable fiscalmente–, y el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, que respalda irrestrictamente la reforma.
El SGP es el mecanismo mediante el cual el Gobierno Nacional transfiere a los municipios, distritos y departamentos los recursos necesarios para atender los servicios básicos de educación, salud, agua y saneamiento básico (acueductos y alcantarillados).
Según Petro, es viable el aumento del 26 % al 46 % de los ingresos corrientes de la Nación siempre y cuando esa transferencia sea gradual. Además, los nuevos ingresos deben estar supeditados a una ley de competencias para los municipios, “es decir, que se trasladan competencias que antes hacía la Nación con sus recursos, con lo cual no aumenta el déficit fiscal”.
Por otro lado, señaló que la fórmula de reparto en la ley de competencias “debe cerrar las brechas entre las regiones y por tanto, debe privilegiar las regiones más excluidas para concretar la paz”.
Adicionalmente, Petro señaló que el aumento de competencias en salud debe cubrir todo el sistema de atención primaria para los municipios, mientras que en educación debe contemplar tres años de preescolar, la jornada única y los dos años de educación superior gratuita en los colegios de media.
Finalmente, destacando que la reforma implica “un incremento sustancial del poder del municipio”, el jefe de Estado sostuvo que se necesita “una ciudadanía más unida y organizada” que haga que el salto en la descentralización se convierta en un salto “a profundidad” de la democracia local. “El dinero no es para las mafias locales, es para las necesidades de la ciudadanía”, precisó.
El Ministerio del Interior argumenta que este mecanismo requiere una reforma “para cumplir con la promesa de descentralización de la Constitución Política de 1991, devolviéndoles la autonomía a municipios, distritos y departamentos en la determinación de la inversión de los recursos en aquellos programas y proyectos que mayor potencial tienen para impulsar su desarrollo”.
El Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf) declaró que el proyecto es inviable fiscalmente, porque excedería el monto máximo de la deuda, establecido por la ley, además que tendría que buscarse mecanismos como reformas tributarias, adicionales, para financiarlo.
El sustento hecho por la presidente del Carf, Astrid Martínez, detalla que el Gobierno ya tiene un reto significativo para el cumplimiento fiscal de 2024, sumado a los temores por el bajo recaudo tributario, y las presiones del Presupuesto para 2025, hacen que el Estado prácticamente no tenga margen de maniobra en la caja.