En 2019 la Fiscalía General de la Nación dio a conocer ante el país los resultados de lo que llamó la Operación Leyenda del Dorado fase II. Lingotes de oro, dinero en efectivo, cajas fuertes y maquinaria fueron presentados en las imágenes sobre presuntas operaciones ficticias de compra y venta del metal precioso que habrían permitido blanquear $2,4 billones. Los señalados fueron 11 directivos y proveedores de CIJ Gutiérrez y CÍA S.A., la emblemática comercializadora de oro antioqueña, con casi 145 años de historia, y una de las empresas más antiguas y grandes del país.
El ente acusador tomó posesión de la empresa con fines de extinción de dominio y afirmó que esta se sirvió de proveedores y subproveedores fachada para, presuntamente, mover “grandes cantidades de oro extraído de forma ilegal y lavar los activos producto de la exportación del metal”. En la empresa, de tradición familiar, importantes balances económicos y reconocimiento nacional e internacional, todo fue caos. Desde el principio alegaron su inocencia, pero la magnitud de hechos como los que rodeaban la investigación fue contundente para enterrar su reputación y envolverlos en un proceso que apenas esta semana concluyó a su favor.
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“Fue algo muy duro, muy doloroso. Si en algo éramos cuidadosos era en las cosas del conocimiento del cliente y en evitar prácticas como lavado de activos. Teníamos prácticas que llevábamos hasta al sector financiero para evitar esas situaciones”, recuerda Juan Ricardo Montoya, una de las personas que perteneció por más años a la junta directiva de la compañía.
CIJ Gutiérrez fue fundada en Medellín en 1880 por Genaro Gutiérrez Vásquez y fue llamada en ese entonces, hasta 1997, como Casa de Fundición y Ensayes J.V. & H. Las mismas reseñas de la empresa dan cuenta de que fue equipada con balanzas de alta precisión importadas de Inglaterra y puesta en funcionamiento con conocimientos adquiridos en Johnson & Matthey, reputada casa de fundición aprobada por el Banco de Inglaterra. Su consolidación en la industria colombiana tuvo el punto de partida cuando fue reconocida en el “Libro Azul de Colombia”, en 1918, en el gobierno de José Vicente Concha.
“Somos la sexta empresa más longeva de Colombia, la segunda más longeva de Antioquia, una empresa familiar con toda la tradición del mundo y fue muy doloroso el enredo en el que resultamos”, dice Federik Bridge Gutiérrez, otra de las personas que integró la junta durante largo tiempo y fue su presidente. La compañía llegó incluso a ser la mayor exportadora de oro del país, con una participación del 25 % en el mercado.
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Pero después de las capturas y el proceso que inició la Fiscalía, señala Montoya, vinieron el daño reputacional y la estigmatización, lo que implicó que a los vinculados al proceso les cerraran cuentas bancarias, perdieran el trabajo y no pudieran conseguir uno nuevo, se quedaran sin clientes importantes y tuvieran pérdidas económicas: “Muchos de los socios vivían del dividendo que la compañía les distribuía, todo eso se perdió con unas consecuencias gravísimas para muchos de ellos”.
Ahora, un fallo del Tribunal Superior de Medellín confirmó en segunda instancia, este 18 de noviembre, que la Fiscalía incurrió en serias irregularidades en la formulación de la imputación por los delitos de lavado de activos, enriquecimiento ilícito de particular y concierto para delinquir agravado en contra de los señalados.
En concreto, el Tribunal ratificó lo que ya había decidido en primera instancia, el 4 de agosto de 2023, el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Medellín de declarar la nulidad de lo actuado por la Fiscalía desde la formulación de imputación en contra de los procesados, en tanto que no logró explicar, en ese punto que es esencial para el proceso judicial, por qué estaba investigando y acusando a los señalados de los delitos mencionados.
Esta representa una nueva derrota para el ente investigador en este proceso, pero no es la segunda, sino la cuarta. Ya desde el 28 de octubre de 2020, el Juzgado Cuarto Penal del Circuito Especializado de Medellín había decretado la nulidad también desde la audiencia de formulación de imputación hecha en 2019 por la Fiscalía Cuarta Especializada, Unidad de Lavado de Activos, cuando los presuntos implicados fueron capturados.
