La inminente salida de circulación de la casi tercera parte de la flota de buses y colectivos del municipio de Rionegro prendió las alarmas en este municipio del oriente antioqueño, toda vez que el suceso habría dejado en vilo un servicio público esencial. A raíz de esta situación la alcaldía tomó una determinación que si bien palia en el corto plazo el asunto, también causó discordia entre algunos transportadores.
Recientemente se conoció que cerca de 70 buses y colectivos adscritos a algunas de las seis empresas de transporte público en Rionegro saldrían de circulación al finalizar este 2024, toda vez que estos habrían cumplido su vida útil de 20 años de servicio.
La cuestión es que la salida de los automotores dejaría un hueco enorme para cubrir las 31 rutas urbanas y rurales de este territorio que actualmente mueven a miles de usuarios por medio de los 244 vehículos hoy activos. Y ni que decir de las carencias económicas que se generarían para las propietarios y sus familias tras el veto a los buses y colectivos ya caducos.
A raíz de esta situación y de otros motivos, la Alcaldía de Rionegro, a través de la Secretaría de Desarrollo Territorial y la Subsecretaría de Movilidad, autorizó la expedición de tarjetas de operación transitorias con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2025 para estos automotores.
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Esta medida está sujeta al cumplimiento de los siguientes requisitos: que los propietarios muestren la certificación del contrato de vinculación de los vehículos cuya vida útil ha culminado y la presentación del certificado de condiciones óptimas de funcionamiento, que incluye la revisión técnico-mecánica y el cumplimiento de las normas de emisiones de gases.
En diálogo con EL COLOMBIANO, el secretario de Desarrollo Territorial de Rionegro Andrés Aristizabal, explicó que si bien el municipio se ha embarcado desde hace ocho años en la modernización de la flota de transporte público, lo hecho hasta ahora ha resultado insuficiente para atajar las necesidades en movilidad de un territorio con un crecimiento exponencial.
“Primero hay que indicar que la modernización de vehículos es una norma nacional y no un capricho de la Alcaldía, y esta apunta que el cambio de vehículos debe hacerse a los 20 años de estar en circulación. La cuestión es que si bien este año ha habido una gestión por parte de transportadores y empresas para conseguir los vehículos nuevos o sus chasis, en el país no hay suficiente disponibilidad de estos. Por eso la modernización en Rionegro está estancada”, comentó.
Según Aristizabal, los transportadores y las empresas han manifestado que hay unas limitaciones del mercado que impiden la modernización y por ende la renovación de la tarjeta de operación –documento esencial para poder prestar el servicio público–, por lo que, de aplicar la norma a rajatabla, dejaría a parte del municipio sin el esencial servicio.
“Como esta situación afecta a los usuarios, esto hace que como municipio evaluemos la situación. Y luego de confirmar con las empresas de automotores lo explicado por los transportadores encontramos que el mejor camino, con base en lo que la ley permite, es extender por un año más la tarjeta de operación mientras que se den las condiciones en el mercado para adquirir los nuevos vehículos y así garantizar la prestación de este servicio que ya tiene ciertas dificultades en Rionegro”, detalló el funcionario.
La cuestión es que en el anuncio hecho por la Alcaldía se comentó que los vehículos cobijados por la Ley 2198 –que estableció a raíz de la pandemia una extensión de cuatro años en la vida útil de los vehículos que saldrían de circulación entre el 12 de marzo de 2020 y el 25 de enero de 2022– y cuya vida útil culmina este año, no serían beneficiarios de la extensión. Esta situación causó polémica entre varios conductores que alegan que sí deberían verse beneficiados.
“Decisiones como esta son una prueba más de la improvisación que vive Rionegro desde hace tres periodos en temas de transporte.Todo esto de las extensiones de tiempo se pudo haber evitado si se hubiera logrado la concertación para incluir todos los vehículos en la Ley 2198 como ya pasó en el Área Metropolitana, en Guarne y en Marinilla. Pero el alcalde pasado y el presente no lo hicieron y lo que se anuncia hoy no es un favor el que el alcalde le hace al transporte y a los usuarios del servicio, es una clara solución improvisada ante su propio error”, detalló Carlos Osorno líder de los transportadores de Rionegro.
