Un juez de control de garantías envió a prisión a cumplir medida de aseguramiento a tres policías señalados de presuntamente asociarse con dos ciudadanos de Medellín para cometer un hecho delictivo, el 6 de octubre de 2023.
Ese día, un intendente y dos patrulleros de la Policía habrían capturado a un ciudadano al que dos hermanos habían señalado previamente de hurtarles $10 millones. Hasta ahí no hay ninguna anomalía, pero todo empezó a tomar un tinte delictivo, cuando los uniformados, presuntamente, no llevaron al detenido ante la Fiscalía, como deben hacer según los protocolos establecidos para la judicialización.
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De acuerdo con la investigación adelantada por un fiscal de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública, al capturado por el supuesto hurto lo habrían tenido retenido y esposado por alrededor de tres horas en el barrio Naranjal de la capital antioqueña, hasta donde lo habrían trasladado en una patrulla oficial de la institución.
Durante el tiempo que el hombre estuvo detenido, según se ha establecido en la investigación, habría sido presionado por los tres policías y por los dos ciudadanos que lo denunciaron para que devolviera los $10 millones que supuestamente se había robado. Investigadores de la Dijin de la Policía evidenciaron que además, los tres uniformados y los dos particulares, al parecer, le exigieron al detenido pagar $20 millones para no procesarlo por hurto. Lea también: Ejército interceptó a presunto extorsionista cuando recogía $28 millones en efectivo en Caucasia
Incluso, según el informe de la Fiscalía General de la Nación, por dicha presión, la compañera sentimental de la víctima les habría entregado $10 millones. “Una vez recibido el dinero, los policías le habrían leído al ciudadano sus derechos como capturado en flagrancia”, informaron desde el ente acusador. Sin embargo, ninguno de ellos habría reportado la entrega de esta suma en el proceso judicial.
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Luego de que la Fiscalía presentara las evidencias con las que cuenta hasta el momento, los cinco procesados fueron enviados a un centro carcelario por el juez de control de garantías, como presuntos responsables de delitos de concusión, privación ilegal de la libertad y falsedad ideológica en documento público. Ninguno aceptó los cargos, pero el proceso continuará hasta que haya una decisión de fondo.