A las 9:00 a.m., de este martes, 12 de noviembre, un procurador delegado llevará a cabo la lectura del fallo en el proceso disciplinario abierto al excanciller Álvaro Leyva por las irregularidades en el proceso de licitación para la expedición de pasaportes en el año 2023.
La diligencia estaba inicialmente programada para el pasado 5 de noviembre; sin embargo, por pedido de la defensa, fue reprogramada para este martes.
En este caso, el pasado 24 de enero la Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos a Leyva Durán por sus actuaciones irregulares en la licitación del contrato para la expedición de pasaportes. En ese momento, además, fue suspendido del cargo. Nueve meses después se conocerá la decisión final, si es absuelto y sancionado.
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A lo largo del juicio, fueron escuchados varios testigos y decretado un sinfín de pruebas documentales que darían cuenta de la posible actuación irregular del exfuncionario del Gobierno de Gustavo Petro. Justamente, el último en pasar al frente fue el propio Leyva, quien rindió versión libre de los hechos y justificó sus actuaciones.
El Ministerio Publicó le formuló pliego de cargos al excanciller por las irregularidades al parecer cometidas cuando decidió, pese a las advertencias y observaciones, declarar desierta la licitación a favor de la empresa Thomas Greg & Sons, para la expedición de los documentos. Una decisión que desató una polémica en el país y traumatizó la operación para la expedición de los documentos y que, además, dejó al descubierto las improvisaciones del Gobierno Petro en planes de transición contractual.
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En concreto, la Procuraduría advirtió que cuando Leyva Durán era canciller incurrió en faltas disciplinarias, calificadas como gravísimas cometidas a título de dolo, al declarar desierta la licitación 001 de 2023 a favor de Thomas Greg sin tener los fundamentos fácticos, jurídicos y técnicos, con lo que pudo transgredir los principios que rigen la contratación estatal.
Frente a los cargos, el exministro afirmó que actuó de buena fe y que “las resoluciones estuvieron motivadas conforme a lo que exige la ley y lo que dice la jurisprudencia”.
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Explicó además que tomó la decisión pensando en los derechos de los ciudadanos, por lo que aplicó los principios de interés general, económico, transparencia y responsabilidad.