La Fiscalía General de la Nación imputó al exrector de la Universidad Tecnológica del Chocó (UTCH), David Emilio Mosquera Valencia, y a tres exfuncionarios y contratistas más por los delitos de peculado por apropiación, contrato sin cumplimiento de requisitos legales y falsedad ideológica en documento público. Todos son investigados por presuntos hechos de corrupción en un contrato celebrado en 2021, que tenía como objeto remodelar y modernizar los salones de clase de esa institución.
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A juicio del ente investigador, la adjudicación del contrato se habría hecho a dedo, además de que no se llevó a cabo su objeto. Además, habría habido irregularidades en la celebración y la ejecución del mismo.
La Fiscalía también imputó al exjefe de sistemas y soporte técnico, Yunner Eduard Moreno; al exjefe de contratación, Leiser Córdoba Mena, y al representante legal de la empresa que ganó la contratación, Francis Yoximar Palacios.
Cabe recordar que el exrector Mosquera venía arrastrando varias investigaciones ante la Procuraduría y ante el Ministerio de Educación por cuenta de malos manejos de la institución educativa.
Según dio a conocer la entidad, “el 21 de junio de 2021 fue celebrado un contrato para el fortalecimiento de herramientas tecnológicas en las aulas de clase de la sede principal de la UTCH, por un valor de $1.550 millones, en medio de múltiples anomalías y omisiones a la ley de contratación”.
Los cuatro exfuncionarios de la universidad son investigados por los hechos que rodearon la licitación del proceso, la cual no se realizó y luego fue declarada desierta para terminar siendo adjudicada a Francis Yoximar Palacios. Este hecho, presuntamente, implicó un direccionamiento. Entre tanto, Mosquera Valencia dio su visto bueno al contrato como representante legal del claustro.
Otro de los hechos que puso de presente la Fiscalía fue que, para agosto de 2021 (dos meses después de la adjudicación), Yunner Eduard Moreno certificó que el contratista había avanzado en un 15,8 % con la obra sin que hubiera un soporte verídico. Por ese supuesto avance se hizo un desembolso de $600 millones y un mes después la universidad aprobó una adición al contrato de obra por $300 millones más.
Vale poner de presente que luego de que empezaran a conocerse estas irregularidades, se halló un entramado de corrupción que terminó en un desfalco de $38.000 millones. Esto desencadenó en un paro estudiantil, docente y de directivos en 2023. De hecho, en febrero de ese año la Fiscalía judicializó a nueve personas —entre las que había funcionarios, exfuncionarios y contratistas de esa universidad— que estarían involucrados en ese desfalco.
La Universidad Tecnológica del Chocó ha estado envuelta en distintas problemáticas por sus manejos y por su inestabilidad institucional. Tanto así, que el 11 de julio pasado, en uno de sus últimos actos como ministra de Educación, Aurora Vergara apartó por un año a David Mosquera del cargo de rector y de representante legal de la institución. Ese año de suspensión tenía como objeto que, durante ese tiempo, se corrigieran las irregularidades que se habían detectado.
Tras esta decisión, como contó el Ministerio de Educación, “grupos ajenos a la universidad organizaron bloqueos violentos, impidiendo el acceso y la continuidad del servicio educativo”. Por otro lado, esa cartera halló irregularidades en aspecto como bonificaciones a docentes, pólizas de órdenes de servicio, imprecisiones en la política institucional, contratistas sin experiencia, falta de firmas en certificados, contratos con garantías extemporáneas, documentos desordenados y no foliados, pagos superiores a beneficiarios de créditos, pago a contratistas sin pruebas de ejecución, pagos de honorarios sin informes de ejecución, falta de soportes en contratos, así como posibles inconsistencias en informes financieros, en conciliaciones bancarias, en cuentas por cobrar, en cartera de estampillas.
Mientras avanza el proceso penal contra Mosquera y los otros exfuncionarios, la Procuraduría avanza en otra investigación contra el exrector por presuntas irregularidades en ese contrato, en el que habría habido falsificación de una firma y un indebido destino de recursos del Sistema General de Regalías.
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