La vida de los niños, niñas y adolescentes en Colombia está en peligro. No solo se trata de los dolorosos casos que han conmocionado al país en las últimas dos semanas, sino de las cifras generales de Medicina Legal. En el periodo de abril a agosto de 2024 la estadística de homicidios de menores de edad no dejó de crecer; en abril ya habían ocurrido 177 casos, y para el pasado agosto sumaban 375.
Se trata de un aumento preocupante: en mayo ya se acumulaban 221 homicidios, 260 en junio, a 313 en julio y cerró en 375, según el último reporte de agosto.
Desde el 17 de octubre han pasado dos semanas en las que el país ha visto en los titulares de prensa y noticieros más casos de asesinatos y torturas contra los menores. Han sido, al menos, siete en distintas ciudades.
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Ese 17 de octubre las autoridades confirmaron el hallazgo del cuerpo sin vida de Sofía Delgado Zúñiga, de 12 años, en condiciones inhumanas (que es mejor no detallar ni repetir) en un cañaduzal en el sector de La Regina, zona rural del municipio de la Candelaria (Valle del Cauca). La menor estaba reportada como desaparecida desde el 29 de septiembre, día en el que su familia la vio por última vez cuando salió de la casa de su abuela a buscar un champú para bañar a su mascota.
El confeso autor del secuestro y asesinato de Sofía —Brayan Campo, vecino de su familia— permanece recluido en la Cárcel y Penitenciaría con Alta y Media Seguridad de Valledupar, conocida como La Tramacúa. La Fiscalía General de la Nación le imputó los delitos de feminicidio agravado, secuestro y destrucción de evidencia y, mientras avanza el proceso ante la justicia, el hombre permanecerá privado de la libertad en ese establecimiento, en donde está cumpliendo su condena el violador y feminicida Rafael Uribe Noguera.
Aún estaba viva la indignación por el caso de Sofía cuando otro hecho de violencia contra menores sacudió al país. Las autoridades de Cundinamarca hallaron el cuerpo sin vida de Alexis Delgado, un niño de dos años que había sido reportado como desaparecido el 19 de octubre. La última vez que lo vieron con vida fue cuando el esposo de una tía salió con él en la vereda Campo Hermoso, en el municipio de San Cayetano.
En un primer momento, el gobernador de ese departamento, Jorge Rey, dijo que el menor estaba bajo la custodia de su tía cuando, el 18 de octubre, su esposo salió a montar a caballo con él. “De regreso en la noche y aparentemente en estado de embriaguez, el hombre dejó caer al pequeño Alexis”, explicó Rey. Tras el accidente, el hombre habría enterrado el cuerpo, tras percatarse de que la caída le había causado graves lesiones.
Sin embargo, una semana después de que encontraran al pequeño sin vida, Medicina Legal determinó mediante un análisis forense que Alexis fue víctima de maltrato infantil, lo que contradecía la versión de Carlos Herrán (tío político) sobre un accidente. El dictamen de esa autoridad halló que el menor había sufrido múltiples abusos y torturas, que daba señales de violencia sistemática y tratos crueles e inhumanos.
Herrán permanece detenido mientras lo investigan por los delitos de homicidio, tortura y acceso carnal violento con menor de 14 años, cargos que no aceptó.
En la seguidilla de los hechos de violencia contra los niños, niñas y adolescentes también se hizo público el caso de Juan Felipe Camargo Correa, de 9 años, hijo del capitán del Ejército Nacional Juan Sebastián Camargo Moreno. Si bien el niño murió en un accidente de tránsito cuando salía del Colegio Gimnasio José Joaquín Casas, en Bogotá, su familia clama justicia. La razón: la conductora del vehículo que arrolló a Juan Felipe está prófuga.
Según dicen los familiares del niño, que abrieron la cuenta de Instagram @justicia.para.juanfelipe para exponer estos hechos, lograron determinar la identidad de la conductora con las placas del automóvil. Incluso, señalan que habría estado bajo los efectos del alcohol y de sustancias psicoactivas.
Tortura y violencia vicaria
Además de los homicidios contra menores en 2024, el último boletín estadístico mensual (de agosto) del Grupo Centro de Referencia Nacional sobre Violencia de Medicina Legal arroja otra cifra preocupante. El número de casos de violencia contra esa población subió en un 32,4 %, comparando los ocho primeros meses de 2023 con los de 2024: de enero a agosto. Para agosto de 2023 esta cifra fue de 3.998 casos, mientras que en la del mismo mes de este año se ubica en 5.297 (ver gráfico).
De ese número, 1.039 corresponden a casos presentados en personas en la primera infancia (de 0 a 5 años), 1.940 a los que se presentaron en la infancia (de 6 a 11 años) y 2.318 a casos en edad de adolescencia (de 12 a 17 años).
En ese contexto, aparece otro caso: una niña de 7 años, cuya abuela y esposo la torturaron, al parecer, en medio de trabajos de brujería.
Por esos hechos, la Unidad Básica de Investigación Criminal de la Policía del Atlántico, en coordinación con la Fiscalía 12 especializada de Barranquilla, capturaron a los dos adultos de 42 y 54 años, señalados de ser los responsable de esos maltratos. Según la investigación, los abuelos de la menor le causaron graves lesiones a su cuerpo con pinzas, objetos contundentes y cigarrillos encendidos, al punto de desprenderle las uñas y sacar sus dientes.
