La aplanadora del gobernador Andrés Julián Rendón venció ayer en la Asamblea de Antioquia. Con 14 votos positivos y 10 en contra, la plenaria de esa corporación dio su visto bueno para la imposición de una nueva tasa especial de seguridad que se cobrará vía servicios públicos a partir del próximo año.
Pese a que en el segundo debate se cumplieron las previsiones, en las que desde finales de noviembre pasado los cálculos preliminares favorecían a Rendón, durante la sesión de este miércoles los ánimos volvieron a tensarse, sobre todo entre los gobiernos de Medellín y Antioquia.
Aunque desde ambos extremos de la Alpujarra aseguran que no hay una ruptura, el alcalde Federico Gutiérrez le subió ayer el tono a las advertencias y anticipó que sin importar lo decidido por la Asamblea, EPM no se prestará para aplicar ese cobro en las facturas de servicios públicos.
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“Yo ya se lo he expresado al gobernador: a través de EPM no vamos a hacer ese cobro del aumento de la tarifa de energía”, sentenció Gutiérrez.
“No estoy de acuerdo con nuevos impuestos o tasas a ciudadanos y empresas. No estoy de acuerdo con que se afecte la tarifa de energía a través de la cuenta de servicios públicos. Como alcalde de Medellín y presidente de la Junta Directiva de EPM no permitiré que se haga dicho cobro a través de la cuenta de servicios públicos”, había también expresado el alcalde en su cuenta de X pocos minutos después de iniciarse la sesión en la Asamblea.
Si bien el alcalde no entró en mayores detalles, sus declaraciones abrieron la interrogante de si desde el Distrito o EPM se estaría evaluando alguna acción con miras a que se revise la legalidad del ya aprobado proyecto.
En noviembre pasado, el gerente de EPM, John Maya Salazar, planteó en un oficio enviado a la Asamblea no ver viable jurídicamente la imposición de dicha tasa.
“Entre los posibles riesgos legales y normativos asociados a la implementación del recaudo se encuentra la vulneración del principio de legalidad tributaria, lo cual podría derivar a su vez en la nulidad de la disposición que lo adopte”.
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“Además, esta situación podría generar inseguridad jurídica tanto para EPM como para los usuarios, conllevando conflictos legales, reclamaciones frente a su inclusión en la factura de servicios públicos domiciliarios e investigaciones administrativas a EPM por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, derivados de la falta de una base normativa sólida que sustente la obligación del recaudo”, expresó en dicho documento Maya Salazar el pasado 22 de noviembre.
Minutos después de las declaraciones de Gutiérrez, Rendón respondió nuevamente a esos cuestionamientos e insistió en que la tasa es la única alternativa para que la Gobernación pueda recaudar $1,2 billones en lo que queda de este cuatrienio.
Pese a que el mandatario departamental no asistió a la Asamblea y envió a su secretario de Hacienda, Santiago Valencia González, para instalar el período de sesiones extraordinarias, hacia las 10:00 a.m. citó a una rueda de prensa en la Gobernación para replicarle a Gutiérrez, en un gesto que luego generó controversia en la Asamblea.
“La realidad por fuera de Medellín es bastante difícil para el departamento de Antioquia y a nosotros nos corresponde actuar. Medellín es una ciudad con un gran presupuesto”, contestó. “Quién dijo que establecer y poner sobre la mesa un nuevo tributo sea cómodo, es fastidioso, a todo el mundo incomoda. Lo tratamos de hacer de la manera más progresiva. El 85% de los suscriptores residenciales no pagarían la tasa y más del 60% de los no residenciales pagaría menos de $30.000”, añadió posteriormente.
A renglón seguido, Rendón volvió a insistir en que los cuestionamientos jurídicos de EPM no tendrían asidero y acusó a la compañía de aplicar un doble rasero, planteando que mientras en Antioquia cuestiona su proyecto, a través de sus filiales ya aplica la tasa en otros departamentos.
Durante la sesión de este miércoles, además de ese cruce de declaraciones, varias agremiaciones económicas y gobiernos municipales volvieron a insistir en sus posiciones.
