Pese a concluir este miércoles con una victoria en la Asamblea de Antioquia, el debate por la tasa especial de seguridad que implementará el gobernador Andrés Julián Rendón vía servicios públicos está lejos de terminar.
Durante las últimas horas, las tensiones entre el gobernador y el alcalde de Medellín Federico Gutiérrez volvieron a avivarse, luego de que este último advirtiera que EPM no estaría dispuesta a caminarle a la implementación de esa tributo en sus facturas.
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Aunque tanto Gutiérrez como Rendón han insistido en que sus diferencias alrededor de esta iniciativa no implican una ruptura de su trabajo en llave, Rendón se refirió a esa controversia y le devolvió el vainazo a EPM, advirtiendo que mientras EPM ha puesto en duda la viabilidad jurídica de la tasa en Antioquia, ya ha aplicado la misma en sus facturas en otros departamentos a través de sus filiales.
“EPM nos ayudaría muchísimo si nos ayuda a recaudar, pero ya ha dicho que no lo va a hacer, aún cuando lo hace en otros departamentos con sus filiales. Lo hace en el Valle del Cauca, como comercializador de grandes volúmenes de energía, a grandes comercios e industrias. También lo hace donde opera Afinia”, dijo Rendón.
En sus declaraciones Rendón aludió a uno de los puntos álgidos que salió a flote durante la discusión que se produjo en la Asamblea, en donde un oficio entregado por el gerente de EPM, John Maya Salazar, abrió precisamente una discusión sobre si dicho cobro era legal.
“Entre los posibles riesgos legales y normativos asociados a la implementación del recaudo se encuentra la vulneración del principio de legalidad tributaria, lo cual podría derivar a su vez en la nulidad de la disposición que lo adopte. Además, esta situación podría generar inseguridad jurídica tanto para EPM como para los usuarios, conllevando conflictos legales, reclamaciones frente a su inclusión en la factura de servicios públicos domiciliarios e investigaciones administrativas a EPM por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, derivados de la falta de una base normativa sólida que sustente la obligación del recaudo”, planteó Maya en una carta dirigida al presidente de la Asamblea el pasado 22 de noviembre.
A la semana siguiente, cuando la Comisión Primera arrancó con el primer debate, el diputado liberal Jonathan Roldán presentó en esa corporación varias facturas del Grupo EPM en las que aparecía reseñada la aplicación de la tasa.
Mientras una de ellas corresponde a una factura a un cliente industrial del Valle del Cauca generada el 21 de noviembre de este año y en la que se observa la aplicación de una tasa de seguridad y convivencia por $2 millones, otra corresponde a una factura emitida por Afinia en septiembre pasado a un cliente residencial de estrato 4 ubicado en el barrio Boston de Sincelejo (Sucre), en donde aparece una tasa de seguridad de $18.830.
Durante la jornada de este miércoles, poco después de que la tasa de seguridad pasara en último debate en la Asamblea, con 14 votos a favor y 10 en contra, el alcalde de Medellín Federico Gutiérrez volvió a cuestionar la pertinencia del nuevo impuesto y señaló que no estaría dispuesto a aplicarlo.
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“Yo ya se lo he expresado al gobernador: a través de EPM no vamos a hacer ese cobro del aumento de la tarifa de energía”, sentenció Gutiérrez.
Frente a esa negativa Rendón señaló este jueves que pese a que la Gobernación podría incurrir en mayores costos logísticos, podría cobrar el impuesto a través de otras entidades descentralizadas suyas como Valor + y a través de otras 29 comercializadoras que tienen presencia en el departamento.