El caso que abrió la Fiscalía contra la directora de la Revista Semana, Vicky Dávila, dio un nuevo giro cuando la Procuraduría de Margarita Cabello, decidió intervenir directamente y nombrar un agente especial que supervise el proceso.
La Procuraduría aseguró que, según su análisis inicial, la investigación contra Dávila no tiene bases sólidas, especialmente porque la reserva de las fuentes es un derecho protegido por la Constitución y una garantía fundamental para el ejercicio del periodismo.
La polémica comenzó cuando la Fiscalía notificó a Dávila sobre la apertura de una noticia criminal en su contra, en la cual, según ella, no se especificaron los hechos que motivaron esta investigación.
Le puede interesar: Petro se enfrenta y califica de “mentirosa” a la procuradora Cabello, quien dijo que “no hay rastros de la compra de Pegasus”
La periodista y su equipo de Semana han defendido su derecho a la reserva de las fuentes y han denunciado que esta acción judicial es un intento por deslegitimar el trabajo investigativo de la revista. “La reserva de las fuentes no solo está garantizada en la Constitución, sino que es el corazón de nuestra labor”, expresó Dávila en un video publicado en sus redes.
Pero la discusión cambió de tono cuando Dávila señaló a la fiscal Luz Adriana Camargo de recibir órdenes directas del presidente Gustavo Petro. Según la periodista, el mandatario estaría detrás de este proceso en un intento por controlar y limitar la prensa crítica. Petro, por supuesto, no tardó en responder y lo hizo a través de su cuenta en la red social X, su escenario preferido para los temas controversiales.
“No hay una Fiscalía que obedezca ni mis órdenes ni las de ningún dirigente político. No me calumnie, como suele suceder; no juzgue por su condición. La Fiscalía solo debe obedecer las normas del derecho. Que se investigue y se haga justicia, esa es la orden de la Constitución”, respondió el presidente Petro, negando cualquier influencia suya en el proceso.
Aunque hasta el momento la Fiscalía no ha dado detalles concretos sobre las causas de la investigación, se sabe que todo gira en torno a la procedencia de la información que publica Semana y a las fuentes de Dávila.
La apertura del caso se basaría en una denuncia presentada por el ciudadano Orlando José Serpa, quien acusa a Dávila de haber accedido a información a través del software Pegasus durante el gobierno de Iván Duque.
En sus redes, Vicky Dávila fue enfática: “No tengo nada que ver con Pegasus. Petro lo sabe. El país lo sabe. Aquí me conocen muy bien. Si otras personas cometieron delitos, pues que respondan”.
Según la periodista, la denuncia de Serpa carece de pruebas que demuestren su participación en cualquier acto ilegal, y asegura que el proceso es simplemente una represalia contra su trabajo.
El nombramiento de un agente especial de la Procuraduría en este proceso no es un hecho menor. Margarita Cabello defendió esta decisión afirmando que cualquier ataque contra el derecho a la reserva de las fuentes es un riesgo para el ejercicio del periodismo en el país.
La Procuraduría reiteró que el acceso a fuentes confidenciales es esencial para que los periodistas puedan desarrollar sus investigaciones sin presiones o represalias, y que se velará por el respeto de estos derechos en el caso de Dávila.