Édgar de Jesús Orrego Arango, más conocido como alias Firu, cabecilla del frente 36 de las disidencias en Antioquia, sigue siendo noticia y no propiamente por sus acciones de paz como gestor, tal como lo designó el Gobierno Nacional, sino por su responsabilidad en diversos hechos criminales.
El pasado fin de semana, tropas del Ejército hallaron tres fábricas en el Norte de Antioquia donde se fabricaban explosivos y que operaban bajo la fachada de talleres de carpintería en la vereda El Morro, en el municipio de San Andrés de Cuerquia. Según precisó la Fuerza Pública, los explosivos pertenecerían a las estructuras 18 y 36 de las disidencias, bajo las órdenes de alias Calarcá y Firu, respectivamente.
En total, el Ejército encontró 95 minas antipersona que estaban en pleno proceso de fabricación y 31 más que estaban ya listas para ser instaladas en el territorio para mutilar no solo a integrantes de la fuerza pública sino a la población civil.
Entre los insumos hallados, los uniformados encontraron 554 resortes para activación de minas antipersonal, un equipo móvil adecuado como detonador, así como material explosivo como sombreros chinos, cordón detonante y tornillos que son utilizados como metralla para causar el peor daño posible.
Además de minas antipersonas, también en estos lugares encontraron algunos insumos para la fabricación de explosivos lanzados desde drones, un mecanismo de guerra en el que también los afectados son la población civil, como ya se ha visto en el Cauca.
Las minas antipersona violan de manera flagrante todas las convenciones del derecho internacional humanitario. Por eso, tras la firma del Acuerdo de Paz, uno de los grandes objetivos del Estado colombiano con apoyo internacional fue lograr el desminado absoluto en todo su territorio. Aunque hay avances, mucho de ellos de la mano de excombatientes que lograron limpiar completamente el 81% del territorio contaminado con este tipo de artefactos, todavía persisten sobre todo por su reiterado uso por parte del Clan del Golfo y las disidencias. Uno de los departamentos que más avanzó fue Antioquia, pero todavía está lejos de cantar victoria. De hecho, es el cuarto departamento más afectado por este flagelo y en 2023 contabilizó 48 víctimas de las 929 víctimas que tuvo el país.
Por esta razón Colombia sigue en mora frente al mundo, pues cabe recordar que en noviembre de 2020, la Convención de Ottawa aprobó una prórroga por más de cuatro años para que Colombia, a través de la oficina del Alto Comisionado para la Paz que dirige el programa de Desminado Humanitario, cumpla sus objetivos de eliminar estos artefactos en todo el territorio nacional. Esa prórroga está por expirar y el país todavía tiene miles de hectáreas por erradicar.
Sobre la designación de Firu como gestor de paz, el Consejo de Estado acaba de admitir una demanda para tumbar su designación por parte del Gobierno Nacional, radicada por el abogado Santiago Suárez, que argumentó que con dicha designación se le “otorga a personas responsables de crímenes atroces un estatus privilegiado que no solo les exime de su responsabilidad penal, sino que también les permite ejercer roles de influencia en un proceso que debería estar orientado hacia la justicia y la reparación de las víctimas”.
Alias “Firu” fue uno de los detenidos en una camioneta de la UNP, junto a Calarcá mientras se movilizaban por las vías de Antioquia portando armas y dinero en efectivo, además de llevar a un menor de edad reclutado por las disidencias.