Los habitantes de Chocó viven una crisis sin precedentes por cuenta de las lluvias y, sumado a eso, tiene que soportar que los ilegales del ELN decretaran un paro armado que tiene confinadas a varias comunidades ribereñas. Distintas instituciones le han pedido a la guerrilla que cesen las actividades que terminan por afectar a la población civil.
El último balance que entregó la Gobernación del Chocó indicaba que cien mil personas habían resultado damnificadas por la emergencia climática: enceres, casas y cultivos se perdieron. El Gobierno nacional tuvo que declarar la emergencia nacional para tratar de dar respuesta a los afectados.
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“Esta es la emergencia de mayores proporciones que hemos tenido que enfrentar como departamento. La afectación ha llegado a 25 de nuestros 31 municipios”, había dicho la gobernadora del Chocó, Nubia Córdoba.
El censo preliminar de la emergencia detalla que hay 4.337 viviendas afectadas, 18 colegios y 1.478 hectáreas de cultivos que fueron arrasados: la seguridad alimentaria de esa región, advirtió Córdoba, también está comprometida.
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Mientras las autoridades tratan de hacerle frente a la emergencia, las comunidades también tienen que lidiar con la intimidación de los grupos armados ilegales. El Frente de Guerra Occidental tiene decretado un paro armado sobre los ríos San Juan, Sipí y Cajón que ha impedido el ingreso de la ayuda para las comunidades.
“Deben respetar el Derecho Internacional Humanitario (DIH) en general. Con la situación de inundaciones en la mayoría de los municipios, personas están perdiendo sus cultivos y no tendrán con qué subsistir”, señaló la defensora del Pueblo, Iris Marín.
Al llamado de Marín se sumó la Unidad de Víctimas, quienes pidieron al actor armado evitar que las poblaciones –ya afectadas por las lluvias– sean víctimas de confinamientos o desplazamientos forzados.
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El paro armado del ELN inició el pasado 9 de noviembre y es el tercero que instalan en menos de cinco meses. Lo hacen porque sostienen una lucha a sangre y fuego con el Clan del Golfo por el control del territorio. La población afectada por esta acción de los ilegales llega a las 45.000 personas.
Durante este fin de semana la Corte Suprema hizo un llamado de urgencia para que se atienda la crisis humanitaria en Chocó y para que los actores armados cesen sus hostilidades.
“Ante la situación de emergencia que afronta la población en el departamento del Chocó, la Delegación de Paz del Gobierno Nacional hace un llamado al ELN a que, por razones humanitarias, suspenda el paro armado que ha anunciado en esa zona, levante cualquier acción de confinamiento y de limitación a la libre movilización de la población, y permita que la ayuda estatal llegue al territorio”, fue el llamado, por su parte, de la delegación de paz del Gobierno en la mesa con esos subversivos.
El paro armado de los elenos en Chocó resulta, cuando menos, contradictorio. La delegación de paz de esa guerrilla se comprometió a regresar a la Mesa de Diálogos con el Gobierno entre el 18 y 25 de noviembre.