No para la polémica en Medellín a raíz de la contratación en la Personería Distrital de la ciudad de un hombre que estaría inhabilitado para acceder al cargo público toda vez que fue condenado por intento de feminicidio a su excompañera sentimental, quien se encontraba en estado de embarazo, en 2016.
Ahora, una situación similar salpica a una de las entidades del conglomerado público de Medellín, la cual también celebró un contrato con el cuestionado sujeto pese al impedimento que se lo prohibía.
Resulta que luego de que a Camilo Francisco Salas Santos se le descubriera el contrato que tenía en la Personería de Medellín, pese a que la justicia lo había inhabilitado para celebrar contratos públicos hasta 2025, le apareció otro fugaz contrato en el Instituto Tecnológico Metropolitano ITM.
Según la denuncia hecha por el concejal José Luis Marín en sus redes sociales, aunque Salas está inhabilitado hasta febrero de 2025, figura como contratista del ITM para prestar sus servicios al Instituto de Vivienda de Medellín Isvimed.
Este diario encontró que el contrato de prestación de servicios entre Salas Santos y el ITM es el P-12532 de 2024 por $11 millones y fue firmado en julio de este año. Por el lado del ITM lo firmó Olga Lucía Gómez Hoyos, jefe de la Oficina de la Unidad Estratégica de Negocios del ITM.
Curiosamente en el contrato aparece que “el contratista Salas, para todos los efectos legales de este contrato, declara que no está incluido dentro de dichas inhabilidades e incompatibilidades legales”
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Para este fin, Salas debió haberle mostrado al ITM entre la documentación habitual, el Certificado de Antecedentes Disciplinarios; el Certificado Antecedentes Judiciales; el Certificado de Medidas Correctivas de la Policía y el Certificado de Inhabilidades Sexuales. ¿Mostró o no mostró dichos documentos? Es una pregunta que solo conocen en el ITM.
Salas y el ITM también pactaron informar por escrito y en forma oportuna los impedimentos para el cumplimiento del objeto contractual, referente a las obligaciones específicas; hecho que al parecer no ocurrió, pues el condenado e inhabilitado Salas comenzó a trabajar en el denominado “proyecto San Luis” del Isvimed como contratista del ITM el pasado 22 de julio. Su vínculo se extendería hasta el 21 de septiembre de 2024.
La supervisión del contrato de Salas Santos estaba a cargo de Juan José Builes Velásquez, jefe de la Oficina del Centro de Investigación y Extensión del ITM y quien aparece en el estudio previo del contrato como el solicitante de la vinculación del profesional.
De hecho, en dicho documento donde se hace mención al criterio de selección se lee que “La contratación se realizará con CAMILO FRANCISCO SALAS SANTOS (sic) quien cumple con los requisitos académicos para satisfacer la necesidad requerida por la Institución. CAMILO FRANCISCO SALAS SANTOS (sic) es profesional en el área social con 1 año de experiencia profesional. Se anexan certificados académicos que permiten acreditar la idoneidad del contratista para suscribir el contrato con el Instituto Tecnológico Metropolitano”.
Curiosamente, en el informe de desempeño de Salas Santos del pasado mes de agosto aparece que debía “informar por escrito y en forma oportuna los impedimentos para el cumplimiento del objeto contractual, referente a las obligaciones específicas”.
En respuesta a este ítem, el condenado Salas comentó: “Hasta la fecha del presente informe no se han presentado impedimentos que afecten el desarrollo contractual”.
Este diario contactó al ITM para conocer su postura frente al tema. Desde allí indicaron que su área jurídica está evaluando la denuncia y una vez puedan pronunciarse harán pública su posición.
De acuerdo con los registros judiciales, Camilo Francisco Salas Santos, fue capturado en mayo de 2016 por el intento de feminicidio de su excompañera sentimental, que para la fecha de los hechos tenía 23 años y se encontraba esperando un hijo del ya excontratista de la Personería.
Santos llevaba a su expareja a una reunión familiar y en el camino se hizo el varado, apagando el carro en el que iban, para que llegaran dos hombres en moto y apuñalaran a la madre gestante en 30 oportunidades, dejándola gravemente herida, en hechos ocurridos en la noche del 26 de junio de 2015 en La Estrella.
Según los relatos judiciales, Salas Santos se retiró del lugar en el carro mientras los motorizados agredían a la mujer. Estos escaparon y personas que transitaban por la zona la llevaron a un centro asistencial, donde no solo le salvaron la vida a ella, sino al bebé, que para ese momento ya tenía siete meses de gestación.
En medio de las audiencias se conoció que el estudiante de derecho de la Universidad de Antioquia le había solicitado en varias ocasiones a la mujer que abortara días antes de que sucediera este ataque, a lo que ella se había negado tajantemente, situación que llevó a que se presentara este hecho violento.
Por esta razón, Salas Santos, mediante un preacuerdo con la Fiscalía, fue condenado a ocho años y cuatro meses de prisión el 14 de octubre de 2016 por tentativa de homicidio agravado, pero el 14 de abril de 2020 se le dio la medida de libertad condicional a raíz de su buen comportamiento y otros beneficios.
Finalmente, el 5 de diciembre de 2023 le dieron la libertad definitiva, pero aún quedaba en firme la inhabilidad de Procuraduría para ejercer cargos públicos hasta el 13 de mayo de 2025.
Sin embargo, ante la oportunidad de ser contratista en la Personería, teniendo en cuenta las exigencias para trabajar en cualquier entidad del estado, habría optado por presentar un certificado falso de esta entidad para ocultar la sanción que tenía vigente para el contrato que comenzó el 18 de septiembre de 2024. ¿Habría hecho lo mismo en el ITM?