En lo corrido de este año, por lo menos 14 niños menores de cinco años han fallecido en Antioquia por desnutrición. Con esta cifra, el departamento es el tercero del país con más casos de este tipo. El primer lugar lo ocupa La Guajira con 31 niños fallecidos y Chocó con 28.
La alerta fue entregada este martes por la Procuraduría General de la Nación, que señaló que en todo el país han fallecido por lo menos 149 niños en esas condiciones en lo corrido de este año y se han registrado cerca de 21.867 casos de niños con cuadros de desnutrición, lo que equivale a un incremento del 7,19% en comparación con el mismo periodo del año anterior.
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En este último consolidado (con corte a la semana epidemiológica 44) Antioquia también ocupa el tercer lugar como el territorio con más reportes (2.468), estando por detrás de Bogotá (2.757) y La Guajira (2.483).
El número de menores fallecidos en Antioquia por esta causa en 2024 aún se mantiene tres casos por debajo del consolidado con el que culminó 2023, cuando fallecieron un total de 17 menores según los datos del Instituto Nacional de Salud (INS).
A nivel regional, los territorios del departamento más golpeados por esa problemática son Urabá, que en 2023 concentró la mayoría de casos. Por ejemplo, mientras en Turbo, Vigía del Fuerte y Murindó hubo dos fallecimientos en cada uno, en San Pedro de Urabá hubo otro.
Otros municipios en los que se registró un caso fueron Cáceres, San Pedro de los Milagros, Frontino, Medellín y Bello.
“Es inaceptable en derechos humanos que un niño o niña mueran por razones prevenibles y tratables. A pesar de que la muerte se llama desnutrición aguda, generalmente, es un problema de varios meses o años de carencia nutricional y hambre”, expresó a este diario en junio pasado el pediatra social y especialista en derechos de la niñez, Javier Díaz Amaya, a raíz de esta situación.
“Las muertes por desnutrición suelen revelar una cadena de vulneraciones y errores en la prevención, en la detección, en la atención y seguimiento en el sector salud, e incluso, en la inobservancia de la garantía integral de los derechos de la niñez desde otros sectores”, añadió el experto.
De acuerdo con los informes de programas como Antioquia Cómo Vamos se estima que en el departamento hay por lo menos 490.000 hogares categorizados como en inseguridad alimentaria.
En su más reciente informe de calidad de vida, publicado en agosto pasado, ese mismo programa alertó que al cierre de 2023 las subregiones con mayor porcentaje de hogares en algún nivel de inseguridad alimentaria estaba encabezado por el Bajo Cauca (89%), Urabá (88%), Magdalena Medio (84%), Norte (76%) y Nordeste (73%).
En contraste, las dos subregiones con ese porcentaje más bajo eran Oriente, con 56%, y el Valle de Aburrá, con 68%.
Entre tanto, la tasa de desnutrición aguda en menores de cinco años también viene creciendo de forma sostenida desde 2020, cuando ese indicador pasó de 194 ese año a 270,3 en 2021, luego a 465,3 en 2022 y a 521 en 2023 (dato preliminar).
En medio de este panorama, la administración departamental lanzó este año una estrategia con la que se busca combatir ese drama destinando los ingresos provenientes del impuesto vehicular, una de las rentas más importantes para el Departamento y equivalentes a cerca $300.000 millones al año.
Según quedó consignado en el Plan Departamental de Desarrollo, para el fin de este cuatrienio la meta de la Gobernación es reducir la prevalencia de inseguridad alimentaria y nutricional del departamento de 37,90 en 2023 a 35,90 para 2027.
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De igual forma, se proyecta reducir la prevalencia del riesgo de desnutrición aguda de 7,7 en 2023 a 6,7 en 2027.
Para este año, el Departamento señaló esperar invertir cerca de $324.000 millones en la lucha contra el hambre, sobre todo en poblaciones vulnerables como niños, familias gestantes y lactantes y adultos mayores.
Martha Cecilia Ramírez, secretaría de Salud de Antioquia, expresó precisamente este martes que durante los últimos meses las autoridades departamentales han incrementado sus esfuerzos para acompañar a los niños en riesgo de desnutrición, que al comienzo de este año se estimaron en aproximadamente 3.000 en el departamento.
A raíz de que la mayoría están en la zona rural y no acuden con frecuencia al sistema de salud, la funcionaria explicó que el plan de acción este año ha consistido en desplegar funcionarios en el territorio para ir a buscarlos y así focalizar el envío de paquetes alimentarios o la entrega de otras ayudas.
“Tenemos en seguimiento 3.000 niños que estaban en riesgo de fallecimiento y ya hemos recuperado 2.100. Desde Arrullos estamos atendiendo 11.000 familias gestantes para evitar que caigan en desnutrición. Se han entregado más de 4.600 paquetes alimentarios. Además, en 100 instituciones educativas tenemos jornada extendida”, expresó la funcionaria, añadiendo que en las comunidades indígenas también se están incrementando los esfuerzos para dar y atender a los menores en riesgo.
En Medellín, otra iniciativa que este año fue lanzada para combatir el hambre, en la que además del gobierno distrital participa el sector privado, se trata de la alianza Medellín Cero Hambre, que se estableció la meta de calmar el hambre de 350.000 personas,
Entre tanto, la Procuraduría General de la Nación reiteró su llamado para que tanto desde el orden nacional como territorial se redoblen los esfuerzos para evitar que los menores de edad continúen falleciendo por no tener qué comer.