Para esas torturas, según quedó registrado en el reporte policial, utilizaron unas pinzas mecánicas. “Fue herida con objetos, incluso mordida en diferentes partes del cuerpo. La quemaron con una cuchara caliente y con cigarrillos en otras partes y en la boca”, añade el informe. En el lugar de los hechos las autoridades encontraron trabajos de brujería y están investigando si la menor era utilizada para estas prácticas.
Por la gravedad de la situación, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar envió a la menor a un centro asistencial para recibir atención médica y recuperarse de las graves lesiones.
Para la psicóloga y directora del programa Aulas en Paz de la Universidad de los Andes, Lina María Saldarriaga, todos estos casos surgen, en gran medida, de lo que llama “la normalización de la violencia” en la que se confunde “educar con maltratar”, así como de “contextos socioeconómicos complejos, trastornos de salud mental, educación y de esa normalización que confluyen” en estos episodios de violencia contra los menores de edad.
“La situación es complicada en términos de que no hay tanta garantía de derechos. Los procesos de restablecimiento de derechos cuando a un niño lo vulneran se demoran un montón, los mecanismos de reporte son limitados y no tenemos la infraestructura legal y de autoridad para responder a eso”, agregó.
Entretanto, esta semana inició con dos hechos más. La captura de un hombre señalado de haber asesinado a sus dos hijos, de 4 y 7 años, en Bogotá, y con el ofrecimiento de una recompensa de hasta $30 millones por información que ayude a dar con los responsables de la muerte de Valentina Babilonia, de 18 años, cuyo cadáver fue encontrado con signos de violencia en un caño de María La Baja (Bolívar).
En el caso de Bogotá, la Policía informó que tras acudir a la vivienda donde vivían los pequeños, por una llamada a la línea de emergencias, encontraron a Darwin Felipe Beltrán (de 31 años) con su camisa ensangrentada y a los menores sin signos vitales y señales de violencia. Según contaron vecinos del sector, el hombre intentó golpear a su esposa y cuando ella pudo esconderse, atacó a los niños (identificados como Santi Esteban Beltrán y Susan Camila Beltrán) con arma blanca, hasta causarles la muerte. Esto habría ocurrido en medio de la separación de los dos adultos.
A ese tipo de casos, en los que los hijos de las mujeres son instrumentalizados para maltratar y ocasionar un dolor extremo a sus madres, se les conoce como violencia vicaria y son considerados por expertos como la forma más cruel de la violencia de género.
Bogotá con 1.979, Medellín con 208, Cali con 146, Villavicencio con 94 y Barranquilla e Ibagué con 79, son las ciudades que mayor número de casos de violencia contra niños, niñas y adolescentes han registrado en 2024.
EL COLOMBIANO buscó un comentario del Bienestar Familiar sobre estos casos, pero desde sus oficina de prensa informaron que aún estaban preparando un pronunciamiento sobre los hechos aquí narrados y no especificaron cuándo lo harían.
Proponen bajar en 25 % condenas para agresores de menores
En medio de la consternación por esta oleada de violencia contra los menores, se discuten en el Congreso un artículo de la reforma a la justicia, que da vía libre a que haya rebaja de penas para abusadores y agresores de niños, niñas y adolescentes. Este beneficio contempla rebajas de penas de hasta el 25 %, como una estrategia para disuadir a los procesados por estos delitos para que reconozcan su responsabilidad en el delito.
“Lo que disuade al delincuente no son las penas de 50, de 40, de 30 años abstractas. Lo que a él lo anima en la ejecución delictual es saber que esa pena por alta que sea no se le va a aplicar. En cambio, si nosotros a través de un proceso penal abreviado logramos la aplicación efectiva de una pena codigna a la gravedad del delito, seguro que el efecto va a ser más positivo para la comunidad, para la sociedad y para la víctima”, explicó el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Gerson Chaverra.
No obstante, la discusión de ese artículo no ha tenido concertación en el Congreso de la República, que estudia esa reforma, pues hay una posición fuerte entre los senadores que sostienen que otorgar beneficios para aquellos agresores de menores que colaboren con la justicia es un retroceso en la defensa de los derechos de los niños.
“Hay tres alternativas. Eliminar todo el artículo 7 y mantener la legislación como está; segundo, aprobar lo que presentaron los autores de la iniciativa, la Corte, la Fiscalía y el Gobierno Nacional; y tercera, que he presentado, es mantener una especie de principio de oportunidad solamente cuando se trata de desmantelar bandas criminales”, explicó el senador Carlos Fernando Motoa (Cambio Radical).
En diálogo con este diario, el abogado penalista Francisco Bernate explicó que ese tipo de beneficio es “una medida muy importante y necesaria para combatir la impunidad, pues los procesos penales a veces duran entre 8 y 15 años y como no hay incentivos para reconocer responsabilidades, a las víctimas les toca declarar hasta 10 años después y resultan revictimizadas, lo que ha generado mucha impunidad”.
Cabe recordar que la rebaja de las condena por aceptar responsabilidad en hechos delictivos es un beneficio que existe en todos los delitos (salvo en el feminicidio y en los delitos contra menores de edad) y busca descongestionar el sistema judicial para lograr condenas más rápidas con procesos abreviados y no mediante juicios, que suelen ser más de morados.
Esta propuesta cuenta con el apoyo, hasta ahora, de los jueces penales del circuito con función de Conocimiento de Bogotá, quienes sostienen que contribuirá a reducir la impunidad en estos casos. Afirman que, como conocedores directos de procesos donde las víctimas son menores de edad, saben de primera mano que la tardanza en los procesos y el inicio de prolongados juicios son el principal factor para que los implicados reincidan en sus acciones criminales.
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