Con 59 votos a favor y solo uno en contra, la plenaria del Senado aprobó en segundo debate el proyecto de ley que busca transformar el sistema judicial en Colombia, con el fin de agilizar los procesos y reducir los niveles de impunidad. La reforma fue respaldada por todas las bancadas y ahora continuará su trámite en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes para su tercer debate.
La propuesta, que contó con la participación activa del Ministerio de Justicia, la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía General de la Nación, introduce modificaciones claves a la justicia penal, como la aplicación del principio de oportunidad, la figura de la reparación integral, y la concesión de beneficios por allanamientos y preacuerdos.
Además, establece cambios en el sistema acusatorio y busca desarticular bandas criminales involucradas en delitos como el terrorismo y la extorsión.
Carlos Fernando Motoa, senador y ponente del proyecto, expresó que la reforma “no busca otra cosa que descongestionar el sistema, agilizar la aplicación de penas y recuperar la confianza en el poder judicial”. Según el congresista, la aprobación de la iniciativa es el resultado de semanas de trabajo conjunto con las principales entidades judiciales del país, incluido el respaldo del Gobierno.
“Este es un avance significativo para el país. La reforma no solo permitirá mejorar la eficiencia del sistema, sino que también dará un paso importante hacia la reparación de las víctimas y la reducción de la criminalidad”, señaló.
Además, destacó que el proyecto busca abordar varios de los problemas estructurales que enfrenta la justicia colombiana, como la congestión judicial y la impunidad. “Estamos construyendo una justicia más rápida, más justa, que no solo beneficia a los implicados, sino a toda la sociedad”, agregó Motoa.
El senador de Cambio Radical explicó que recientes cifras de entidades como el DANE indican que entre 2019 y 2023 la confianza en los jueces y magistrados disminuyó del 16.3% al 12.8%. “Una reducción de casi 4 puntos porcentuales que significa que la impunidad y la congestión viene afectando las instituciones y la legitimidad de la rama judicial”, dijo.
“Este proyecto busca solucionar en gran parte, teniendo en cuenta los principios del sistema acusatorio, la problemática de impunidad y de congestión judicial”, aseguró Motoa.
“Además, el país no solo enfrenta problemas en términos de congestión –con jueces que tienen más de 400 casos anuales– o casos que tardan mucho en resolverse –con un promedio de 3.5 años–, sino que lidia con un sistema penitenciario que registra un hacinamiento del 55% y donde el 18% de la población carcelaria es reincidente”, explicó.
Gerson Chaverra, presidente de la Corte Suprema de Justicia, también respaldó la reforma y destacó que los cambios traerán resultados concretos en los próximos años.
“Les doy mi palabra de juez que es una buena reforma y estoy dispuesto a estar aquí frente a ustedes a responder en dos años con los resultados con cifras, les vamos a demostrar que en esos casos los niveles de impunidad y la congestión judicial se van a reducir de manera significativa”, afirmó Chaverra.
El proyecto, ahora en manos de la Cámara de Representantes, es visto como un paso clave en la modernización del sistema judicial colombiano, con el objetivo de hacer más eficientes los procedimientos penales y reducir la carga procesal.