Siendo las 3:00 de la madrugada, mientras iba con su novio en una moto por la Avenida Regional, a Ana Sofía Salazar le tiraron una piedra en la cara que por poco la mata.
El ataque ocurrió en fracciones de segundo. Cuando la pareja iba por los bajos del puente que conecta a esa vía con la calle Barranquilla el único aviso fue el impacto del objeto contra el casco de su novio y luego contra el suyo, en un golpe que destrozó el mismo sin problemas y de paso le fracturó huesos, le reventó la boca y le voló seis dientes.
Gracias a los reflejos y la pericia de su novio, la moto no se desestabilizó y lograron detenerse para llamar a una ambulancia. Mientras yacía tendida en suelo, todavía aturdida, Salazar recuerda que dos habitantes de calle se les acercaron velozmente a hostigarlos.
Por fortuna, por la autopista deambulaban otros conductores que, al ver la escena, detuvieron sus vehículos y lograron que los atacantes salieran despavoridos hasta que llegó personal médico.
Pese a estar lejos de ser el único caso, según la Policía en los últimos dos meses ha habido 10 ataques similares, el testimonio de Ana Sofía reavivó el debate sobre la desbordada problemática que tiene Medellín con sus habitantes de calle.
Y es que si bien dichos ataques no suelen ser comunes, una reciente oleada de los mismos, que incluso desató protestas ciudadanas, puso sobre la mesa la reducida capacidad de las instituciones distritales y policiales para contener lo que está pasando.
Durante la tarde del pasado viernes, y tras dos meses de pesquisas, agentes de la Policía detuvieron a un hombre de 40 años presuntamente conocido como alias Diablo por ser uno de los principales sospechosos de esa oleada de ataques, sobre todo el emprendido en contra James Orlando Gutiérrez Gil, quien perdió su vida cuando iba en moto por ese mismo tramo de la avenida Regional.
A diferencia de lo ocurrido a Salazar, a Gutiérrez el golpe lo dejó inconsciente y luego de perder el control de la moto se estrelló contra un muro, falleciendo en la Clínica León XIII el pasado 1 de septiembre ante la gravedad de sus heridas.
Con la captura de alias Diablo, que según informaron las autoridades fue posible gracias a análisis realizados con cámaras de seguridad y otras investigaciones, también se espera que se esclarezca la veracidad de versiones que apuntarían a que algunos habitantes de calle estarían recibiendo instrucciones y hasta pagos de terceros para perpetrar esos ataques.
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Más allá de la suerte de esas pesquisas, lo cierto es que Medellín atraviesa por uno de sus momentos más críticos frente a la problemática de los habitantes de calle en años recientes.
En una mezcla de males, que van desde los coletazos que dejó la pandemia y una crisis en sus instituciones encargadas de intervenir en campo, la ciudad vio cómo se duplicó esta población y cómo se agravaron problemáticas como la presencia de niños en la calle.
Por el lado de las cifras el panorama no es alentador.
Hasta 2019, año en el que se realizó el último censo de habitantes de calle por parte del Dane, los cálculos oficiales daban cuenta de que en el Valle de Aburrá había para ese momento por lo menos 3.788 personas viviendo en las calles, de las cuales 3.244 estaban en Medellín.
En dicho censo, que todavía es la ruta de navegación más completa de la que dispone Medellín y otras ciudades del país, se conoció por ejemplo que por lo menos el 40,5% de esta población se ganaba la vida separando residuos y vendiendo material reciclable y un 20,9% limpiando vidrios.
Por el lado de las sustancias psicoactivas más consumidas, dicho censo arrojó que en el caso de Medellín la más consumida era el tabaco (74,8% de los encuestados así lo afirmaba), seguido por el bazuco (66,1%) y luego la marihuana (el 53%).
Aunque todos estos resultados se publicaron en 2020, y se volvieron en un referente de oro para pensar en políticas e intervenciones, el advenimiento de la pandemia cambió drásticamente la fotografía y complicó más el problema.
Además del perfil más habitual de habitante en calle, por cuenta de los confinamientos y la crisis económica que trajo el coronavirus en el espacio público también empezaron a acrecentarse las familias en situación de calle que no tienen cómo pagar un lugar para dormir, población migrante vulnerable y, sobre todo, menores de edad.
Por este último frente, tanto expertos como entidades, han señalado que los problemas económicos en los hogares se han conjugado con un incremento en los casos de violencia intrafamiliar, abonando el terreno para que muchos niños abandonen sus hogares y se vuelquen a las calles, en donde además de ser explotados pueden caer en problemas de abuso de sustancias.
Tan solo en materia de violencia intrafamiliar, los datos de la Personería de Medellín daban cuenta de que los casos atendidos vienen en incremento desde 2020. Mientras en ese año el acumulado de reportes era de 8.384, el dató subió a 9.654 en 2021, 9.976 en 2022 y 12.092 casos al cierre de 2023.