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Ante esto, para el secretario Aristizabal, lo planteado por los inconformes es una mala interpretación de la norma.
“Esa ley dice que se extiende la vida útil para cuatro años más pero para los vehículos de ese lapso de tiempo. Si hay vehículos que se les cumplió el 26 de enero de 2022, salen de circulación en 2026. Lo que se afectó en pandemia los cubre la ley de pandemia. Y según tengo entendido apenas fueron apenas siete vehículos los que cobijaba esa norma”, dijo.
Bajo la misma línea, otro anuncio importante hecho por Aristizabal tiene que ver con la decisión de actualizar el Estudio Técnico de Movilidad en los próximos días. Por ello se iniciará la contratación por cerca de $1.300 millones de un modelo por cuatro etapas para con él realizar un estudio robusto que determinará como se mueven los rionegreros y la población del oriente que confluye allí.
“Este estudio con estándares internacionales durará siete meses y nos permitirá tener una información veraz y certera para tomar decisiones sobre el transporte público que requiere una urgente modernización. Y por eso se requiere un estudio completo toda vez que el último estudio en ese sentido se hizo en 2016 para el Sitirio y los datos obtenidos en ese entonces no sirven hoy porque las dinámicas del municipio han cambiado mucho”, detalló.
Según Aristizabal dichas conclusiones permitirán redefinir las rutas, tener claridad de la capacidad transportadora del transporte colectivo y del individual y definir la estructura tarifaria y los sistemas tecnológicos requeridos para una movilidad fluida.
“Estamos buscando pasar de un modelo monocéntrico a uno troncalizado. Es decir que al centro de Rionegro dejen de entrar más de 6.000 viajes de transporte público al día –municipal e intermunicipal– para pasar a un servicio público que tenga como ejes el aeropuerto y la nueva terminal de buses que se inaugurará el próximo año. El estudio debe ser riguroso para que podamos mostrar sus conclusiones al Ministerio de Transporte para así refrendar las decisiones que tomemos de él”, apuntó el secretario.
“En la Alcaldía a veces hablan de estudios de movilidad, y luego de estudios para reestructurar el transporte, que son dos cosas diferentes. Es difícil encarar temas serios de movilidad en Rionegro cuando no hay claridad en cosas tan básicas. Además hay que preguntarse ¿de los tantos estudios de movilidad que se han hecho por qué no se han aplicado las conclusiones de los mismos en todo este tiempo?”, inquirió Osorno.
Según el líder de los transportadores, En Rionegro se han gastado en estudios para reestructurar el transporte y para movilidad cerca de $30 mil millones, que hoy no se reflejan en los resultados viales.P
“Pero, aun así, siguen derrochando el escaso dinero con que hoy cuentan en más estudios. ¿Y por qué? porque como nos han dicho algunas personas, la tarea de este alcalde es con esos estudios montar cualquier cosa, como las troncales, para salvar al gobernador y exalcalde Andrés Julián Rendón y al también exalcalde Rodrigo Hernández de una posible investigación por detrimento económico”, añadió.
Finalmente, frente al tema de la modernización, la Alcaldía hizo otro anuncio.
El primero es que, buscando que la modernización sea masiva, el municipio hizo un vínculo con Bancoldex para crear una banca “de segundo piso” por más de $1.000 millones en principio con los que se busca subsidiar las tasas de interés de los propietarios que modernicen sus vehículos. .
“Es decir que si por ejemplo el propietario debe hacer una inversión de $300 millones, se le podría ayudar con $65 millones en tasas de interés”, detalló Aristizabal.
Según el secretario si bien el fondo hoy tendría $1.000 millones, de requerirse más plata se podría financiar también con la sobretasa de parqueaderos –que está destinada a modernizar el transporte público y puede tener en caja hoy 3.000 millones–; y con la contraprestación aeroportuaria que aportaría otros $1.700 millones.
“Y habrían más recursos en la medida de que podamos revisar otros subsidios para la modernización. La meta es tener el mejor transporte público posible con calidad y eficiencia. Y para esa meta, lo que la ley nos permita invertir lo invertiremos”, añadió Aristizabal.