La reforma a la salud del Gobierno de Gustavo Petro en su versión 2.0 arrancó con pie derecho en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes. Este martes, en medio de una caldeada sesión, esa célula legislativa hundió el acelerador y en poco más de tres horas votó impedimentos, negó una proposición de aplazamiento y le cerró la puerta a la ponencia de archivo promovida por la oposición.
Dicha ponencia, presentada por el Centro Democrático y Cambio Radical, fue respaldada solo por cuatro representantes, mientras que 17 de los 21 la rechazaron de tajo. Al lamentar que avance “la nefasta reforma”, el representante uribista Andrés Forero cuestionó si el documento que presentó el Ministerio de Hacienda sobre el costo de la reforma –de $99,6 billones para 2025– puede considerarse un aval fiscal que dé luces de su real costo.
Además, criticó el avance del nuevo proyecto, señalando que –como lo admitió en su momento el propio ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo–, su piloto fue lo ocurrido con el nuevo sistema de salud de los maestros, “que ha sido un completo desastre”. Además, destacó las bondades del actual sistema en cuanto a afiliación y cobertura, así como acceso y el gasto en salud, indicando que en 1993 ascendía al 43,7 % de lo que ganaban los hogares y hoy se sitúa en el 13,6 %.
Hundida la ponencia negativa, no se descarta que este mismo miércoles se reanude la discusión y la Comisión Séptima arranque el debate de la ponencia positiva, que cuenta con el guiño del Gobierno.
El proyecto le apuesta al manejo público de los recursos de la salud, suprimiendo la intermediación financiera por parte de la figura de las aseguradoras, es decir, la administración del riesgo financiero será asumida por el Estado. Además, se promueve un cambio en el modelo de atención en salud, centrado en la estrategia de atención primaria a través de los Centros de Atención Primaria en Salud (CAPS).
A ello se suma la transformación de las Empresas Promotoras de Salud (EPS) en Gestoras de Salud y Vida en un periodo de dos años. De acuerdo con el proyecto, ahora las Gestoras se concentrarán en funciones administrativas y del nivel de la gestión operativa entre el nivel primario hasta el complementario, en las Redes Integrales e Integradas de Servicios de Salud (RIIS).
Tras el hundimiento de la ponencia negativa, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, destacó que “hay muy buen ambiente” y se declaró optimista de que se pueda “avanzar rápidamente” en la aprobación de este texto que, defendió, tiene “suficiente concertación”.
“Seguramente habrá discusión, se seguirán haciendo ajustes, pero vamos por buen camino”, explicó, precisando que hay “un ambiente muy positivo frente al que tenía hace unos meses con la reforma a la salud en el Congreso”.
Pese al optimismo del Gobierno y al hecho de que derrotaron a la oposición en la primera discusión del proyecto, el propio Centro Democrático denunció presuntas falencias en la implementación indirecta de la reforma a través de las intervenciones que autorizó este año el Ejecutivo.
La senadora Paloma Valencia, con base en una acción de tutela, logró conocer la situación financiera de la Nueva EPS, una de las más grandes del sistema al contar con 10,9 millones de afiliados y que fue intervenida por el Gobierno en abril pasado.
Según la congresista, en contravía a lo que se publicó sobre los datos de la EPS en 2023, habría cerrado el año pasado con pérdidas por $6,6 billones y pasivos por $11,7 billones.
Valencia sostuvo que el entonces presidente de la Nueva EPS, Aldo Cadena, reportó que en 2023 tuvo pérdidas por $411.000 millones, sumado a pasivos registrados por la propia entidad por $6,6 billones. Sin embargo, reclamó que “esta información no habría tenido revisión fiscal ni aprobación por la junta”, señaló.
En esa línea, con base en la información obtenida, manifestó que como consta en el estado de resultados con cierre a 2023 las pérdidas ascenderían a $4,4 billones, es decir “un aumento en las pérdidas de más del 350 % entre 2022 y 2023”.
De acuerdo con Valencia, en un año del Gobierno Petro, los pasivos de Nueva EPS “casi se duplicaron pasando de $6,4 billones en 2022 a $11,7 billones en 2023. Lo grave es que los estados financieros que nos envía la Nueva EPS tampoco serían los finales del 2023. Ninguno contiene firmas, y aparece ‘esta información no se encuentra certificada, aprobada ni dictaminada’”, agregó.
Además de reclamar que Nueva EPS tampoco ha remitido estados financieros a la SuperSalud para el periodo 2024, Valencia determinó que los pasivos de la entidad estarían en $12,6 billones y las pérdidas en el primer trimestre ya ascienden a $1,5 billones.
Para la oposición, este tipo de resultados evidencian las presuntas fallas e irregularidades que ensombrecerían el proyecto que hoy el Gobierno pretende aprobar. La discusión sigue su curso y se espera que, a medida que avance el debate, se sigan conociendo más argumentos que permitan mejorar el sistema de salud en lugar de empeorarlo. La Cámara tiene la palabra.
La semana pasada, la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas señaló que —si bien fue invitada a las diferentes mesas técnicas con los ponentes de la reforma—la ponencia positiva para primer debate tiene serias falencias que afectan los derechos de los pacientes y del talento humano en salud.
Además de reclamar que el proyecto elimina la libre elección como principio del derecho a la salud, indicó que la contratación en el sector público de los profesionales de la salud “seguirá igual, con algunas pocas variaciones”.
Por su parte, el movimiento Pacientes Colombia —conformado por 198 organizaciones— pidió que se garanticen discusiones amplias y técnicas y que se atienda la “actual crisis del sistema que está comprometiendo seriamente la continuidad y la calidad de los servicios de salud”.