En Savia Salud las cuentas no cuadran. Un año y cuatro meses después de la intervención emprendida por la Superintendencia de Salud, la EPS del régimen subsidiado más grande de Antioquia sigue engordando las deudas que tiene con los hospitales y viendo como se hace más grueso el arrume de quejas y reclamaciones de sus afiliados por problemas en la prestación de los servicios.
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Aunque el agente interventor de la EPS sostiene que la misma va por buen camino, para múltiples entes de vigilancia y diputados que le hacen control político a la aseguradora el balance, además de poco alentador, enciende las alarmas con miras a la situación de la endeble red hospitalaria pública regional, que depende en gran medida de los pagos provenientes de Savia.
Los números son elocuentes. Por ejemplo, tan solo en materia de pasivos, la misma EPS reveló durante un debate de control político realizado el pasado 23 de octubre en la Asamblea de Antioquia que ese hueco en sus cuentas pasó de $868.920 millones en agosto de 2023 a $1,048 billones en agosto de 2024, un incremento del 20,7%.
De los compromisos pendientes, destapó por su parte la Secretaría Seccional de Salud de Antioquia, la mayor parte corresponde a la cartera que mantiene la EPS con la red hospitalaria departamental, que de un acumulado de $415.878 millones con corte a diciembre de 2023, subió a $508.720 millones en agosto pasado, un incremento cercano al 22%.
Por otro lado, más allá de esas deudas, esa secretaría señaló que las reclamaciones de acceso a los servicios de salud también vienen creciendo desde que el Gobierno Nacional agarró el timón. Por ejemplo, mientras en junio de 2023, cursaban en promedio unas 4.277 reclamaciones, estas mismas pasaron a 5.980 en agosto de este año.
Cuando a mediados de 2023, la Supersalud tomó la decisión de intervenir la EPS, prometió que dicha figura permitiría no solo mejorar los indicadores financieros, sino la calidad del servicio.
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“La ejecución del modelo de salud en la EPS no ha logrado mejorar los indicadores de salud pues se evidencia el deterioro de los mismos, así como el riesgo de incrementos en el costo de los servicios por las fallas en las acciones, especialmente en el primer nivel de atención, relacionadas con prevención y detección temprana de la enfermedad”, expresó entonces ese ente nacional justificándose.
En aquel momento, el foco de la discusión, en la que el entonces gobernador de Antioquia Aníbal Gaviria no se escatimó en adjetivos –calificando de “arbitraria, injusta e inoportuna” la intervención– se centró en una serie de indicadores conocidos como Fénix que, palabras más, palabras menos, consisten en una lista que mide cómo se está prestando el servicio y cómo es la situación financiera de la EPS.
Precisamente en medio del reciente debate realizado en la Asamblea, la EPS hizo público el balance más actualizado de la ejecución de esos indicadores, que en materia financiera siguen estando en rojo en su mayoría: cuatro de cinco metas no se cumplen.
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Los indicadores en los que se raja comprenden el nivel de endeudamiento, el comportamiento de las cuentas por cobrar, la rentabilidad y el endeudamiento patrimonial, siendo solo las cuentas por pagar, mayores o iguales a 180 días, las que están en verde.
Pese a que el agente interventor, Edwin Carlos Rodríguez Villamizar, sostuvo que durante su gestión la EPS estaría mejorando —argumentado que desde mediados del año pasado la EPS ha logrado mejorar en tareas como el porcentaje de giro directo del régimen subsidiado, que pasó de un promedio del 83% en la primera mitad de 2023 a un promedio del 89% en los últimos cinco meses de este año— para la Seccional de Salud el panorama es radicalmente distinto.
“Según la medición general que tenemos la intervención no ha logrado superar las amenazas que tenía la entidad antes de la intervención. Seguimos generando riesgos en la sostenibilidad financiera de nuestra red pública y seguimos con una no garantía del acceso efectivo a los servicios de salud, lógicamente corroborada a través de las reclamaciones que hacen cada uno de los usuarios”, sostuvo por su parte Juan David Berrío Vanegas, director de Aseguramiento y Prestación de Servicios de Salud de la Secretaría de Salud de Antioquia, enfatizando además que la dependencia financiera de los hospitales públicos a Savia Salud pone de plano la importancia de que la EPS pueda salir a flote.
En un segundo plano, varios diputados que vienen haciéndole control político a Savia sostuvieron no ver mejoras sustanciales en la prestación de los servicios y además alertaron por el incremento de los gastos de funcionamiento desde la intervención.
Sobre este punto, el diputado conservador Jorge Correa Betancur señaló por ejemplo no entender por qué al tiempo que las deudas y quejas crecen, los costos administrativos subieron del 3,7% antes de la intervención a un 5%.
“Si Savia no se salva la red pública va a tener una dificultad muy seria y el sistema de salud de los antioqueños se va a ver afectado”, expresó Correa, insistiendo en que los problemas de cartera que persisten en la aseguradora ponen en riesgo a las IPS de todo Antioquia, en las que recae el peso de atender a sus más de 1,6 millones de afiliados.
De igual forma, la diputada Verónica Arango García, integrante de la bancada del Centro Democrático y quien citó el debate de control político, instó por su parte a la Contraloría General de la República a revisar la información entregada por el EPS a la Asamblea, aseverando que habría datos publicados por el ente en su portal web que no encajarían con los presentados en el debate.
Desde sindicatos médicos como Asmedas, formularon tampoco ver lógico que los costos administrativos subiesen, mientras los incrementos salariales a los empleados están por debajo del IPC.