En un documento de más de 500 páginas, fue radicada en la Comisión Séptima de la Cámara la ponencia para primer debate de la reforma a la salud del Gobierno de Gustavo Petro. Si bien el texto fue radicado de forma virtual, se prevé que este martes se entregue en físico con miras a comenzar formalmente la discusión.
El documento es fruto de debates y mesas técnicas convocadas por el propio Ejecutivo –en cabeza de los Ministerios de Salud e Interior–, de allí la expectativa entre gremios, expertos y organizaciones de pacientes por el contenido de la ponencia.
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Los actores coincidieron en la necesidad de la transformación del Sistema General de Seguridad Social en Salud, hacia uno basado en el aseguramiento social que ofrezca garantías de protección financiera, ponga fin a la intermediación financiera y cierre brechas en salud, lo cual implica “la protección pública, única, universal, eficiente y solidaria para la garantía del derecho fundamental a la salud de toda la población”, como lo señala el objeto de la iniciativa.
Por todo esto, en primer lugar se establece una arquitectura financiera que apunta al manejo público de los recursos, suprimiendo la intermediación financiera por parte de la figura de las aseguradoras, es decir, la administración del riesgo financiero será asumido por el Estado.
“Se mantienen las cuentas territoriales sin situación de fondos, bajo la competencia de las autoridades locales, pero sin su intervención directa sobre los recursos que seguirán siendo manejados por la Andres de manera centralizada, avanzando hacia la universalización del giro directo para la garantía de la liquidez del sistema”, explica el texto.
En ese sentido, se precisa que ahora es responsabilidad y potestad de la ADRES, ya no de las EPS o las nuevas Gestoras, reconocer las cuentas y autorizar el pago de los servicios y tecnologías, sin que este ejercicio de control de gastos se convierta en una barrera administrativa para la prestación del servicio, “como hoy sucede con las llamadas autorizaciones de las EPS”.
Adicionalmente, hubo “amplio consenso” en el cambio en el modelo de atención en salud, centrado en la estrategia de atención primaria a través de los Centros de Atención Primaria en Salud (CAPS), “respondiendo a las necesidades sociales y trascendiendo la atención básica en salud, así como en su efectiva integración con la mediana y alta complejidad”.
Por ello, se determinó incorporar un artículo exclusivo para la definición y desarrollo de las características de la atención primaria en salud. A ello se suma la territorialización de las Redes Integrales e Integradas de Servicios de Salud (RIIS), el despliegue de los equipos de salud territoriales, el fortalecimiento de la rectoría y las instancias de gobernanza, así como las funciones operativas de las Gestoras de Salud y Vida y la convergencia en las coordinadoras locales y regionales.
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“Los ponentes precisan que este es un sistema de gestión de riesgos de salud y operativo a cargo de los actores del sistema en su conjunto y un sistema de administración de riesgos financieros a cargo del Estado”, precisa la ponencia.
Se concluye que los Centros de Atención Primaria de Salud (CAPS) asumirán un “robusto” conjunto de funciones administrativas, su participación en las labores de referencia y contrarreferencia, la adscripción de la población del territorio y la gestión del riesgo en salud. Aunque se deberá cumplir con criterios de contigüidad, cercanía y accesibilidad geográfica, la ponencia garantiza la libre elección dentro de la oferta disponible de los CAPS.
La ponencia indica también que hay un “acuerdo generalizado” en torno a la transformación de las Empresas Promotoras de Salud (EPS) en Gestoras de Salud y Vida. “El proyecto aprovecha las capacidades administrativas, operativas y de gestión de las EPS que cumplan con los requisitos para habilitarse como Gestoras de Salud y Vida”.
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De acuerdo con el proyecto, ahora las Gestoras se concentrarán en funciones administrativas y del nivel de la gestión operativa entre el nivel primario hasta el complementario, en las Redes Integrales e Integradas de Servicios de Salud (RIIS), y participarán en instancias de coordinación de RIISS en los distintos territorios del país junto a los demás actores del sistema.
En el articulado no se encuentra contemplada la creación de nuevas gestoras, es decir, nuevas EPS, advirtiendo que “la proliferación de estos agentes genera ineficiencias en el sistema de salud en términos de fragmentación de la territorialidad y de las economías de escala”. En caso de que en determinado territorio no haya una Gestora, el CAPS o la Gestora que surja de la transformación de la Nueva EPS, asumirá estas funciones.
Frente a la necesidad de aumentar el gasto en salud, el proyecto incorpora nuevas fuentes de financiación y propone incrementar el gasto público en salud como porcentaje del PIB. De allí que se contemple una apropiación específica de los recursos provenientes de los impuestos saludables (cerca de $1,4 billones) y de otro lado, del IVA social ($2,3 billones).
Además de insistir en un “modelo preventivo, predictivo y resolutivo”, se advierte que los equipos de salud territorial son elementos estructurales del modelo y desarrollan relaciones de cuidado de largo plazo con la población a la que cuidan.
Para atender el déficit de talento humano en salud, en especial en lo concerniente a los especialistas médico-quirúrgicos, se propone un examen único habilitante para el ingreso a especialidades, ampliar los cupos docencia servicio, y programas de becas de pre y posgrado. Además, se asume el compromiso de la formalización laboral de los trabajadores con la garantía de los derechos laborales en el sector salud.
Por otro lado, frente al modelo de gobernanza y rectoría del sistema, hubo consenso en la creación del Consejo Nacional de Salud, encargado de recomendar a los distintos sectores y entidades del Gobierno Nacional y a los actores del sistema la definición e implementación de políticas, estrategias, planes y programas relacionados con las necesidades de intervención de los determinantes sociales de la salud para la gestión.
A ello se suma la responsabilidad de monitorear el buen funcionamiento del sistema de salud y el buen uso de los recursos disponibles bajo los estándares de transparencia, el acceso a la información pública y el desarrollo del Gobierno abierto en el sector salud, así mismo proponer mecanismos y herramientas para optimizar la vigilancia y control del sistema.
Finalmente, hubo gran consenso en torno a la creación e implementación del Sistema Público Unificado e Interoperable de Información en Salud.