El conflicto entre justicia internacional y diplomacia quedó en evidencia en el G7, donde los ministros de Exteriores no lograron una postura común frente a la orden de arresto emitida por la Corte Penal Internacional (CPI) contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu por la guerra en Gaza.
Sin embargo, en el comunicado final, las potencias simplemente señalaron que respetarán sus “obligaciones”, sin detallar qué significa esto en la práctica.
Para los expertos, la falta de claridad refleja las tensiones entre los intereses políticos de los países del grupo y las demandas del derecho internacional. Mientras algunos, como Reino Unido, respaldan a la CPI, otros, como Estados Unidos, ni siquiera reconocen su autoridad.
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El comunicado reitera que Israel debe respetar el derecho internacional humanitario y subraya que no se puede equiparar a un Estado como Israel con un grupo terrorista como Hamás. Sin embargo, el tema más espinoso, la orden de arresto contra Netanyahu y otros líderes, quedó sin una respuesta concreta.
La frase “respetaremos nuestras obligaciones” ha sido señalada de ambigua por las múltiples interpretaciones encontradas. Por ejemplo, países firmantes del Estatuto de Roma, como Italia, podrían verse obligados a detener a Netanyahu si visita su territorio. Pero esta declaración deja suficiente margen para que cada nación tome su propia decisión según sus intereses.
El grupo, conformado por Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido, mostró profundas diferencias en su tratamiento del caso. Reino Unido, uno de los principales defensores de la CPI, expresó su respaldo a la orden de arresto. Italia, el país anfitrión, quedó en una posición ambigua, mientras que Estados Unidos se negó rotundamente a aceptar cualquier acción contra Netanyahu, reafirmando su histórica alianza con Israel.
Italia enfrenta incluso tensiones internas: mientras la primera ministra Giorgia Meloni dijo que necesita tiempo para analizar el fallo de la CPI, su sociopolítico Matteo Salvini aseguró que Netanyahu es “bienvenido” en el país.
La orden de la CPI contra Netanyahu, su exministro de Defensa Yoav Gallant y el líder de Hamás Mohammed Deif, surge en un contexto de creciente presión internacional por los conflictos en Gaza y Líbano. Israel ha sido señalado de cometer violaciones al derecho humanitario durante sus operaciones militares, mientras que Hamás sigue siendo acusado de ataques indiscriminados contra civiles.
A nivel diplomático, la postura del G7 podría tener implicaciones importantes. Si los países firmantes del Estatuto de Roma no actúan, podrían debilitar la legitimidad de la CPI. Por otro lado, ejecutar la orden podría tensar las relaciones con Israel y sus aliados, especialmente Estados Unidos.
El Gobierno estadounidense, que no reconoce la autoridad de la CPI, fue uno de los principales factores para que el G7 no lograra un consenso. Washington argumenta que el tribunal podría ser utilizado políticamente contra sus líderes o aliados, y reafirmó su oposición a cualquier acción contra Netanyahu.
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Esta afirmación coloca a Estados Unidos en conflicto con sus socios europeos, especialmente Reino Unido y Francia, que consideran a la CPI una herramienta fundamental para garantizar justicia internacional.
Aunque la cumbre no resolvió el tema, el caso de Netanyahu seguirá siendo un foco de atención. Si viaja a países que reconocen la CPI, podría enfrentar arresto, dependiendo de cómo cada país interpreten sus “obligaciones” ante la CPI.
A nivel diplomático, la postura del G7 podría tener implicaciones importantes. Si los países firmantes del Estatuto de Roma no actúan, podrían debilitar la legitimidad de la CPI. Por otro lado, ejecutar la orden podría tensar las relaciones con Israel y sus aliados, especialmente Estados Unidos.
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