El proyecto de ordenanza con el que el gobernador Andrés Julián Rendón busca establecer una tasa cobrada a través de los servicios públicos a los estratos 4, 5 y 6 para financiar su estrategia de seguridad sigue a paso firme en la Asamblea, donde recibió el espaldarazo de la Comisión Primera para pasar ahora a discutirse en plenaria, donde, sobre el papel, tiene mayorías con los votos de su partido Centro Democrático, además de los conservadores y liberales, que le permitirían prescindir de la bancada de Creemos que se distanció totalmente del proyecto.
Sin embargo, en múltiples sectores el proyecto de Rendón sigue sumando rechazos enfáticos. Ahora se sumó la Mesa de Empleo y Competitividad que advirtió que el impuesto de Rendón sería un “golpe directo a la economía y competitividad de Antioquia”. “Rechazamos categóricamente la imposición de nuevos impuestos, incluyendo la tasa a los servicios públicos propuesta por el Gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón”, expresó a través de un comunicado la Mesa que acoge a 35 organizaciones gremiales que representan cerca de 3 millones de empleos formales.
Para la Mesa, esta tasa, que podría “incrementar hasta en un 10% las facturas de servicios públicos para personas naturales y empresas”, es considerada como un golpe directo a la economía y la competitividad del Departamento. Y señaló que las empresas que ya enfrentan “los estragos” de 22 reformas tributarias recientes y por tal razón, a su juicio, no pueden soportar nuevas cargas que las empujen aún más hacia la ineficiencia y la pérdida de empleos.
“Es infame que, en un contexto de desaceleración económica, donde necesitamos atraer inversión, un departamento como Antioquia quiera imponer una tasa adicional a los servicios públicos”, señaló Andrés Botero, director ejecutivo de la Cámara Ambiental de Plástico. “Esto contradice la narrativa de Antioquia como un lugar ideal para invertir y vivir”, reiteró.
También apuntó el comunicado, que según la firma Price Waterhouse Cooper, Colombia tiene una tasa de impuestos empresariales del 69.8%, una de las más altas del mundo. “Este nivel de carga fiscal ya es insostenible. Imponer más impuestos, especialmente en un departamento con desafíos logísticos y un 43% de su población en pobreza, es condenar su desarrollo”.
La Mesa le pidió al gobernador nuevamente desistir del proyecto y concentrar los esfuerzos políticos para exigirle al Gobierno Nacional “una correcta administración de los impuestos existentes, en lugar de imponer nuevas cargas. La seguridad debe garantizarse con los recursos ya recogidos. Más impuestos solo profundizan la desigualdad y frenan la generación de riqueza, que es clave para disminuir la inseguridad”.
“La posición es clara: no es momento de imponer más impuestos, ni a nivel regional ni nacional. Por el contrario, es urgente generar condiciones para el crecimiento económico y el empleo, elementos fundamentales para superar los retos sociales que enfrenta Antioquia y Colombia”.
Ya esta misma semana, el presidente de la Andi, Buce Mac Master había señalado que cargas tributarias como la que pretende imponer Rendón en Antioquia son un motor de desaparición de empresas y tejido empresarial. “Los funcionarios públicos siempre creen que las empresas y ciudadanos pueden pagar ‘un poco más’ y de gota en gota se llena el cántaro, obligando a las pymes, emprendimientos y empresas a irse a otros lugares o simplemente desaparecer”.
La posición de la Andi sobre este proyecto de ordenanza ha sido una de las más enfáticas y radicales, advirtiendo que cientos de empresas podrían cerrar en masa si este se aprueba. El gremio manifestó que la energía eléctrica representa el 66% de los costos de producción en algunas industrias, pero no todas las empresas se afectarán igual, pues algunas organizaciones dependen más de ese servicio público, por lo que no podrían soportar el aumento en los costos.