Ricardo Bonilla siempre supo que iba a ser ministro de Hacienda de Gustavo Petro. El 1 de mayo de 2023 –día de los trabajadores– el economista de 75 años confesó a los medios que en sus planes pensaba que el mandatario lo iba a nombrar en ese cargo, pero no que iba a ser tan pronto, como sucedió tras la salida de José Antonio Ocampo de esa cartera. Lo que jamás calculó Bonilla es que 18 meses después, el presidente Petro le pediría su renuncia por estar implicado en el escándalo de corrupción que más ha golpeado a este Gobierno: la Unidad para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), un nombre que la izquierda y el petrismo quisieran olvidar, pero está más vivo que nunca.
Este miércoles, el jefe de Estado publicó un extenso mensaje en la red social X —2.716 palabras, quizás la publicación más larga desde que es presidente– en el que en los últimos párrafos anuncia la salida de Bonilla: “Espero su renuncia, no porque crea que es culpable, sino porque lo quieren despedazar por ser leal al programa de Gobierno y quieren derribar inconstitucionalmente ese Gobierno”. Y agregó, en tono de reproche: “El error de Bonilla es la ingenuidad académica, pensar que todos tienen la misma altura intelectual. Por eso desobedeció mi indicación de no confiar en los funcionarios uribistas de MinHacienda, que nos hicieron trampas desde el principio”. También dijo el mandatario que él y Bonilla son víctimas de una “encerrona y entrampamiento” porque la práctica de los cupos indicativos o auxilios parlamentarios “se ha repetido por años”.
En contexto: Presidente Petro le pidió la renuncia al ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, en medio del escándalo de la UNGRD
Horas después, el exministro publicó un video desde la oficina de su abogado Mauricio Pava (también abogado del presidente) en el que precisó que “el presidente Petro siempre estuvo enterado de mis acciones y deberes como funcionario público y mi renuncia estuvo sobre la mesa, pendiente solo de fecha, y ayer (martes) fue concertada en San Andrés”. Palabras que resonaron teniendo en cuenta que su salida se debe a su supuesta participación en la compra de votos de congresistas a cambio de prebendas.
El reemplazo de Bonilla será Diego Alejandro Guevara, el actual viceministro general de Hacienda, un reconocido académico. En su carta de renuncia, el exministro Bonilla dijo que no usaría su cargo en el gabinete para defenderse: “Estos duros episodios dejan lecciones sobre el diseño institucional de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público. Las permanentes dilaciones en el otorgamiento de conceptos, no vinculantes, se prestan a maniobras que dejan al ministro de turno en aprietos. Me retiro con la frente en alto confiado en convencer a mis investigadores que no compré silencios, ni votos de congresistas, ni cupos indicativos, ni cometí delito alguno en provecho personal”.
La comisión del Congreso a la que se refieren Petro y Bonilla no hace parte de las siete comisiones constitucionales, sino que se creó para tener un control previo en la solicitud de créditos del Gobierno. Ese fue el inicio y una de las puntas más grandes del escándalo de la UNGRD que hoy cobra la salida de uno de los escuderos más cercanos al presidente.
En diciembre de 2023, el Ministerio de Hacienda estaba tramitando unos créditos por más de US$1.000 millones con la banca internacional para las necesidades de presupuesto y del pago de la deuda y necesitaba urgente el visto bueno de esa comisión. Según los testimonios del exdirector de la UNGRD, Olmedo López y el exsubdirector Sneyder Pinilla, el exministro Bonilla habría jugado un papel clave que se entrelaza con un ajedrez de presunta corrupción que involucra a más congresistas que los de esa comisión. Chats revelados demuestran conversaciones entre Jaime Ramírez Cobo –asesor de Presidencia cercano a la directora del Dapre, Laura Sarabia–, María Alejandra Benavides, exfuncionaria del MinHacienda y el propio Bonilla con Sneyder Pinilla. El objetivo de la comunicación era coordinar la aprobación de tres contratos por 92.000 millones de pesos del presupuesto de la UNGRD para Cotorra (Córdoba) Carmen de Bolívar (Bolívar) y Saravena (Arauca).
En los chats se ve cómo Ramírez le insiste a Pinilla en la necesidad de la aprobación “porque se nos van a caer los créditos de la Nación”. Los contratos finalmente no se firmaron porque explotó el escándalo de los carrotanques de la Guajira, pero en el camino se pudieron haber cometido varios delitos, según la Fiscalía. Sin embargo, estos chats que involucran a Bonilla exponen otra punta paralela del escándalo que son los llamados cupos indicativos.
Son presupuestos aprobados para contratos en los que los congresistas son los que escogen a los contratistas. Ese esquema es ampliamente conocido en Colombia desde hace varios gobiernos con dos casos recordados: El Ñoño Elías y Musa Besaile, políticos de Córdoba que terminaron condenados en la cárcel.