“Es un asunto multifactorial. El sistema de protección más próximo que tiene un niño es la familia y en este caso estamos viendo una dinámica en la que esta, infortunadamente, no es agente de protección. La violencia se ha agravado, por factores sociales y económicos. Eso hace que el niño vaya a la calle”, expresó en diálogo con este diario la profesora e investigadora de la Universidad Pontificia Bolivariana, Lina Marcela Estrada, experta en niñez y Derecho de Familia.
Las personas que han hecho de la calle su hogar no es un fenómeno nuevo en Medellín. Tan solo poniendo la vista en el siglo pasado, periodo en el que Medellín sufrió la explosicón demográfica e industrial que la convirtió en una ciudad, la mendicidad ya preocupaba a las autoridades en sitios como el antiguo barrio Guayaquil, convertido en un hervidero de gente desde la entrada en operación de la Estación Medellín del Ferrocarril de Antioquia.
Si bien desde siglos atrás la mendicidad en gran medida se sorteó por cuenta de los valores de caridad cristiana de los medellinenses, intervenciones policiales cuando se temían problemas de orden público o salubridad y remisiones de personas con cuadros mentales complejos a instituciones como el Manicomio de Aranjuez, la segunda mitad del siglo XX trajo varios cambios que complejizaron el panorama.
Además de una nueva oleada migratoria de familias provenientes de diferentes pueblos antioqueños, ese segundo periodo coincidió también con la entrada de drogas más duras a la ciudad, que propiciaron la creación de asentamientos de habitantes de calle en zonas como Barbacoas, desde la década de 1980.
Fue precisamente en ese año que, para enfrentar el problema, el Municipio creó la Secretaría de Bienestar Social, la semilla de lo que hoy es la Secretaría de Inclusión Social.
En el seno de la Secretaría de Bienestar Social comenzó a crearse el sistema de atención de habitantes de calle, que a su vez derivó en la formulación de una política pública para la atención de los habitantes de calle, desagregada en acciones de prevención, mitigación y superación.
En medio de ese proceso, los asentamientos de habitantes de calle no han dejado de despertar tensiones y se han desplazado desde el sector de Barbacoas hacia muchos otros.
El reacomodo más reciente ocurrió precisamente durante el primer gobierno del actual alcalde Federico Gutiérrez, luego de un megaoperativo realizado en la madrugada del miércoles 29 de agosto de 2018, en el que unos 800 agentes de la Policía y funcionarios de varias secretarías de la Alcaldía desarticularon un asentamiento de unos 511 habitantes de calle que se había formado en la Avenida de Greiff.
Aunque gracias a la acción, la Fuerza Pública logró darle un golpe a varias estructuras delincuenciales de las que se calculaba tenían una tercera parte del negocio de la distribución de drogas en el Centro y se emprendió un proceso de extinción de dominio a unos 34 bienes, el grueso de los habitantes desalojados se trasladó un par de cuadras y creó un asentamiento nuevo sobre la carrera Cúcuta, entre las calles 54 y 57.
A esa problemática, que incluso le valió a la Alcaldía un pleito legal con decenas de comerciantes de la carrera Cúcuta, en donde habían múltiples talleres litográficos y otros negocios que quebraron ante ese reacomodo, luego se le sumó la pandemia en 2020 y una crisis en el sistema de atención para esta población.
La profesora de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia, Aracelly Villegas Castaño, quien como epidemióloga emprendió desde 2016 una investigación para rastrear varias enfermedades y bacterias que estaban afectando a los habitantes de calle, fue una de las testigos de ese deterioro en los programas.
El trabajo de Villegas consistió en determinar la prevalencia de dos bacterias que suelen transmitirse por vía sexual: Neisseria gonorrhoeae y Chlamydia trachomatis.
Durante más de cuatro años, un equipo de estudiantes liderado por la profesora comenzó a asistir al Centro Día para medir cómo se estaban diseminando esas bacterias, llegando a la conclusión de que estas no solo estaban presentes entre los habitantes de calle de La Candelaria, sino que ya se habían esparcido a otras comunas como Castilla, Aranjuez, Guayabal y Buenos Aires.
En medio de ese trabajo, Villegas señala que, a un panorama ya de entrada complejo, se sumó el lío de que los programas se empezaron a desbaratar por la llegada de funcionarios con poca experiencia.
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“En la administración pasada se implosionaron los programas. Estos no se hablaban entre sí. Para que esas estrategias funcionen, los programas deben estar dirigidos por un grupo de expertos que maneje adecuadamente el tema y que sea capaz de poner a conversar a quienes hacen acciones en el territorio”, explica la profesora, señalando ver con buenos ojos los esfuerzos que recientemente se han emprendido para recuperar esos programas.