Y aunque para febrero de 2022 se hizo de nuevo la imputación y hasta se agregaron nuevos procesados, el Juzgado Dieciocho Penal Municipal con Función de Control de Garantías no avaló tampoco el acto de comunicación. Posteriormente, el Juzgado Veintitrés Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento, el 10 de marzo de 2022, dispuso continuar con el trámite de la
imputación, pero ni así se pudo entender qué era lo que la Fiscalía estaba imputando.
“En cuatro oportunidades los jueces de la República le han llamado la atención severa y fuertemente en la Fiscalía por no hacer bien el trabajo. Y ello se debe a que en este caso mis clientes han mostrado desde el principio su inocencia y la Fiscalía se ha empeñado en llevar a juicio a personas inocentes”, sostuvo el abogado Fabio Humar, representante de los procesados.
Según los hechos con los que la Fiscalía quiso demostrar la culpabilidad de los procesados, la investigación nació luego de que llegara información por correo electrónico desde la cuenta casofundicióngutierrez@gmail.com, en el cual se relataron presuntas irregularidades de la compañía, como que “el oro obtenido por esta comercializadora era de proveedores ficticios para ocultar la procedencia ilícita del metal”.
En resumen, se dijo que la empresa estaba en una lista de otras comercializadoras internacionales exportadoras de metales preciosos “que compraron activos, utilizando abusivamente los datos de ciudadanos del común como proveedores ficticios con el fin de ocultar la verdadera procedencia de estos minerales”, lo que significaba, según la acusación, que dichos metales preciosos provenían de explotaciones ilícitas, pero que luego el dinero por pagos en el exterior, tras formalizar la compra y venta de oro, regresaba legalizado por completo a la contabilidad de CIJ. Además, el ente investigador argumentó fallas en valores declarados a la Dian.
En consideración del Tribunal Superior en el último fallo, hubo varias inconsistencias en la formulación de la imputación, como que la Fiscalía no detalló cuáles eran esos supuestos proveedores ficticios o inexistentes; no pudo explicar por qué se cataloga minería ilegal las actuaciones que llevaron a que gente relacionada con la empresa fuera investigada, pues, por ejemplo, indica que esto se debe a que en los sectores donde se explotaba el oro, Bajo Cauca antioqueño, sur de Bolívar y sur de Córdoba, había presencia de grupos al margen de la ley, pero no mostró en cuáles zonas exactas.
Tampoco fue comprensible, dijo la magistrada, qué, cómo, cuándo y dónde cometió el delito cada uno de los procesados. “Por ejemplo, si se afirma que los procesados ‘dieron apariencia de legalidad, ocultaron o encubrieron’, ¿qué acciones específicas adelantó cada uno para dar apariencia de legalidad, ocultar o encubrir?”, se lee en la decisión.
Incluso, en las intervenciones que hizo el Ministerio Público en el proceso manifestó “preocupación” por la forma en la que había avanzado el proceso y señaló que desde el comienzo la Fiscalía cometió “errores significativos en la formulación de imputación”, pese a las oportunidades que tuvo para hacerla bien. Incluso, según los magistrados, fue tal la confusión generada por el ente acusador que incluso llegó a parecer que dos prestigiosas entidades bancarias se habrían prestado para la comisión de los supuestos delitos.
“A la Fiscalía solo le queda cerrar el caso, porque, como lo han dicho los jueces, ni siquiera supo explicar por qué llevaba a mis clientes a imputación de cargos. Mis clientes deberían evaluar qué medidas se plantea para demandar al Estado”, manifestó el apoderado Humar, ante los que aseveró fueron graves daños que esta situación le causó a la reputación de los procesados, pero también de la empresa CIJ Gutiérrez y Compañía S.A.
Es por ello que el abogado califica también este como “uno de los procesos judiciales de mayores injusticias que ha cometido la Fiscalía”.