La Previsora, no la Fiduprevisora, es una enorme entidad estatal que es en resumen una empresa de seguros. Un primer vistazo a su página web arroja un portafolio de servicios a personas y empresas que es voluminoso. Los ciudadanos pueden comprar allí seguros para autos, patrimoniales, de hogares y el SOAT. Y para empresas hay otra gran variedad en los que la compañía compite con los gigantes del sector. Empezó a hacer parte también del grupo Bicentenario, la mayor apuesta del Gobierno Petro para organizar y unificar las organizaciones del Estado.
Y, al mismo tiempo, la empresa es el mayor accionista de la Fiduprevisora, que es un fondo financiero cuya labor es administrar esencialmente los recursos del Fondo del Magisterio para todos los maestros del país, incluyendo los del sistema de salud independiente al de los otros ciudadanos en Colombia.
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La Previsora depende del Ministerio de Hacienda, que es la entidad que decide quién es su presidente, y lidera la junta directiva en el gobierno corporativo. Con ese contexto en el complejo organigrama del esquema empresarial, Previsora ha tenido unas utilidades que no son nada despreciables para la caja del Gobierno en un momento de escasez y problemas de presupuesto. De acuerdo con La República, para octubre de 2023 la compañía tenía utilidades de $ 162.985 millones con un EBITDA de $ 256.197 millones. Había puesto primas de seguros por más de 1.7 billones de pesos y un cumplimiento presupuestal de 103.4 %. Son datos de la propia empresa. Pero a partir de octubre del año pasado empezaron sonar algunas alertas para quienes han estado dentro de la empresa durante años y son expertos en el manejo de seguros. Las alertas tienen que ver con puestos para personas que no están suficientemente preparadas y tienen relaciones notorias con políticos, y otras decisiones que parecen incomprensibles. Por ejemplo, un aumento de la caja menor para la Presidencia de la empresa que pasó de uno a 23 salarios mínimos mensuales legales vigentes sin ninguna explicación.
EL COLOMBIANO ya había revelado en junio de este año que a la entidad había llegado una poderosa abogada a la gerencia jurídica de la Previsora. Se trata de Milagros Sarmiento, una profesional con varios méritos en su carrera pero que también ha tenido un recorrido en política de la mano de una familia, cuyo patriarca en el Gobierno Petro ha resultado beneficiada en varios sectores: Euclides Torres. Además de ser completamente cercana a la familia del empresario del Atlántico, participó en varias de las campañas de los Torres para el Congreso. Su cuenta de Instagram la muestra en numerosos eventos familiares y personales compartiendo con Karina Llanos Torres, Pedro Flórez, actual senador del Pacto Histórico y Camilo Torres, hermano de Euclides. Una de las fotografías en el feed de la red social de la abogada la muestra junto a Pedro Flórez en el carnaval de Barranquilla el pasado 25 de marzo. El “copy” de esa publicación dice: “Una noche de fiesta espectacular. Carnaval de Barranquilla. Amigos de la vida”.
No se trata solo de una relación familiar y personal, sino también de trabajo. Otra de las fotografías de Sarmiento Ortiz es sobre la campaña de Karina Llanos al Congreso en 2019. “Les presento mi proyecto político para las próximas elecciones locales. Sin lugar a dudas me siento feliz y representada”. Y más atrás hay otra en la que se abraza a Llanos y le escribe: “pertenecer a esta familia es una bendición. Kari, emprendemos oficialmente hoy juntas este camino de bendición. U55 es mi proyecto”.
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Pero no es solo Sarmiento. Este diario investigó otro listado de nombres en donde hay fuertes coincidencias con padrinos políticos y lobistas cuestionados en una empresa del Estado que es vigilada por la Superintendencia Financiera. Por ejemplo, allí se encuentra como vicepresidenta Paola María Mercado. Esta es una administradora con una especialización en la Universidad Externado y en el Inalde. Se encuentra en la entidad desde el final del Gobierno Duque, pero es también la pareja del poderoso empresario Mario Urán, al que el exsuperintendente Luis Carlos Leal decidió denunciar a la Fiscalía por supuestamente direccionar contratos de EPS a algunas clínicas y hospitales en su propio beneficio, antes de que Palacio le pidiera su cargo. Luego, está Rodrigo Franco Ashton, quien es el gerente de litigios y sobrino del senador Álvaro Ashton, acusado de concierto para delinquir por parapolítica y el cartel de la toga, entre otros delitos en su prontuario criminal.
Franco Ashton había sido declarado insubsistente como superintendente delegado para energía y gas de la SuperServicios en julio de 2015, porque su jefe consideró que estaba tomando medidas muy blandas en contra de Electricaribe, en donde este había trabajado previamente. A pesar de esa salida, que generó muchas dudas en el tema de energía - prioridad para el Gobierno del presidente Petro-, Ashton aterrizó de nuevo en la Previsora en un alto cargo durante esta administración. “Estas personas fueron el reemplazo de líderes técnicos del proceso de seguros con mucha experiencia”, dijo una fuente a este periódico.
De acuerdo con otra fuente con la que habló EL COLOMBIANO, la actual vicepresidenta jurídica es muy cercana al presidente de la entidad, Ramón Guillermo Angarita, que fue nombrado por el Ministerio de Hacienda en 2023. “No tiene ni idea de seguros y lo que están haciendo es destecnificando la compañía para nombrar amigos y personas que ponen políticos, algunos con sombras de parapolítica”, dijo la persona en condición de reserva.
La vicepresidenta jurídica es abogada y especialista en derecho contractual de la Universidad del Rosario con otros estudios y experiencia previa en el sector público y privado.
Lady Viviana Mojica es la actual secretaria general de la Previsora. Es abogada y magíster de derecho económico de la Universidad Externado y a su vez hermana de Celestino Mojica, excongresista, director político del partido ADA y uno de los hombres poderosos en Bucaramanga. Llegó a la empresa a finales de 2022. Aparece abrazada en una fotografía al lado del excongresista Luis Alberto “el tuerto Gil” que también fue condenado por parapolítica.
Los nombres de los funcionarios no son el problema más grande. Este diario también conoció los detalles de un pago extraño a un consorcio llamado con el mismo nombre de la empresa: Previsora 2017. La compañía lo contrató para la digitalización y el archivo de todos sus documentos por más de 37.000 millones de pesos. Sin embargo, el consorcio pidió una reevaluación del costo del contrato luego de la pandemia y un pago adicional por $ 1.507 millones. A pesar de que el contrato fue liquidado y terminado de mutuo acuerdo en la administración anterior incluso con un paz y salvo, el contratista volvió a pasar la solicitud en la gerencia del presidente Angarita. La Previsora accedió y le pagó al consorcio desconociendo el acta previo de liquidación.
Lo grave de la historia es que existen correos electrónicos a los que tuvo acceso EL COLOMBIANO en los que el vicepresidente jurídico anterior le explica al presidente que no podía pagar esos 1.507 millones por la realidad jurídica de la liquidación y el paz y salvo. Ese vicepresidente renunció en medio de controversias por sus posiciones y la Previsora se fue adelante con el desembolso.
Estas y otras denuncias han sido entregadas a los entes de control sin que hasta ahora pase nada. Este medio le envió un cuestionario puntual al presidente de la Previsora para conocer su versión. También a su oficina de comunicaciones. Hasta el cierre de esta edición no respondieron.