En el escándalo de la UNGRD, según los testimonios y pruebas conocidas hasta ahora, también se estaría abusando de los cupos indicativos. Esas operaciones consisten en que desde el Gobierno se aprueba un proyecto que una alcaldía le propone a una entidad o a un ministerio, a cambio de que los congresistas de esa región voten los proyectos del Ejecutivo. Los parlamentarios votan, entregan los listados de los contratistas, las entidades asignan los recursos y al final el ciclo termina en un porcentaje para los congresistas que consiguieron los recursos, y en obras inconclusas, mal diseñadas o desaparecidas. En algunos casos el esquema funciona, los contratistas hacen las obras y estas terminan convirtiéndose en más votos para los congresistas. Según los exfuncionarios López y Pinilla recibieron instrucciones para replicar esa práctica no solo con los congresistas de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público sino con otros legisladores.
Entérese: Se complica la aprobación de la reforma tributaria a raíz de la ‘tormenta’ del Ministerio de Hacienda
Quienes componen esa comisión y están siendo investigados por la Corte Suprema de Justicia por este caso son Julián Peinado, Karen Manrique, Liliana Esther Bitar, Juan Pablo Gallo, Wadith Manzur y al excongresista Juan Diego Muñoz. Los legisladores “habrían aceptado emitir conceptos respecto de operaciones de crédito público presentadas por el Ministerio de Hacienda, a cambio de dádivas que se materializarían en contratos de la UNGRD”, explicó la Corte Suprema cuando decidió abrir la investigación.
Pero no son los únicos congresistas implicados. También están acusados de recibir coimas los expresidentes del Senado y la Cámara, Iván Name y Andrés Calle: $4.000 millones de pesos que habrían sido entregados por la exconsejera presidencial para las regiones, Sandra Ortiz, y el exsubidirector Pinilla. Y el listado lo completa el senador José Elías Chagui.
Lea también: Con plastilina: así es el escándalo de la UNGRD que tiene en serios líos a 5 altos funcionarios de Petro
Pero el punto de giro determinante que produjo la salida del ministro Bonilla fueron los audios de su exasesora, María Alejandra Benavides, revelados por Noticias Caracol el pasado 29 de noviembre. Benavides le contó a la Fiscalía que se sintió usada por el ministro Bonilla y que fue presionada en reiteradas ocasiones para autorizar un millonario desembolso a la UNGRD.
“Él (Bonilla) sabía que esos contactos los había sacado yo de lo que me habían pasado los congresistas que tenían los cupos indicativos (...) Yo no podía cuestionarlo. Pero aquí estoy segura de que el ministro sabía que esos contactos para ellos y que a cambio le iban a dar esos créditos (...) Él me usó, él usó el hecho de ser el ministro de Hacienda, que a él no le importaba el costo que tenía que pagar. Eso lo necesitaban allá adentro”, dijo la exfuncionaria quien ha denunciado serias amenazas en contra de su integridad. Benavides también menciona al exministro del Interior, Luis Fernando Velasco, como un de los cerebros que estaría detrás de la operación de compra a congresistas, aunque este ha negado cualquier participación.
Sin embargo, el testimonio de Benavides fue demoledor y desembocó en la renuncia del ministro Bonilla quien insiste en que lo mejor es defenderse por fuera de su cargo. Lo mismo sucedió con Carlos Ramón González, otro alto funcionario implicado en el escándalo de la UNGRD, que dejó el mando la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI).
Además: Este es el anónimo que Ricardo Bonilla le envió a la Fiscalía con la denuncia a Ricardo Roa y Nicolás Alcocer Petro
Pero como si no fuera suficiente lo anterior, horas antes de la renuncia de Bonilla, EL COLOMBIANO reveló en primicia el documento de una grave denuncia anónima en contra de Nicolás Alcocer Petro, hijo adoptivo del presidente, y Ricardo Roa, gerente de Ecopetrol y quien fuera gerente de la campaña presidencial. Los anónimos llegaron desde octubre al despacho del exministro y tienen que ver con la hidroeléctrica de Urrá en Córdoba.
Este es apenas otro episodio que empieza a abrirse y que toca directamente a la familia presidencial y a otro funcionario cercano como el gerente Roa, que ha estado envuelto en otros escándalos. La historia es compleja y enredada pero hay que comenzar con el originador del documento. El anónimo que llegó por primera vez al Ministerio tiene como firma un movimiento llamado “Izquierda de Córdoba Unida por Colombia”. Se trataría de un grupo político cercano al proyecto de Gobierno que estaría inconforme con las decisiones que se han venido tomando en la Hidroeléctrica de Urrá, una de las empresas de energía más importantes de Córdoba y que le aporta un porcentaje también relevante a la matriz nacional.
Pero las denuncias son con nombres propios y hechos puntuales. El exministro Bonilla recibió el documento y por la gravedad de los hechos expuestos le dio traslado a la Fiscalía. Luego llegaron otros anónimos y Bonilla los envió también para que se investigaran. El exministro le explicó a este diario que él no denunció a Ricardo Roa ni a Nicolás Alcocer, sino que envió el documento al ente acusador porque de lo contrario, podría caer en omisión al conocer un hecho con posibles consecuencias penales y no hacer el trámite debido.
