Lo primero que dice el líder campesino y cultivador Gildawer Otela cuando se le pregunta por la propuesta del Gobierno de comprar directamente hoja de coca es que “es muy complejo”, aunque duda en dar un calificativo más fuerte.
Desde las imponentes montañas del Cauca, con sonido de pájaros de fondo, Otela y otros de sus compañeros le explican a EL COLOMBIANO por qué: “Acá en el Cauca, lo que es El Plateado, el sur, solamente hay cultivos de coca, no hay cultivos de ‘pancoger’. Por eso nos parece muy difícil lo que propone Petro; esa compra debe ser a corto plazo porque deben sustituir esos cultivos con otros. (...) No veo tan asentada esa propuesta. ¿Qué se va a hacer con esa hoja? Eso debe tener un fin y una estrategia”.
La propuesta, lanzada por el presidente Gustavo Petro, ha generado polémica y él mismo lo reconoce: “Me van a caer rayos y centellas. Menos mal la procuradora (Cabello) y el fiscal (Barbosa) ya se fueron, pero si no cambiamos los métodos, pues no cambiamos. Y si vamos a repetir con los mismos instrumentos todos sabemos que no se solucionan los problemas (...) Entonces, al campesinado le vamos a comprar sus cosechas de coca, mientras aparece la economía lícita. Para eso se necesitan créditos en todas las zonas, las más pobres y excluidas de Colombia”.
Sin embargo, lo que no dijo el presidente es que esa propuesta no es nueva. Su propio Gobierno, a finales de diciembre del año pasado, compartió un borrador de decreto para comentarios en el que propone una “ruta de regulación” de cultivos de hoja de coca, marihuana y amapola.
En ese momento, la compra por parte del Ejecutivo tendría el objetivo de crear las bases de un mercado regulatorio y de incentivar el crecimiento de una industria desconocida para la mayoría de colombianos que son los productos derivados de la hoja de coca como galletas, licores y productos de aseo. Pero en casi diez meses nada de eso sucedió y en cambio la mayoría de indicadores empeoraron.
Empezando por el número de hectáreas de hoja de coca, cuya cifra revelada hace unos días por la medición que hace Naciones Unidas alcanzó las 253.000 (ver gráfico). Incluso, expertos señalan que sería mayor el número de hectáreas, pero la otra medición que era hecha por Estados Unidos dejó de hacerse desde 2022.
El presidente Petro decide, entonces, sacar un as bajo la manga: proponer que el Estado compre directamente a los cultivadores la hoja de coca que se usa para el narcotráfico y lo hace a través de la resolución 08 de 2024. Sin embargo, en el documento no queda claro cómo se haría esa compra en los territorios y sobre todo para qué.
Esta última pregunta es en la que coinciden cultivadores de hoja de coca y expertos, consultados por EL COLOMBIANO, y que el Gobierno no ha sabido responder.
“La falta de norte en la política de drogas del gobierno Petro se nota constantemente en la aparición de nuevas propuestas, nuevas ideas, de desinformación, que no logra establecer un buen diagnóstico con los mercados de cocaína y cannabis. Tampoco logra controlar las violencias en torno a esos mercados”, dice Estefanía Ciro, una de las investigadores en Colombia y México que más ha estudiado desde el territorio la hoja de coca y la cocaína.
“No se sabe para qué el Gobierno va a comprar la hoja de coca. Si es para un mercado legal y consumo pues no se puede comprar cualquier hoja de coca porque no cumple los estándares para ese consumo. Si se va a comprar para destruirse, tiene que clarificarse a cuánto se va a comprar porque el eslabón clave no está en los cultivos en El Plateado (Cauca) u otros municipios sino en los cristalizadores”, agrega Ciro.
Es allí donde se procesa la pasta base de coca que luego de surtir un proceso químico se convierte en cocaína. Para eso, según expertos, el PNIS (Programa Nacional de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito) y la Dirección de Política de Drogas del MinJusticia tendría que hacer un censo de estos lugares e identificación de compradores, pero el Estado no cuenta con la legitimidad y la confianza de la población que lo único que ve es que cada tanto, como sucedió hace un par de semanas, el Gobierno llega con tanquetas, helicóptero y sus altos funcionarios con chalecos antibalas y cascos. Pero cuando se van, los actores armados siguen allí y no están dispuestos a “negociar” la compra de la hoja de coca con el Gobierno ni mucho menos a permitir que encuentren los cristalizadores y las rutas por las que envía la cocaína.
“Si preguntamos al Gobierno por Nariño y Cauca, dos de los territorios con más coca, la respuesta es que no han priorizado esos departamentos para una intervención real en la nueva política de drogas. La propuesta se suma a otras erráticas”, señala la experta Catalina Ciro.
¿Qué dice el Gobierno?
Ningún alto funcionario del Gobierno ha sabido explicar en detalle cómo sería la compra de la hoja de coca. Este diario ha buscado en varias ocasiones a la directora del PNIS, Gloria Miranda, pero su oficina no responde los mensajes.
Por parte del Ministerio de Agricultura, la jefe de esa cartera, Martha Carvajalino, ha repetido en medios de comunicación que el desarrollo rural es la apuesta principal: “Son dos apuestas. La primera, fortalecer economías, desarrollo rural, estamos trabajando en cadenas productivas que puedan, en alguna medida, competir con el cultivo de la hoja de coca, lo que implica en efecto sustitución de cultivos ilícitos para poder transitar a cadenas que hoy tienen mucha prospectiva como café y cacao (...) eso toma su tiempo”, dijo Carvajalino en la W Radio.
