El mundo parece estar al revés en la Personería de Medellín. Por segunda vez en menos de una semana, el órgano disciplinario más importante de Medellín está de nuevo bajo reflectores públicos no por cuenta de una investigación que tenga contra las cuerdas a algún funcionario, sino por estar precisamente en el banquillo de los investigados.
Este martes, la Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria en contra de la mano derecha del personero Mefi Boset Rave, el personero auxiliar Héctor Alfonso Gómez Trujillo, por irregularidades en la firma de un contrato.
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Pese a ocupar un cargo que solía pasar de agache, el personero auxiliar es ahora el protagonista de los más gruesos cuestionamientos que rodean a la entidad recientemente, no solo por ser el funcionario que estuvo a cargo de la controvertida compra de seis camionetas de alta gama por $1.400 millones este año, sino por afrontar líos con la justicia al tiempo que hace parte del ente de control.
A escasos días de llegar a ese cargo, Gómez Trujillo ya había sido duramente cuestionado por personas como el exconcejal de Medellín, Alfredo Ramos Maya, quien sostuvo que este habría sido uno de los contratistas mimados durante la era de Daniel Quintero, recibiendo por lo menos cinco contratos de entidades como el Hospital General de Medellín y Terminales Medellín, por cerca de $203 millones.
Sin embargo, la nueva investigación que se ciñó sobre Gómez poco tiene que ver con ese pasado en la Alcaldía o con los otros líos que arrastra de sus tiempos como alcalde del municipio de Campamento, sino por cuenta de la contratación de un comunicador que estaba inhabilitado para ejercer cargos públicos pese a tener una condena penal.
Se trata de un funcionario identificado como Camilo Salas Santos, quien desde septiembre pasado había suscrito un contrato de prestación de servicios sin importar que en 2016 había sido condenado por intentar matar a una expareja, en medio de un proceso en el que incluso llegó a un preacuerdo con la Fiscalía tras aceptar su responsabilidad en los hechos.
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Si bien por ese caso Salas ya estaba en libertad, por cuenta del mismo cargaba a cuestas una inhabilidad para ejercer cargos públicos vigente hasta el 13 de febrero de 2025.
En un agravante para el caso, se presume que para poder legalizar su vinculación a la Personería, Salas habría presentado un certificado de antecedentes falso supuestamente emitido por la misma Procuraduría.
En el documento irregular, que fue hecho público por la misma Personería de Medellín, alcanzaba a leerse “no registra inhabilidades vigentes”, pese a que al consultarse en la página de la entidad con su cédula la misma arrojaba otro con una inhabilidad derivada de su proceso penal, aún vigente hasta el próximo año.
Aunque con esos dos documentos la Personería de Medellín envió una alerta a la Fiscalía con miras a la apertura de una investigación, la Procuraduría centró sus ojos en el personero auxiliar Gómez Trujillo, considerando que por cuenta de ese escándalo podría haber violado el régimen de inhabilidades.
“La Procuraduría Provincial de Instrucción del Valle de Aburrá investiga si el funcionario en cuestión avaló, para septiembre del presente año, la suscripción de un contrato de prestación de servicios con el comunicador social Camilo Salas Santos, quién fue capturado para la vigencia 2016 por intentar asesinar a su pareja sentimental en estado de embarazo, hechos por los cuales fue condenado, lo que ocasionó que estuviera incurso en una inhabilidad para ejercer cargos públicos”, informó el Ministerio Público en un comunicado, en el que advirtió que revisaría a todos los funcionarios que estuvieron involucrados en aprobar la documentación aportada por Salas y anticipó que ya había solicitado todo el acervo documental de dicho proceso a la Personería.
Con dicho proceso el cerco pareciera estrecharse cada vez más para Gómez Trujillo, quien desde la semana pasada ha afrontado múltiples cuestionamientos por varios manejos contractuales que le estaría dando a la entidad.
Además de la controvertida compra de las seis camionetas de $1.400 millones, otro grupo de contratos que ha levantado fuertes suspicacias para el personero auxiliar se ubican por fuera de Medellín.
Así lo denunció por ejemplo la abogada Gloria Jaramillo, más conocida como Tyche, quien alertó que en los escasos ocho meses de gestión que lleva el nuevo personero Mefi Boset Rave, la entidad a su cargo viene entregando a manos llenas contratos a entidades por fuera de Medellín.
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El caso más curioso se ubica en el municipio de El Peñol, el mismo en el que Rave fue personero entre 2019 y 2019, esta vez por cuenta de un paquete de contratos otorgados de forma directa a la Empresa Autónoma de El Peñol.
Aunque esta entidad se dedica principalmente a obras de infraestructura en ese municipio y otros de sus zona cercana, tras la llegada de Rave la Personería le ha entregado por lo menos cuatro contratos y comprometido $1.454 millones de recursos públicos, incluyendo adiciones.
El primer contrato es uno que aparece con el objeto de organización y ejecución de operaciones logísticas, por $900 millones; el segundo con el objeto de adquisición de bienes y servicios para garantizar el funcionamiento diario de la entidad, por $375 millones; otro de mantenimiento preventivo y correctivo de la sede de la entidad, por $30 millones; y otro para el mantenimiento de los vehículos de la Personería, en el que ya se han comprometido cerca de $149 millones.
Además de la modalidad de contratación directa, curiosa no solo para una entidad que en su labor misional procura por la transparencia y que en procesos de menor cuantía adopta mecanismos que incluyen más oferentes, los contratos llaman la atención por contrastar con otros similares firmados este mismo año.
Es el caso por ejemplo del contrato de mantenimiento de vehículos, que tan solo en abril pasado había sido firmado por un plazo de cuatro meses por un valor de $36 millones con un taller especializado en vehículos.
Sin embargo, cuando dicha tarea fue entregada a Empresa Autónoma de El Peñol (que en los certificados de experiencia poco acreditó en materia de vehículos), la Personería estructuró un contrato con una cuantía inicial de $100 millones y un plazo de cinco meses, sin importar que en los estudios previos del mismo aún aparecía un parque automotor de diez vehículos (el mismo número reseñado en el contrato de $36 millones).
Sin importar ese margen, luego de la primera tanda de tres camionetas nuevas compradas, la Personería firmó un otrosí por $49 millones.
En todos los cuatro contratos quien firma por parte de la Personería es el personero auxiliar Gómez Trujillo.
Aunque por el caso de Camilo Salas el personero Rave le salió al paso al escándalo señalando que la entidad rechaza la violencia contra las mujeres y que se instauró una denuncia en contra de Salas ante la Fiscalía, la entidad todavía guarda silencio por el caso de los contratos en El Peñol.
Desde el pasado jueves 21 de noviembre, este diario consultó con la Personería sobre el tema, pero hasta el cierre de esta edición no había obtenido respuesta.