Las redes sociales están volcadas a un intenso debate sobre la posible persecución del Gobierno a la prensa en Colombia. La discusión fue iniciada por la directora de la Revista Semana, Vicky Dávila, después de que la Fiscalía General le notificara la apertura de una noticia criminal por hechos aún sin precisar.
El debate gira en torno a la imparcialidad del órgano investigador y la presunta influencia del Gobierno en la apertura de procesos. Según la reconocida periodista, la jefa del ente acusador, Luz Adriana Camargo, recibe órdenes del presidente Petro.
“Presidente, usted ha dicho públicamente que es el ‘jefe’ del Fiscal. Y por eso, no se limita y ejerce como tal con Luz Adriana Camargo, ternada por usted”, afirmó Dávila.
Se trata de un cruce de afirmaciones en el que el presidente, desde la red social X, su tribuna predilecta, aprovechó para responder y, como era de esperarse, defender el inicio del proceso contra la periodista.
“No hay una Fiscalía que obedezca ni mis órdenes ni las de ningún dirigente político. No me calumnie, como suele suceder; no juzgue por su condición. La Fiscalía solo debe obedecer las normas del derecho. Que se investigue y se haga justicia, esa es la orden de la Constitución”, escribió el mandatario.
Sobre los hechos que motivaron la apertura de la noticia criminal, aún no hay información puntual por parte de la Fiscalía. Hasta ahora se sabe que estaría relacionada con las fuentes de información de la directora de la revista. “Interceptaciones ilegales, concierto para delinquir, espionaje ilegal y traición a la patria. La denuncia es tan temeraria que su única base es una alocución de Petro”, detalló.
En concreto, el proceso fue iniciado tras la denuncia del ciudadano Orlando José Serpa, en la que, al parecer, afirma que la directora de la Revista Semana se benefició de información supuestamente obtenida a través del software espía Pegasus durante el Gobierno del presidente Iván Duque, lo cual también está siendo investigado por la Fiscalía.
“No tengo nada que ver con Pegasus. Petro lo sabe. El país lo sabe. Aquí me conocen muy bien. Si otras personas cometieron delitos, pues que respondan. Esa ha sido siempre mi posición frente a quienes infringen la ley”, afirmó Dávila en un video publicado en sus redes.
Lo cierto es que, según la directora, el señor Serpa no presentó pruebas que demuestren las presuntas actuaciones ilegales en la consecución de la información.
“La denuncia presentada da vergüenza; quien me denuncia es un fanático petrista que, sin pruebas —porque no las presenta, porque no existen, porque no hay— pide que me investiguen por lo que ha dicho Petro. Es un obvio plan que ha quedado al descubierto. La narrativa que quieren montar a través de sicarios morales del petrismo en las redes sociales apunta a desvirtuar la corrupción y la ineptitud del Gobierno Petro”, afirmó.
Lea también: Familia del polémico Guanumen, el que corrió la línea ética, recibió 4 contratos del Gobierno
La Fiscalía estaría investigando el origen de la información obtenida por Vicky Dávila, que el país conoce como los “Petrovideos”, una serie de grabaciones en las que entonces miembros de la campaña Petro Presidente en 2022 discuten “jugadas políticas” para llegar a la Casa de Nariño.
En el material, se escucha a diversas personalidades coordinar estrategias que cruzaban la “línea ética” pero que consideraban necesarias para ganar la contienda.
Roy Barreras, Alfonso Prada, Eduardo Noriega, Catalina Velasco, Clara López, Armando Benedetti, Luis Fernando Velasco, Temístocles Ortega, Roosvelt Rodríguez y Eduardo Ávila —la mayoría de los cuales luego ocuparon cargos importantes en el Gobierno— habrían participado en estas conversaciones y serían conscientes del “cruce del límite ético”.
Durante las horas de grabación se evidencia cómo se habla abiertamente de lo que sería una campaña sucia, donde se prometía burocracia y cargos a quienes aportaran votos a la campaña.
La apertura del proceso contra la periodista ha generado diversas reacciones. Ocurre justo cuando el gremio de la prensa en el país rechazó los señalamientos del jefe de Estado contra mujeres periodistas, a quienes comparó con las “mujeres de mafia”, una declaración que le valió infinidad de críticas y la presentación de un recurso ante el Consejo de Estado, del cual salió bien librado.
Las relaciones entre el presidente y los medios de comunicación han sido tensas. Meses atrás, arremetió contra la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), cuestionando su imparcialidad. Este hecho también suscitó múltiples críticas y puso en la mesa el debate sobre el riesgo que corre la prensa libre en el actual Gobierno.