Donald Trump ha hecho historia al regresar a la Casa Blanca con un estatus legal que no tiene precedentes: un ciudadano que espera sentencia por casos judiciales abiertos y aún está pendiente de esquivar más juicios tanto a nivel estatal como federal. Los próximos meses, sin duda, pondrán a prueba los límites de la justicia y del poder presidencial.
La primera gran prueba de Trump será el 26 de noviembre, fecha en que se dictará en Nueva York su sentencia en el famoso caso de “Stormy Daniels”, donde Trump fue juzgado por falsificación de registros comerciales.
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El actual presidente electo fue condenado por 34 cargos, relacionados con pagos a la actriz de cine para adultos, para mantener en silencio una supuesta relación, lo cual Trump ha negado. Este caso, conocido como el de “hush money”, se originó en su campaña de 2016 y todavía levanta gran controversia.
Aún hay un az bajo la manga para Trump, que el juez Juan Merchan opte por anular la condena si interpreta que Trump tiene inmunidad como presidente electo. Si mantiene la condena, se espera que el equipo legal de Trump intente retrasar la sentencia por años. Pero Merchan podría condenarlo hasta a cuatro años de prisión, aunque también podría aplicar una sanción menor como libertad condicional, servicio comunitario o multa.
En lo que respecta a los casos federales, Trump ha dicho en varias ocasiones que su intención es despedir al fiscal especial Jack Smith y frenar las investigaciones en su contra.
Smith lidera dos casos contra el magnate: uno en Washington, que examina si Trump intentó revertir los resultados de las elecciones de 2020, y otro en Florida, sobre la posesión de documentos clasificados.
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A finales de octubre, Trump afirmó públicamente que planea “despedir a Smith en dos segundos” y, si la ley lo permite, detener los casos de inmediato. Pero hasta el 20 de enero, fecha en que Trump tomará posesión, Smith tiene tiempo para preparar nuevas acciones legales. Incluso, el Departamento de Justicia estudia si Trump podría reclamar inmunidad total como presidente electo, algo que complica aún más el panorama legal.
Otro desafío en el tablero es el caso en Georgia, donde Trump enfrenta cargos por intento de revertir los resultados de las elecciones de 2020 bajo la Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por el Crimen Organizado (RICO).
Sin embargo, el destino de este proceso dependerá de una decisión crucial: si la fiscal del condado de Fulton, Fani Willis, puede continuar en su rol, ya que enfrenta una revisión por conflicto de interés. Si la descalifican, es poco probable que otro fiscal asuma el caso, y Trump podría quedar libre de estas acusaciones.
Una presidencia bajo presión legal
El regreso de Trump a la Casa Blanca tiene un efecto directo sobre todos estos procesos. Mientras intenta maniobrar para evitar sentencias y detener juicios, enfrenta también un conjunto de demandas civiles que, aunque no lo lleven a la cárcel, podrían costarle millones de dólares.
Entre estas demandas destacan las relacionadas con el asalto al Capitolio, dos casos de difamación de la periodista E. Jean Carroll, y una demanda por fraude civil en Nueva York, donde le ordenaron pagar 454 millones de dólares.
Con esta victoria, Trump no solo hará historia como el primer presidente con casos judiciales en su contra, sino que pondrá a prueba el sistema judicial estadounidense en sus límites.