Este martes arrancó en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes la discusión de la reforma a la salud del Gobierno de Gustavo Petro. En paralelo, desde la oposición denunciaron irregularidades frente a la situación financiera de la Nueva EPS, que cuenta con 10,9 millones de afiliados y que fue intervenida por el Ejecutivo en abril pasado.
La denuncia fue realizada por la senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático, quien pudo conocer parte de la situación de la EPS gracias a una acción de tutela. Según la congresista, los datos públicos de 2023 no corresponderían a los oficiales, mientras que los pasivos en 2024 serían mayores a $12,6 billones.
Valencia sostuvo que el entonces presidente de la Nueva EPS, Aldo Cadena, reportó que en 2023 tuvo pérdidas por $411.000 millones, sumado a pasivos registrados por la propia entidad por $6,6 billones. “Esta información no habría tenido revisión fiscal ni aprobación por la junta”, señaló.
En esa línea, con base en la información obtenida, manifestó que como consta en el estado de resultados con cierre a 2023 las pérdidas ascenderían a $4,4 billones y no a $411.000 millones, “una diferencia de $4 billones en pérdidas y, lo más grave, un aumento en las pérdidas de más del 350 % entre 2022 y 2023”.
Además, la congresista sostuvo que el balance general con cierre a 2023 de la Nueva EPS refleja que los pasivos totales serían de $11,7 billones, “cifra lejana a la notificada por la entidad a la SuperSalud por $6,6 billones”.
De acuerdo con Valencia, en un año del Gobierno Petro, los pasivos de Nueva EPS “casi se duplicaron pasando de $6,4 billones en 2022 a $11,7 billones en 2023. Lo grave es que los estados financieros que nos envía la Nueva EPS tampoco serían los finales del 2023. Ninguno contiene firmas, y aparece ‘esta información no se encuentra certificada, aprobada ni dictaminada’”, agregó.
Por otro lado, la senadora uribista sostuvo que si bien el revisor fiscal de la Nueva EPS era la consultora Deloitte, ese ente no pudo auditar los estados financieros porque la entidad decidió realizar un cambio en los mismos y estos no fueron enviados.
“No obstante que solicitamos la información y documentación respectiva, la misma no nos fue entregada y por ende, no pudo ser objeto de nuestros procedimientos de auditoría”, dice la carta de Deloitte
Además de reclamar que Nueva EPS tampoco ha remitido estados financieros a la SuperSalud para el periodo 2024, Valencia determinó que los pasivos de la entidad estarían en $12,6 billones y las pérdidas en el primer trimestre ya ascienden a $1,5 billones.
Incluso, denunció que, con base en información de junio pasado, se concluye que de cada 100 pesos que ingresan a la entidad se gastan 126 pesos. En contraste, en agosto del 2022, cuando arrancó el Gobierno, la entidad gastaba 95 pesos de cada 100 pesos que le entraban.
“La UPC (Unidad de pago por capitación, lo que se reconoce anualmente por cada uno de los afiliados) es insuficiente. Lo venimos diciendo desde que Carolina Corcho lo negaba en 2022. La crisis del sistema es de liquidez”, precisó Valencia.
Finalmente, la senadora sostuvo que el giro directo a las IPS (clínicas y hospitales) no está siendo efectivo. “Las EPS giran el 80 % al momento del servicio; pero nunca se aclara cuándo se pagará el 20 % restante. Nueva EPS afirma que el 20 % restante se pagará dependiendo de ajustes a la UPC y capitalización de los socios. Las IPS están cerrando servicios por falta de pagos”, puntualizó.
Alegando que la Nueva EPS se niega a entregar el monto de la cartera vencida del año 2024, Valencia indicó que informó al juez sobre la respuesta para que se haga efectivo su derecho de petición. “Por ahora, ese es el balance real de la Nueva EPS en manos del Gobierno Petro”, agregó.