Salvatore Mancuso y otros 45 exintegrantes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) fueron condenados. La decisión fue tomada por la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Barranquilla al encontrarlos responsables de hasta 1.323 crímenes.
Mancuso y los demás condenados son responsables de cometer hasta 1.323 crímenes en el departamento de Norte de Santander entre mayo de 1999 y diciembre de 2004.
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La decisión de la Sala de Justicia y Paz, indicó la Fiscalía, se tomó luego de valorar varios elementos de prueba que entregaron desde el ente acusador.
“La decisión da cuenta 568 hechos de homicidios, entre ellos los perpetrados durante las masacres de Villa del Rosario, Arboledas, Los Patios, El Tarra y Tibú”, indicó la Fiscalía.
La justicia también los encontró responsables de 55 casos de desaparición forzada –la mayoría de ellos eran civiles y representantes de las comunidades que fueron retenidos sin que hasta ahora se conozca su paradero– y 700 eventos asociados con el desplazamiento forzado.
“Las víctimas de estas conductas fueron personas protegidas, entre población civil y representantes de las comunidades, quienes fueron instrumentalizados para ejecutar actos delictivos en la región o señalados equivocadamente de colaborar con otros grupos armados al margen de la ley”, señaló la Fiscalía.
Salvatore Mancuso está libre desde el pasado 10 de julio cuando el Inpec le dio el boleto de salida de la cárcel La Picota en Bogotá. Desde entonces se desempeña en el rol de gestor de paz, designado por el Gobierno del presidente Gustavo Petro.
La nueva condena le impuso a Mancuso una pena de 480 meses en prisión. Los exparamilitares recibieron penas entre los 240 y 480 meses en la cárcel. Todos deberán pagar multas económicas que llegan hasta los 5.000 salarios mínimos mensuales.
Todos los condenados se pueden acoger a la pena alternativa de ocho años en prisión, según quedó establecido en la ley de Justicia y paz.
La designación del exparamilitar como gestor de paz implica que ahora puede ejercer como facilitador o intermediario entre grupos armados ilegales y el Gobierno Nacional con el propósito de lograr negociaciones, desmovilizaciones y hasta el sometimiento de los grupos criminales.
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El mecanismo no es nuevo. Se reglamentó en 1997 a través de la ley 418. Allí quedó establecida la facultad del presidente para pedir la suspensión de los procesos judiciales de exmiembros de los grupos armados para que puedan mediar en el alcance de acuerdos humanitarios.
De hecho, el expresidente Álvaro Uribe hizo uso de la figura durante su mandato. Para entonces nombró gestores de paz a guerrilleros que estaban presos para que lograran la desmovilización de los entonces miembros de las Farc.