Por ejemplo, mientras desde agremiaciones como Fenalco y el Comité Intergremial de Antioquia insistieron que los empresarios no aguantan más impuestos y consideraron que el tributo no se concertó con ellos, alcaldes de municipios como Girardota, Amagá, Anzá, entre muchos otros, señalaron que las inversiones en materia de seguridad no darían espera.
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“Las empresas todavía están golpeadas por la tributaria que nos clavaron hace dos años, la ley de financiamiento que se está hablando en el Congreso, están asimilando la reforma laboral que también se está hablando en el Congreso y muchos otros temas, para que ahora llegue una tributaria regional como esta, vestida de sobretasa”, señaló, por ejemplo, María José Bernal Gaviria, directora ejecutiva de Fenalco Antioquia.
“Ningún empresario está de acuerdo con que se imponga a la fuerza, como lo están haciendo, una tasa de seguridad que no contó con diálogo”, dijo Nicolás Posada, presidente del Comité Intergremial de Antioquia.
Pese a que durante la mayor parte del debate los bandos de lado y lado parecían cerrados, poco antes de la votación, luego de un receso de media hora, el bloque de gobierno y la administración departamental incorporaron una proposición formulada por la Andi, que alivió la tasa que será cobrada sobre todo a las grandes empresas industriales y comerciales.
Según había argumentado esa agremiación desde el 26 de noviembre, dado que el mayor impacto de la tasa sería asumida por la industria –según sus cálculos el 43% del recaudo esperado por la Gobernación recaerá sobre la industria, con cerca de $179.000 millones al año– se haría necesario establecer un tope máximo para las grandes industrias.
De acuerdo con esa idea, si una empresa industrial consume al mes más de 400.000 kilovatios hora, el tributo solo debía llegar hasta ese valor y quedar exento el resto.
Durante la sesión, la Gobernación accedió a incrementar ese rango a 500.000 kilovatios hora al mes, e incluyó también a los clientes comerciales con un tope de 70.000 kilovatios hora al mes.
De acuerdo con el diputado Luis Gabriel Gómez, uno de los ponentes del proyecto de ordenanza, dichos topes representarían un impacto negativo en el recaudo de $160.000 millones, de los $1,2 billones esperados.
Dicho faltante, añadió, se distribuirá en todos los frentes de inversión de forma proporcional.
Con el visto bueno de este miércoles, el gobernador logró vencer un pulso que venía avanzando desde julio pasado, cuando esa misma iniciativa había naufragado en la Asamblea, luego de que el movimiento Creemos radicara una ponencia negativa.
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El pasado 8 de noviembre, Rendón informó a la opinión pública su intención de volver a radicar el proyecto, que pasó el pasado 26 de noviembre en la Comisión Primera con 6 votos a favor y solo dos en contra.
Según ha anticipado Rendón, dichos recursos serán invertidos en cinco frentes principales, que incluyen $600.000 millones para cámaras de seguridad, $300.000 millones en placas polideportivas, $114.000 millones en fortalecer la dotación del Ejército y la Policía, $194.000 millones en la construcción de una cárcel departamental para sindicados y $42.000 millones en mejoramientos de infraestructura en instalaciones de la Policía, el Ejército y la Armada.
A pesar de la aprobación de la Asamblea, todavía no es claro cuál será el futuro de la tasa, sobre todo a raíz de la oposición anunciada por Gutiérrez en cuanto a la realización del cobro por EPM.
Según los cálculos de esa última empresa, por lo menos 87.600 de sus clientes en Medellín y 161.000 clientes en el resto de Antioquia serían los impactados por el cobro, que la compañía dice ver incierto y susceptible a derivar en procesos en la Superintendencia de Servicios Públicos y hasta líos con la Dian.
En contraste, Rendón sostuvo que con las inversiones proyectadas se esperan mejorías en los indicadores de seguridad. “Hoy vamos en reversa y no puedo quedarme cruzado de brazos”, sostuvo.