La reforma a la justicia que promueve el Gobierno Nacional de la mano de la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía, fue aprobada este miércoles en primer debate por la Comisión Primera del Senado de la República.
Durante la discusión del proyecto, que le apuesta a descongestionar el sistema judicial y carcelario, fueron avalados siete de los 12 artículos de manera unánime. La discusión, no obstante, se centró, entre otras, frente al artículo 11 del proyecto, relacionado con beneficios jurídicos para responsables de delitos como terrorismo o extorsión.
En esa línea, la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, señaló que los beneficios solo tendrán lugar si de parte del procesado “hay una colaboración eficaz” que permita desmantelar una organización criminal.
Por otro lado, hay expectativa frente a los cambios que podrían tener las figuras del principio de oportunidad y los preacuerdos. Además, se dio vía libre a la indemnización integral a las víctimas de delitos por parte de los autores como mecanismo para acceder a beneficios.
“La indemnización integral era una figura que se consideraba por la Ley 600 (Código de Procedimiento Penal), pero la reparación integral nació con el gran bloque de convencionalidad y constitucionalidad a partir del 2002. La indemnización no solamente es económica, sino que se tiene derecho a verdad, justicia y reparación, desde ahí cualquiera de las dos denominaciones es correcta”, agregó Buitrago.
En veremos quedaron artículos como el 2 y 3, que contemplan la extinción de la acción penal en delitos contra derechos de autor y el patrimonio económico.
La ministra de Justicia indicó que se buscará que para la ponencia en segundo debate haya mayores acuerdos y se logre consenso con miras a la discusión en la plenaria del Senado.
“Dentro del mejor diálogo constructivo se llegaron a acuerdos (...) en algunos artículos habrá una redacción diferente o con alguna restricción en algunos casos para la segunda ponencia, pero el resto fueron aprobados positivamente”, agregó la funcionaria.
El proyecto avanza tras el ruido que generó el controvertido artículo 7, que pretendía reducir la pena a quienes admitieran ser culpables de cometer homicidio o lesiones a niños, niñas y adolescentes.
Semanas atrás, la ministra Buitrago sostuvo que “no tendría inconveniente” en retirar el controvertido artículo. Eso sí, reclamó que detrás se ha gestado una narrativa falsa según la cual se quiere favorecer a los delincuentes.
“Creo que es importante entender que hay gente que, a raíz de muchas cosas, piensa equivocadamente que se está favoreciendo la situación, cuando lo que se quiere es imponer una pena, pero no tendría ningún inconveniente (en retirar el artículo)”, manifestó la funcionaria.