Aunque Villegas no profundiza en ese tema, el desajuste en los programas a los que se refiere ha sido descrito en profundidad por múltiples exfunciarios, como por ejemplo la exdirectora de la Unidad de Niñez de la Secetaría de Inclusión Social María del Pilar Rodríguez, quien durante los primeros meses de la administración Quintero también ejerció como subsecretaria de Grupos Poblacionales.
Rodríguez, quien en 2021 hizo público un testimonio sobre presiones que muchos funcionarios de Inclusión recibieron por parte de la administración distrital para apoyar desde sus cargos labores proselitistas, ha sido una de las personas que han encendido las alertas por el incremento del número de niños en situación de calle.
“Al finalizar el primer periodo de Federico Gutiérrez el tema estaba controlado o al menos no había tantos niños en la calle como ahora. Sin embargo, cuando llega la pandemia en 2020, se dispararon los niveles de violencia intrafamiliar y los casos de abuso”, expresó Rodríguez en diálogo con este diario en junio pasado, señalando que esa complejización del problema coincidió con una purga de funcionarios, muchos con hasta 20 años de experiencia, que inició en la Secretaría cuando a la misma llegó el exsecretario Juan Pablo Ramírez.
Otro de los golpes en la atención fue la reducción de la capacidad de los Centros Día, que antes de 2020 tenía dos establecimientos y que al final del pasado cuatrienio quedó reducido a solamente uno, con menos cupos de los antes acostumbrados.
Con base en ese panorama, durante los primeros meses de gobierno, la Secretaría de Inclusión arrancó con un proceso de revisión para volver a multiplicar las personas que hacen trabajo en campo y estabilizar la atención.
Aunque todavía no se dispone de un censo actualizado, los datos tanto del Distrito como de otras organizaciones ciudadanas que se encargan de hacer veeduría a los programas sociales señalan que todo apunta a que el número de habitantes de calle ya es mucho más del doble de la cifra de 2019 y puede haber superado los 8.000.
Por ejemplo, en el transcurso de 2023, el consolidado de atenciones calculado por el distrito se ubicó en unas 9.117. Otras entidades como Corpocentro señalaron por ejemplo que de acuerdo con un sondeo realizado este año el número de 8.000 personas en las calles, la mayoría en el Centro, era el más probable.
Uno de los síntomas más palpables de ese incremento poblacional ha sido el problema que ahora enfrentan dependencias como la subsecretaría de Espacio Público con cientos de cambuches que se levantan en zonas como la Avenida Regional, la Avenida Ferrocarril cerca a la Minorista y la Avenida De Greiff.
Como medida de choque, entidades como la Secretaría de Seguridad emprendieron desde enero pasado una serie de operativos para desmontar esos cambuches. Durante el primer semestre de este año, las cuentas de esa dependencia daban cuenta de por lo menos 5.200 cambuches desmantelados en más de 150 operativos.
Por su parte, la secretaria de Inclusión Social, Sandra Milena Sánchez Álvarez, señaló que para este cuatrienio esa dependencia busca no solo mejorar los programas de atención que se recibieron en cuidados intensivos, sino imprimirle más fuerza a los programas de prevención.
Según explicó la funcionaria, si bien la oferta de atención en terreno debe mantenerse, la llegada de drogas cada vez más fuertes a las calles, como por ejemplo el tusi (2CB o cocaína rosada) entre otras, hacen que los procesos de rehabilitación sean más complejos, debido a que muchas personas en situación de calle sufren daños cerebrales irreversibles.
Precisamente por esta condición de vulnerabilidad, señala la funcionaria, esta población es susceptible a ser instrumentalizada por grupos ilegales, que a cambio bien sea de dinero o de sustancias los presionan para cometer hechos delictivos.
Entre las estrategias de prevención, que señala Sánchez son trasversales a toda la Alcaldía, están algunas como Medellín Solidaria, para darle alimentos, salud, educación y servicios a familias en pobreza extrema; los centros integrales de familia; el programa Tejiendo Hogares, Parceros, entre otros.
A propósito del reciente debate por los ataques con piedras, la profesora Aracelly Villegas señala que, aunque durante los años que pudo trabajar en campo con muchos habitantes de calle, casos como estos son muy raros; la probabilidad de que haya personas detrás de los mismos es alta.
En muchos hechos delictivos en los que se ven involucradas las personas en esta condición, Villegas advierte que la mayor parte de las veces hay personas o grupos aprovechándose de la dependencia que tienen a las drogas.
Por esta razón, la docente considera necesario que los programas sociales se fortalezcan. Por su parte, la secretaria de Inclusión, Sandra Milena Sánchez, señaló que otra labor que puede contribuir a acercar a los habitantes de calle a la oferta institucional es evitar darles limosna, ya que, en vez de ayudarles, esto genera que muchos no se acerquen al Centro Día, en donde hay más chances de que se inicien en un programa de rehabilitación.