David Luna, senador de Cambio Radical, acusó al Gobierno del presidente Gustavo Petro de querer legalizar todos los cultivos de hoja de coca que están sembrados en el país. De acuerdo con el congresista, las intenciones quedarían en sólidas cuando se firme un borrador de decreto que ya fue publicado.
“El decreto contempla la compra de cultivos de coca establecidos, usando recursos públicos, lo cual constituye una legalización indirecta de estas plantaciones. Esto no solo contraviene lo establecido por el legislador, sino que también podría significar que los recursos públicos terminen en manos de grupos criminales que controlan estos cultivos, como el Clan del Golfo, el ELN, el Estado Mayor Central y hasta grupos terroristas transnacionales como Hezbolá”, advirtió el senador Luna en un video difundido en sus redes sociales.
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El borrador del decreto al que hace referencia el congresista opositor está publicado desde la noche del 31 de octubre –para su consulta y recepción de comentarios– en las páginas web de los ministerios de Justicia, Salud y Agricultura.
Básicamente, el borrador establece la reglamentación para el uso industrial, médico y científico de las plantaciones de hoja de coca y amapola en el país.
La discusión del proyecto de decreto también ocurre justo después de un informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en el que indica que las plantaciones de hoja de coca –solo en 2023– se ubicaron en 253.000 hectáreas.
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El senador Luna afirmó que el Gobierno no puede modificar o eliminar delitos a través de decretos. Insiste en que las plantaciones de este tipo de cultivos son ilícitas.
“La tipificación de un delito, como lo es el cultivo de coca, es competencia exclusiva del Congreso. Si el presidente desea eliminar el tipo penal de estos cultivos, debe presentar una propuesta legislativa y someterla al debate y aprobación del legislativo”, añadió Luna.
Las pretensiones del decreto –se lee en el documento de 28 páginas–son reglamentar las plantas de amapola y coca para fines médicos, científicos e industriales solo por parte de entidades públicas competentes.
La propuesta de la nueva reglamentación indica que el Consejo Nacional de Estupefacientes será la entidad encargada de expedir la autorización para la posesión de estas semillas a las demás entidades públicas que pretendan usarlas para los fines autorizados.
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También se deja claro que la Policía Nacional y las demás entidades competentes mantienen la facultad para realizar inspección directa a la mercancía que se transporte para estos fines.
“Este programa prevé impulsar economías para que las poblaciones rurales hagan parte del nuevo modelo de economía productiva, dejen de ser perseguidos, fumigados y judicializados y se beneficien complementariamente de la regulación participando como propietarios de los nuevos encadenamientos productivos”, justificó el Gobierno.
En Perú existe la Empresa Nacional de la Coca (ENACO), que ha logrado transformar la coca en cocaína de uso farmacéutico. La hoja de coca también puede aplicarse para la producción de alimento, de biofertilizantes y de otros insumos agrícolas.
El presidente Petro ya había dado pinceladas de su propuesta el pasado 18 de octubre, cuando propuso comprar las cosechas de hoja de coca a los campesinos que residen y la cultivan en el corregimiento de El Plateado, en el Cauca.
El precio estándar por arroba de hoja de coca cosechada es de 20.000 pesos. La iniciativa del Gobierno tendría que entrar a competir –al menos en precios– con las ofertas que hacen los ilegales a los campesinos.
“Básicamente, el Gobierno asume que los productores de la cocaína se van a quedar quietos y no van a ofertar más, como en cualquier mercado ante la entrada de un competidor, por las cosechas de hoja de coca. Entonces, ¿el Gobierno se va a poner a competir con narcotraficantes a ver quién paga más por la hoja de coca? Ya sabemos cómo van a reaccionar los grupos criminales: matando campesinos que se oponen a vender la hoja de coca a los narcotraficantes y que opten por la oferta del Gobierno”, había analizado Daniel Mejía Londoño, economista y experto en seguridad en diálogo con El Colombiano.
El Gobierno argumenta en el borrador de decreto que la regulación del uso legal de estos cultivos está facultada en antecedentes legislativos que le darían piso legal a su iniciativa. En todo caso, tienen la puerta abierta para recibir comentarios sobre esta intención hasta el próximo 15 de noviembre.
Lea en este enlace el borrador de decreto y la justificación del Gobierno