La ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, habló este jueves sobre los castigos jurídicos para las personas que en Colombia les hacen daño a los niños, niñas y adolescentes. Entre otras cosas, se refirió al polémico artículo que busca darles beneficios a este tipo de criminales y aclaró algunos puntos respecto a la cadena perpetua que promueven desde diferentes sectores.
Respecto al primer asunto, la funcionaria aseguró que ya se tomó una decisión de fondo con la Comisión Primera de Senado sobre el artículo 7 de la reforma a la justicia, el cual busca otorgar rebajas de pena a abusadores y asesinos de menores de edad.
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“Creo que las diferentes reuniones que hemos tenido significa trabajar entendiendo y poniéndose también la posición de cada uno. Ese es un tema que se está evaluando con la comisión y con el presidente de la comisión del Senado será el que va a transmitir la posición, tanto del Ministerio de Justicia como la Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia”, “cadena perpetua es inconstitucional”, recalcó.
En cuanto a la posibilidad de reabrir en Colombia el debate sobre la cadena perpetua para quienes abusen y le quiten la vida a pequeños y adolescentes, la funcionaria dio un tajante “no” y explicó ampliamente su posición.
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“La cadena perpetua no es posible en Colombia, ni la cadena perpetua ni la pena de muerte. Y el tema mucho más importante, siempre lo digo, es prevenir que el hecho suceda. A mí no me sirve de nada tener cadena perpetua cuando ya se mató al niño o se violó al niño, o cuando se acabó con la honra y la dignidad del niño. La cadena perpetua es inconvencional e inconstitucional, eso lo ha dicho la Corte Constitucional cuando tumbó el proyecto de la senadora Gilma (Jiménez) y ya marcó claramente la imposibilidad que, con la Constitución del 91, pueda haber cadena perpetua”, dijo Ángela María Buitrago.
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Recientes asesinatos reavivaron debate sobre cadena perpetua
Durante el último mes, Colombia se ha conmocionado con varios casos de menores de edad abusados, torturados y asesinados. Entre estos están el de la pequeña Sofía Delgado Zúñiga, ultimada por Brayan Campo en Candelaria (Valle del Cauca); el de Alexis Delgado Ramírez, bebé al que le quitaron la vida en San Cayetano (Cundinamarca), y el de los hermanitos Susan Camila y Santi Esteban, niños atacados hasta la muerte, al parecer por su propio padre, Darwin Beltrán, en Engativá (Bogotá).
En julio de 2021, el gobierno de Iván Duque sancionó la ley Gilma Jiménez, en honor a la fallecida congresista que durante años intentó tramitar proyectos para que se impusiera la cadena perpetua para violadores y asesinos de niños, niñas y adolescentes en Colombia.
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No obstante, ese mismo año, en septiembre, la Corte Constitucional tumbó la medida diciendo que iba en contra de la dignidad humana de los condenados y, además, no evidenciaba que se protegiera la integridad de las víctimas.
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