El documento inicia con un contexto sobre un proyecto de un parque solar que se encuentra desarrollando la Hidroeléctrica. Este se llama “Parque Solar Urrá 19,9” y allí es por primera vez en donde aparece el nombre de Nicolás Alcocer Petro.
De acuerdo con el documento, este contrato de la construcción del Parque Solar que tiene un retraso de dos años, está en manos de un consorcio del cual hace parte una compañía llamada Luxim Ingeniería S.A.S. La denuncia aporta un documento adicional de la Cámara y Comercio de la empresa, en donde se prueba que la representante legal es Luz Amparo Muñoz Petro.
“En la foto anterior podemos ver al señor Nicolás Alcocer Petro con la señora Lucía Muñoz Petro y su esposo, el señor David Cerón (accionista principal de luxim), de quien nos cuentan ha realizado distintas amenazas a los actuales directivos de Urrá por sus contactos en el alto Gobierno y su relación estrecha con el hijo del presidente, y exige beneficios a los directivos y la junta directiva en procesos licitatorios. Parece que no nos hemos alejado ministro de los días tristes de Tomás y Jerónimo Uribe. Es importante precisar ministro que desde lo que nos indican, los actuales directivos de Urrá no han cedido a las presiones de Cerón, pero que la junta directiva, aunque no se ha dejado amenazar, sí ha sido permisiva”, dice el texto.
Esto significaría que la representante legal de Luxim que es parte del consorcio para la construcción del parque solar, está casada con el señor David Cerón, dueño de la empresa. Pero ahí no termina.
La denuncia también presenta fotografías de Lucía Muñoz Petro en algunos viajes con en yate junto a Nicolás Alcocer Petro y Valentina Alcocer, lo que demuestra su cercanía con la familia del presidente. Luego hay una fotografía adicional de Nicolás Alcocer en donde también aparece Laura Sarabia y el propio presidente Petro inaugurando un parque solar de la Refinería de Cartagena. El contratista de ese parque, diferente al de Urrá, es una empresa llamada Power China, quien sería el otro socio de la empresa Luxim en el parque de la Hidroeléctrica de Córdoba.
Es decir, Nicolás Alcocer Petro aparece en fotografías con los socios de Power China y los de Luxim que juntos conforman el consorcio del “Parque Solar 19,9”. Esto probaría la influencia de Alcocer en las decisiones de Urrá.
Luego, hay toda una serie de argumentos en la vía de que la hidroeléctrica se la han entregado al poder político local en cabeza del senador José Elías Chagui, José David Name, y Marcos Daniel Pineda.
La almendra de la denuncia es que la empresa, debido a los incumplimientos del consorcio en la construcción del complejo solar, estaría pensando en liquidar ese contrato, pero Luxim, lejos de eso, ha hecho una reclamación “absurda”, señala el documento, de 60.000 millones de pesos. Además, la propia empresa interventora del Parque sería el Consorcio Interparque Solar, que revisa el cumplimiento de las obras. Pero el documento también envía fotografías del representante de la interventora, Leonardo Boom, junto a Lucía Muñoz Petro, David Cerón, el dueño de Luxim, y Valentina Alcocer.
Si esto es cierto, podrían configurarse varios delitos en el manejo de la Hidroeléctrica que vuelven a comprometer a Ecopetrol. Hasta ahora Nicolás Alcocer no había tenido señalamientos sobre hechos de corrupción, pero aquí aparece con un supuesto poder e influencia para tomar decisiones en Urrá de la mano de sus amigos personales y la propia familia del presidente en contratos millonarios con recursos públicos.
Ultimas noticias: Petro dice que representante legal de compañía cuestionada en Urrá no es su familiar
La Fiscalía tiene los anónimos. El ministro Bonilla amplió la denuncia pero eso lo hizo únicamente a partir del envío de los siguientes anónimos que llegaron a la cartera. Según el documento, habría una intención de intervenir a la empresa por parte del Gobierno para poder tomar control de ella en cabeza de estas personas.
Esta noticia fue interpretada como “fuego amigo” entre el saliente ministro Bonilla y el presidente Petro. En horas de la tarde el mandatario se refirió al respecto en la red social X: “Quienes quieren volverlo extorsionador (Bonilla) cuando ha sido es extorsionado (...) son los mismos que ahora dicen que Bonilla denunció a Roa y a mi hijo, cuando es un simple anónimo mentiroso del mes de octubre entregado al ministerio de Hacienda. Quieren dividirnos en peleas que ellos mismos se inventan”.
Mientras tanto, el presidente Petro se queda cada vez más solo. Como aquella metáfora que usó refiriéndose al sistema de salud y las EPS, el “chu, chu, chu”, el escándalo de corrupción de la UNGRD ha ido sacando uno a uno a sus funcionarios más cercanos. ¿Quién será el siguiente?