El parlamento israelí, aprobó dos leyes que prohiben la presencia de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (UNRWA), obligando a la entidad a salir de Israel a inicios del próximo año. La decisión ha generado gran controversia, pues pone en juego los recursos humanitarios en Gaza y Cisjordania.
La medida se da en medio de las acusaciones de Israel contra la UNRWA por supuestos vínculos con el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023. Según Israel, miembros de la agencia habrían contribuido a planear el atentado, una aseveración que UNRWA rechaza, pero que ya está causando grandes repercusiones.
La votación del parlamento fue de 92 votos a favor y 10 en contra, lo que dejó claro el apoyo radical entre las autoridades israelíes para cortar los lazos con la agencia de la ONU y fortalecer su control sobre las actividades en el país.
Uno de los puntos más preocupantes de esta reforma es el cierre del cuartel general de la UNRWA en Jerusalén. La oficina central ha sido, desde hace décadas, el centro logístico de la agencia, que maneja desde allí programas de educación, salud y asistencia básica para millones de refugiados en Gaza, Cisjordania, Líbano, Siria y Jordania.
Sin embargo, con la nueva legislación, Israel ya no concederá permisos de entrada ni de trabajo al personal de la UNRWA, ni permitirá su colaboración con el ejército israelí para el transporte de suministros a través de los pasos fronterizos hacia Gaza.
Estados Unidos se pronunció de inmediato y afirmó tener “profunda preocupación” por los anuncios de Israel. El Departamento de Estado habló con el Gobierno de Netanyahu y dejó claro que la medida podría traer graves consecuencias, especialmente para la población palestina, que depende en gran medida de la asistencia humanitaria de la UNRWA.
Dentro de Israel, funcionarios del Ministerio de Exteriores también han manifestado dudas sobre la reforma, pues según algunos analistas, Israel podría incluso enfrentar sanciones internacionales o ser excluido de la ONU.
Organizaciones de Derechos Humanos al interior de Israel se han pronunciado en contra de la decisión. La ONG Adalah envió una carta al fiscal general y al asesor legal de la Knéset donde alertan sobre la medida y afirman la necesidad de permitir la colaboración entre la agencia y las autoridades israelíes para establecer centros de operaciones, gestionar visas y coordinar con las autoridades militares aspectos cruciales de sus operaciones.
Fundada en 1949 tras la guerra árabe-israelí, la UNRWA nació con la finalidad de apoyar a los refugiados palestinos desplazados por el conflicto. Desde entonces, la agencia ha estado encargada de llevar ayuda básica y educación en Gaza, Cisjordania y otros países de la región.
Además, la agencia genera miles de empleos para palestinos, lo que la convierte en una organización esencial que promueve la economía en la región.
Sin embargo, en los últimos años, grupos israelíes han acusado a la agencia de fomentar el odio y la violencia contra Israel, e incluso de permitir actividades de Hamás en sus instalaciones.
Una investigación de la ONU, tras los ataques del 7 de octubre, llevó al despido de nueve empleados de la UNRWA por posibles vínculos con el ataque. No obstante, el gobierno israelí se ha mantenido firme en su decisión de limitar el alcance de la UNRWA en su territorio.
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En 2024, las tensiones alcanzaron un nuevo nivel cuando Israel descubrió lo que describió como un “centro de tecnología de Hamás bajo una de las oficinas de la agencia en Gaza. Aunque la UNRWA desmintió esta acusación, las relaciones con el gobierno israelí ya estaban dañadas.
A nivel internacional, la medida de Israel también tiene implicaciones jurídicas. Noruega solicitó a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) una “opinión consultiva” para aclarar las responsabilidades de Israel en la provisión de ayuda humanitaria a los palestinos en los territorios ocupados.
Jonas Gahr Store, primer ministro de Noruega, enfatizó la necesidad de garantizar la ayuda a quienes más la necesitan y advirtió que la legislación podría agravar la crisis en la región.
La prohibición, que se hará efectiva en 90 días, limitará la entrega de ayuda en Gaza, donde 2.4 millones de palestinos dependen de la agencia para sobrevivir.
El secretario general de la ONU, António Guterres, envió una carta al primer ministro Benjamin Netanyahu para manifestar su preocupación y pedir que se replantee la medida.