Uno de los hechos que más víctimas dejó el conflicto armado en Antioquia, y que sigue causando estragos todavía, es el desplazamiento forzado. Miles de familias tuvieron que huir de sus tierras, dejar el arraigo campesino, sus cultivos y sus animales. Muchas veces salieron con lo que tenían puesto, cruzando montes por largas horas, con niños y niñas, incluso de brazos, para salvar sus vidas. Llegaron a ciudades ajenas a ellos, como Medellín, pero muchos tuvieron siempre la esperanza del retorno al campo.
De acuerdo con la Unidad para las Víctimas, gran parte de la concentración de desplazamientos forzados se dio entre 1996 y 2004, la época más cruenta del conflicto armado, pero desde 2017, en el departamento, alrededor de 1.200 personas se acogieron a procesos de retorno a sus tierras, un camino largo que no es simple, porque para volver requieren condiciones de seguridad y la garantía de que hechos como los que los hicieron salir la primera vez no van a ocurrir de nuevo.
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Ahora, la buena noticia es que esas 1.200 familias forman parte de los primeros cuatro procesos de retorno y reubicación que la Unidad para las Víctimas acaba de completarse en Antioquia en veredas de Carolina del Príncipe, Norte antioqueño, San Roque, Nordeste, y El Carmen de Viboral y El Peñol, Oriente, según confirmó Claudia Patricia Vallejo, directora de la entidad en el departamento.
No es solamente volver a la tierra, sino que las familias logren recuperar el arraigo con calidad de vida, por medio de buena infraestructura, proyectos productivos, mobiliario comunitario para recuperar el tejido social que el conflicto destruyó, escuelas, mejoramiento de viviendas rurales, centros de salud, tecnología, dotaciones, acceso a servicios públicos, legalización de predios y espacios culturales y deportivos, entre otros. Todo esto fue contemplado en los planes que concluyeron las 1.200 personas.
Para las personas que retornan no es tampoco fácil comenzar de nuevo y muchas veces se enfrentan a la lentitud de procesos complejos como estos. Por ello, los habitantes que lograron terminar están con las esperanzas puestas en los insumos y espacios que lograron.
El primer lugar es la vereda Claritas, en Carolina del Príncipe, la primera comunidad que implementa en el departamento un plan para consolidar el retorno tras haber vivido el desplazamiento por causa del conflicto.
Allí, los habitantes y líderes comunitarios manifiestan que han logrado irse apropiando del territorio tras el retorno, volver a tirar charco, reunirse en las casas, jugar fútbol, actividades que la guerra les obligó a dejar. Este plan de retorno les ha permitido tener una memoria histórica sobre el pasado de conflicto armado, para no olvidarlo, pero sí para transformarlo. En esta vereda recibieron dotación tecnológica de la escuela rural y en la Junta de Acción Comunal, lo que los ayuda a recuperar los lazos entre familias y vecinos en pro del desarrollo de la vereda.
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“Nos ayudaron mucho a sanar y hacer los duelos porque había gente traumatizada. También a perdonar y desahogarte por lo que vivimos y tener otra vez confianza en nosotros”, dijo Elizabeth Avendaño, presidenta de la Junta de Acción Comunal de Claritas.
En la vereda San Juan, de San Roque, los beneficiarios también celebraron los avances en materia de retorno, un hecho que viven después de sufrir un desplazamiento masivo en 2002. Diego Ángel Valencia, líder de la comunidad, contó que el plan de retorno los animó a volver a la vereda, empezar de cero, reformar los cultivos y sacar adelante proyectos productivos de caña y café, después de encontrar las fincas vacías cuando decidieron regresar.
“A nosotros nos tocó salir de un día para otro, nos tocó desocupar la vereda completica. Unos se fueron el día antes en la noche y otros al otro día en la madrugada. Los que estaban trabajando en el corte, los que estaban moliendo en los trapiches dejaron como estaba, porque la orden de ellos fue: ‘se van si no quieren morirse’. Entonces, la gente, como estaban las máquinas, como estaban las casas, animales, todo quedó tirado en las fincas, ahí no se pudo sino sacar la ropa y salir”, recordó Diego. Aves de corral, café, caña, cerdos, todo lo perdieron con ese desplazamiento. Parte del plan de retorno en esta comunidad también fue el mejoramiento de la caseta comunal, donde se hizo el acto simbólico de clausura del proceso.
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Otra vereda que también concluyó el plan es La Florida, en El Carmen de Viboral, donde entre las últimas actividades recibieron 32 paquetes de dotación de herramientas, solicitadas por la misma comunidad, para realizar las labores de campo que requieren y sacar adelante proyectos productivos, fortalecer huertas y cercar fincas, explicaron Dora Vargas, presidenta de la JAC de la vereda, y otros líderes.
Allí, también en articulación con la administración municipal, los habitantes recibieron estos insumos con el fin de que sigan desarrollando con más facilidad las labores del campo, donde esperan fortalecer el arraigo que un día perdieron por causa del conflicto armado que los obligó a dejar sus tierras.
Las dos últimas veredas en las que se concluyeron estos procesos son Bonilla y La Meseta, en El Peñol, donde se cumple por estos días la última acción del plan de retorno: la entrega de una placa huella que busca mejorar las vías de acceso, para que los campesinos puedan movilizarse con más facilidad, pero también para sacar los productos que se dan en sus tierras.
La directora Vallejo sostuvo que allí se invirtieron $125 millones para que puedan terminar el mejoramiento de la vía, pero también se han hecho, en articulación con la alcaldía, 25 acciones de proyectos agrícolas y de acompañamiento psicosocial a las víctimas que retornaron de forma voluntaria y a quienes se les deben garantizar las condiciones de seguridad y la no repetición de hechos como los que ya vivieron por causa de la guerra, que también dejó desapariciones forzadas, reclutamiento, homicidios y otros hechos victimizantes para la población civil.
Desde la Unidad informaron también que en el último trimestre de este 2024 se terminará con una inversión de más de $3.000 millones para proyectos agropecuarios y obras de infraestructura en veredas y corregimientos de otros municipios como Sonsón, La Unión, Alejandría e Ituango para avanzar con los planes de retorno.
“En total, la Unidad para las Víctimas, la Gobernación de Antioquia y los municipios invirtieron cerca de $1.500 millones en la implementación de estos cuatro Planes de Retorno y Reubicación de desplazados”, concluyeron desde la Unidad.