En una redada, agentes de la Policía capturaron a siete taxistas señalados de conformar una banda que se habría adueñado de varios acopios en el barrio El Poblado y tendría azotados a otros taxistas de la zona.
Según sostuvo la Fiscalía, se trataría de una agrupación que delinquiría por lo menos desde hace 12 años y que habría cooptado múltiples acopios ubicados principalmente en el sector de Provenza y las inmediaciones de la estación Poblado del metro.
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De acuerdo con ese ente, la forma de operar de la banda consistiría en que entre los siete integrantes se repartirían los acopios y en cada uno de ellos presuntamente le exigían a otros taxistas y conductores pagarles entre $5.000 y $30.000 semanales para poder trabajar en esas zonas.
En caso de negarse, aquellos que se atrevieran a utilizar esos acopios podrían exponerse a que les dañaran los vehículos o incluso sufrir atentados contra su vida.
Las autoridades sostuvieron que dicha banda también obligaría a otros conductores a comprarles drogas ilegales a cambio de no tener que pagar la extorsión.
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“Durante la investigación, se evidenció que una de las víctimas entregó un total de $4.000.000; otro habría entregado $800.000 por el derecho a estar en el acopio, además de pagar $30.000 semanales”, sostuvo la Fiscalía en un comunicado.
De acuerdo con los cálculos de los agentes del Gaula de la Policía, la agrupación habría llegado a obtener rentas ilegales de unos $5 millones semanales por cuenta de esas extorsiones.
Según la Policía, en el sector la banda sería conocida simplemente como Los Taxistas y se presume que estaría alineada con otros grupos delincuenciales con presencia en El Poblado como La Terraza.
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Tras ser detenidos por la Policía y quedar a disposición de la Fiscalía, los siete implicados fueron llevados ante un juez de control de garantías, en donde el ente acusador les imputó los delitos de concierto para delinquir y extorsión agravada.
Pese a que los siete detenidos insistieron en su inocencia y no se allanaron a los cargos, el juez decidió imponerles medida de aseguramiento y enviarlos a la cárcel mientras se determina su culpabilidad en un juicio.
Esta no es la primera vez que las autoridades relacionan a vehículos de servicio público con bandas criminales en Medellín.
En marzo de 2021, la Fiscalía había iniciado un proceso de embargo contra por lo menos 14 taxis que se presumía estaban vinculados también a la agrupación La Terraza.
Tal como lo contó este diario en su momento, los vehículos de servicio público se han vuelto apetecibles para esas organizaciones por permitirles mover por la ciudad a sus integrantes sin llamar la atención, así como transportar drogas y armamento.
En otros casos se ha conocido que este tipo de vehículos son también empleados para blanquear dinero.