El presidente Gustavo Petro se refirió en las últimas horas a la crítica situación financiera que vive la Universidad de Antioquia. El mandatario se solidarizó con los estudiantes, egresados y profesores que marcharon esta semana para exigirles mejores condiciones a los gobiernos tanto locales como nacionales, aseguró que las transferencias de la nación a la institución durante su gobierno han aumentado un 36% en dos años e invitó a “construir la concertación que permita extender sedes de la UdeA en toda Antioquia y a los barrios de las comunas populares del norte de Medellín”.
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Sin embargo, en su mensaje el presidente incurre en varias imprecisiones u omisiones. La primera de ella es que el reclamo de la comunidad universitaria es también hacia su gobierno, que es, conforme lo indica la ley, el responsable de cerca del 90% de las transferencias de la Universidad.
Por ejemplo, Juan David Muñoz, diputado petrista de la Alianza Verde, le señaló al presidente que a comienzos de octubre, cuando el ministro de Educación Daniel Rivera participó de una asamblea multiestamentaria se comprometió a girar recursos para la Universidad ese mismo mes, pero hasta el momento esa plata no ha llegado. “Con el mayor de los respetos le pido que tome cartas directas en este asunto y agilicen esos pagos. Le pido que haga un poco más por la UdeA”, señaló Muñoz, que durante este primer año en la Asamblea ha sido quizás el más férreo defensor del gobierno Nacional.
Otro que se manifestó en ese sentido fue José Luis Marín, el único concejal de oposición y del Pacto Histórico en Medellín: “Presidente, los ministerios de hacienda y educación se comprometieron con la Universidad de Antioquia a realizar unos giros económicos en octubre, y aún no se han hecho. La exigencia es para la alcaldía, la gobernación, pero también para la presidencia. La UdeA no da espera”, escribió el corporado.
Además de apoyar el proyecto político del presidente Petro, tanto Muñoz como Marín son egresados de la Universidad de Antioquia.
El segundo punto es la cifra del aumento de 36% en las transferencias durante el gobierno del presidente Petro. Según laos datos del mismo gobierno nacional, en 2022 la nación transfirió $464.776; en 2023, $552.727, y para este año el presupuesto fue de $619.399.
Esto significa que entre 2024 y 2022 las transferencias aumentaron, en términos nominales, un 33,27%. Sin embargo, hay que tener en cuenta que de acuerdo a la ley 30 de 1992 (que la mayoría señala como la causa estructural de la crisis financiera que atraviesa la universidad) el gobierno debe aumentar las transferencias en cuestión de la inflación de cada año y justamente en 2022 y 2023 el país tuvo los aumentos de precios más altos en décadas.
En 2022 el aumento del IPC fue del 13,12% y en 2023, 9,28%. Es decir que si al aumento en las transferencias que ha hecho el gobierno nacional se le descuenta esta inflación, que era lo mínimo que tenía que aumentar por ley, el incremento real en las transferencias es del 8,59% entre 2022 y 2023.
Y es que el hecho de que la ley solo obligue tanto a la nación como al departamento a aumentar las transferencias en cuestión de la inflación es, según expertos de todas las orillas, la nuez del problema, pues la UdeA ha crecido mucho más rápido que la inflación en los últimos 30 años: por ejemplo, mientras en 1994 habían matriculados 17.687 estudiantes, este año hay 39.872; un incremento del 125,4%.
Otra de las razones de ese déficit, que en este momento es de $138.000 millones, es que los salarios de los docentes también han aumentado más rápido que la inflación, esto porque cada vez están mejor preparados y producen más investigaciones: en el 2000 solo el 11% de los profesores tenía un doctorado, mientras que ahora el porcentaje es del 66%.
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Además, desde hace más de dos décadas la Universidad ha llevado a cabo un ambicioso plan de expansión para, como dice el presidente en su cuenta de X, “extender sedes de la Universidad de Antioquia en todo el departamento”. Actualmente la UdeA tiene sedes en todas las subregiones del departamento: Urabá, Bajo Cauca, Magdalena Medio, Nordeste, Occidente, Oriente, Suroeste y Norte.
Asimismo, hay que recordar que la Universidad es gratis para los estratos 1,2 y 3 desde el 2021. Inclusive, en este momento, según dicen desde la Universidad, la nación le debe cerca de $9.000 millones por el concepto de matrícula cero que debían llegar en agosto.
Por todo lo anterior es que la comunidad universitaria le pide al gobierno del presidente Petro que esa solidaridad vaya más allá del apoyo en redes sociales y se transforme en soluciones de fondo, como, por ejemplo, una reforma a la Ley 30 de 1992, para que en el futuro el hueco no se siga ampliando y haciéndose insostenible.
También le han pedido a la gobernación de Antioquia, que actualmente aporta actualmente cerca del 4% de los ingresos de la Universidad, que aumente sus transferencias y a la Alcaldía de Medellín, que no tiene obligación legal con la institución, que también se meta la mano al bolsillo y aporte, pues de la capital antioqueña son cerca del 50% de los estudiantes de la UdeA.
Sin embargo, desde los gobiernos locales dicen que tienen recursos muy limitados y que ya tienen grandes responsabilidades en educación, pues por ejemplo la gobernación responde por el Tecnológico de Antioquia, el Jaime Isaza Cadavid y la IDU, y la alcaldía por el ITM, Pascual Bravo y Colegio Mayor, donde hay más de 30.000 jóvenes que estudian gratis.
Y así, mientras el Gobierno nacional señala a los gobiernos locales, estos hacen lo mismo en el sentido contrario y de esta manera se pasan públicamente la responsabilidad, mientras los estudiantes y profesores pasan afugias por las medidas de austeridad y piden soluciones de fondo.
Por fortuna, esta semana, después de las marchas, tanto el gobernador Andrés Julián Rendón y el alcalde Federico Gutiérrez se comprometieron a sentarse con el gobierno nacional y con la comunidad universitaria para trabajar conjuntamente en las soluciones, algo que hasta ahora no había sido posible.