En esa misma entrevista, la funcionaria añadió que hay un mercado por explorar, como los productos derivados de hoja de coca, que son cocaína y que ya funciona en otros países. “Viene funcionando en el tema de alimentación y agroinsumos (...) estamos estudiando cómo facilitar que esos campesinos que ya tienen sus cultivos y que lleguen a acuerdos con el Gobierno puedan generar digamos ese mercado de una situación que no está relacionada con los alcaloides y el mercado ilegal. Hay un decreto en curso trabajado por las carteras de Salud, Justicia y Agricultura para poder hacer compras públicas locales para la incorporación de la hoja de coca en la investigación e industria”.
Precisamente, eso fue lo que prometió el Gobierno desde diciembre del año pasado, en cabeza del entonces ministro de Justicia Néstor Osuna. Por eso resulta difícil creer que si el Ejecutivo lleva más de diez meses redactando ese decreto ahora proponga algo más ambicioso como comprar hoja de coca no solo para investigaciones y para una industria alternativa, sino la que se cultiva para el narcotráfico.
Además, las experiencias que menciona la ministra Carvajalino, aunque no dice qué países, son en Perú y Bolivia, donde la planta tiene una concepción distinta para sus comunidades, pero sobre todo que esas dos naciones, a diferencia de Colombia, tienen mucho menos hectáreas de cultivos de hoja de coca. El 75% de la hoja de coca del mundo, según datos de Naciones Unidas, está en nuestro país.
Además de la falta de marco jurídico y regulatorio, expertos expresan otros cuestionamientos. “Si se supone que el Gobierno compra la coca para quitársela al crimen organizado, es decir, para que esa coca que eventualmente se va a convertir en cocaína, no le genere ingresos a los criminales, a los tres meses o al otro día van a volver a cultivar coca si no hay opciones claras a la coca, y no las hay. Así, están retrasando esa entrada de dinero tres o cuatro meses que es lo que dura una cosecha”, explica Ana María Rueda, coordinadora de la línea de política de drogas de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), en conversación con EL COLOMBIANO.
“O si lo que quieren es quitar la coca para que el campesino empiece otro proyecto productivo entonces para qué la compra. Erradiquen como se ha hecho en todos los procesos de desarrollo alternativo. (...) lo más importante no es si compra o no la coca, sino qué va a hacer después y es la pregunta que todavía tenemos frente a lo que el Gobierno está haciendo y que ha sido históricamente discutido porque ningún Gobierno lo ha podido hacer bien”, agrega Rueda.
En ese sentido, no hay forma de garantizar que los cultivadores reciban iguales o mejores ingresos a los actuales y Petro no ha hablado, más allá de mencionar los créditos, sobre programas o herramientas a corto plazo.
Incautaciones han bajado
El jefe de Estado colombiano saca pecho cada vez que puede sobre las incautaciones de droga. “Hemos incautado, como ninguna otra fuerza del mundo, cargamentos repletos de toneladas y toneladas de los instrumentos de la economía ilícita. Aquí se ha batido un récord, no solamente nacional; en los años que han pasado este es el de mayor incautación, sino que es un récord mundial”, dijo el mandatario hace algunos meses.
Sin embargo, cifras del propio Ministerio de Defensa revelan que la tasa de incautación de cocaína ha bajado (28% en 2023 comparado con el 37,9% de 2022 y que la producción potencial neta de incautaciones ha incrementado (1.918 toneladas métricas en 2023 contra 1.079 en 2022).
Es decir, lo que es motivo de orgullo para el presidente Petro no necesariamente está relacionado con una buena gestión en materia de política de drogas. Si bien Colombia lidera el ranking de mayores incautaciones de cocaína en América Latina, según el portal InSight Crime, sigue siendo el mayor productor de esta sustancia a nivel mundial. Por eso, concentrarse en la interdicción –entendido como la acción de detener los grandes cargamentos que salen por mar, tierra o por aire– es omitir el resto de instrumentos y mediciones para entender la complejidad de un fenómeno como el narcotráfico.
Así lo explica a este diario el profesor Pablo Zuleta, coordinador temático de psicoactivos de la Facultad de Medicina de la Universidad de Los Andes: “No hay razón para sacar pecho (...). En la medida en que se identifique pérdida de la gobernanza en esos territorios, los decomisos reflejan a la vez aumento en la producción. Se ha insistido desde hace más de ocho años que existe una sobreproducción y por lo tanto dificultades para encontrar mercado a las drogas ilícitas. Esto conlleva a mayor necesidad de almacenamiento y a mayor probabilidad de detectar la carga de la droga”.
El profesor Zuleta señala que bajo este gobierno la política de paz ha tenido incidencia y que el aumento de las incautaciones es apenas la consecuencia de una serie de problemas: “Esto debe entenderse dentro del contexto que ha dado la política de la ‘paz total’ en donde el resultado ha sido un retroceso en la gobernanza y seguridad en estos territorios. Al parecer existe una mejor comunicación entre agentes del Estado y los grupos de narcotraficantes que permitiría acordar decomisos con objetivos políticos asociados a sostener la política gubernamental de paz”, asegura Zuleta, quien desde la academia ha publicado varios artículos al respecto.
Lo cierto es que la propuesta del presidente Gustavo Petro de que el Gobierno compre la hoja de coca no ha echado raíces. Del discurso al hecho hay cientos de miles de hectáreas (sin comprar).