Siguen las alertas por las vulneraciones al derecho a la salud de los reclusos del complejo carcelario y penitenciario Pedregal, de Medellín, donde se encuentra en este momento una población de 3.667 personas privadas de la libertad.
En los últimos días, la Personería de Medellín reveló que, a través de su Observatorio Penal, Penitenciario y Carcelario, detectó graves problemas en la prestación de los servicios de salud de los internos, entre los cuales hay 1.066 mujeres (394 sindicadas y 672 condenadas) y 2.601 hombres (692 son sindicados y 1.909 condenados).
El Ministerio Público lanzó la alerta a la dirección de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec), que maneja los recursos para proporcionar infraestructura, alimentación, bienes y servicios en las cárceles, porque en este momento hay en Pedregal más de 50 casos de complicaciones de salud en los reclusos, debido a la insuficiencia de personal médico asignado a este centro de reclusión.
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“La falta de presencia constante de profesionales de salud ha sido una problemática continua en el Coped Pedregal, donde en repetidas ocasiones el servicio ha sido prestado por un número limitado de médicos o incluso, en ciertos días, no ha habido personal médico disponible”, manifestó Oswaldo Patiño, personero delegado 20D Penal, Familia y Convivencia.
El Ministerio Público prendió las alarmas al respecto tras confirmar que solo una médica asistió a las instalaciones para prestar los servicios a los reclusos, es decir, era la única profesional encargada de brindar atención tanto a hombres como a mujeres en todo el centro penitenciario. Con esto, señaló el personero delegado, se evidencia “el limitado acceso a la atención y el desconocimiento por parte del operador Norsalud de la magnitud de la población a atender”.
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Son varias las ocasiones en las que defensores de derechos humanos y familiares de esta población han denunciado que en la cárcel no hay acceso a la salud, no solo por la poca cantidad del personal médico, sino también por la falta de acceso a los medicamentos o a tratamientos e, incluso, a citas a las que no los estarían llevando cuando corresponde, lo que aumenta las enfermedades de base con las que llegan estas personas y que a veces también se agrava por las mismas condiciones del lugar.
Solo por poner un ejemplo, la Personería evidenció que por causa del personal médico que se requiere en la cárcel se presentó un brote cutáneo sin una causa determinada hasta el momento, pero no es lo único que sufre la salud de los internos. Por ello, el Ministerio Público hizo el llamado a las autoridades responsables de la atención en Pedregal para que tomen las medidas necesarias y urgentes para solucionar este problema.
De acuerdo con datos oficiales, en esta cárcel se presenta un hacinamiento de -8% en cuanto a la población de mujeres, pero en la de los hombres este llega al 41,8%, lo que representa un problema mayor que aumenta la precariedad de la salud.
“Para este Ministerio Público, es inminente hacer valer los derechos fundamentales de salud y vida de toda persona privada de la libertad, quienes deben ser iguales ante la ley y contar con igual protección por parte de los órganos de justicia, a fin de conservar sus garantías fundamentales, exceptuando aquellos derechos cuyo ejercicio esté limitado o restringido temporalmente por disposición de Ley y por razones inherentes a su condición de personas privadas de libertad”, puntualizaron desde la Personería.
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Esta no es la primera alerta que hace la Personería este año por el acceso a la salud en dicha cárcel. Ya desde agosto pasado, tras una visita al lugar, había manifestado la urgencia de encontrar soluciones ante la renuncia masiva del personal de salud por la inconformidad con las condiciones laborales propuestas por el nuevo operador que contrató la Fiduprevisora para que comenzara a partir del primero de ese mes a operar allí. Era de especial preocupación cómo sería la atención de reclusos con enfermedades crónicas y terminales como EPOC y Sida, que se quedarían sin tratamiento.
“Este déficit de personal representa un grave riesgo para la vida e integridad física de las personas allí recluidas, especialmente para aquellos que padecen diagnósticos que requieren revisiones, procedimientos y tratamientos continuos suministrados por el área de sanidad del centro carcelario. Además, pone en peligro la capacidad de respuesta ante emergencias que necesiten atención inmediata, traslados o el cumplimiento de citas médicas y odontológicas”, había alertado en su momento la Personería.