El escándalo de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) sigue desatando coletazos. Este miércoles se conoció la renuncia del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, quien dimitió del cargo luego de que el propio presidente Gustavo Petro pidiera su renuncia. Su salida del Gobierno generó todo tipo de reacciones en el Parlamento.
Uno de los primeros en pronunciarse fue el presidente del Senado, Efraín Cepeda (Partido Conservador), quien sostuvo que se trata de un asunto del fuero presidencial. Sin embargo, el parlamentario instó a que “rápidamente” se nombre otro titular de la cartera –quien ya fue designado– para no generar traumatismos en una plaza del calibre de Hacienda.
“Es del fuero presidencial. Ahí no hay mucho más qué agregar, sino que es el presidente de la República quien decide qué colaboradores nombra y cuáles realmente les pide renuncia. Él lo ha hecho dentro de su fuero presidencial. Solo esperaría que se nombrara rápidamente otro ministro para no afectar mercados internacionales ante un tema de inestabilidad como ese”, declaró Cepeda antes de conocerse que Diego Guevara, quien venía desempeñándose como viceministro de la cartera, ahora ocupará el lugar de Ricardo Bonilla.
Por su parte, la senadora María Fernanda Cabal (Centro Democrático), reclamó que el presidente Petro estaba demorado en apartar del cargo a Bonilla dada su vinculación con el escándalo en la UNGRD.
“Creo que se demoró. Ha debido hacerlo hace mucho tiempo. Pero la evidencia hoy es que esto es una cueva de ladrones. El cambio lo que está demostrando es que son más ladrones que nunca”, manifestó la congresista uribista.
En esa línea, también desde el Centro Democrático, la senadora Paloma Valencia sostuvo que, aunque el martes Petro defendía al ministro Bonilla, este miércoles cuando el saliente funcionario “le da trámite a las denuncias de corrupción del hijo y amigos de la primera Dama y del ya hipercuestionado (Ricardo) Roa –gerente de campaña y presidente de Ecopetrol– le pide la renuncia”.
Lo anterior, en referencia a la denuncia anónima que Bonilla remitió a la Fiscalía y que vinculaba al círculo cercano del presidente con aparentes malos manejos en la hidroeléctrica de Urrá en Córdoba.
EL COLOMBIANO conoció que las personas vinculadas en esa denuncia son Nicolás Alcocer Petro, hijo adoptivo del presidente Gustavo Petro, y a Ricardo Roa, actual gerente de Ecopetrol.
En este contexto, desde la propia bancada de Gobierno, el senador Ariel Ávila (Alianza Verde), sostuvo que la permanencia de Ricardo Bonilla “era imposible” en el Gobierno. “No se iba a votar ningún proyecto que tuviera que ver con el Ministerio de Hacienda, como los temas de regalías que son de trámite”, explicó.
Además, desde el Partido Liberal el representante Juan Carlos Losada sostuvo que Petro le pidió la renuncia a Bonilla “casi que exculpándolo del delito del que lo están acusando (...) Es un día negro, nefasto, para la democracia colombiana”, señaló.
En medio del escándalo de corrupción de la UNGRD, en el que el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, está implicado, el presidente Gustavo Petro le pidió la renuncia a su cargo: “Espero su renuncia, no porque crea que es culpable, sino porque lo quieren despedazar por ser leal al programa de Gobierno y quieren derribar inconstitucionalmente ese Gobierno”, dijo en la red social X.
Los dos testigos claves de este escándalo, Olmedo López y Sneyder Pinilla, empezaron a acudir a la Corte y a la Fiscalía para contar en detalle quiénes en el Gobierno estaban detrás de las órdenes de la corrupción. Uno de los implicados fue Bonilla.
En diciembre del año pasado, el Gobierno necesitaba un visto bueno determinante. El Ministerio de Hacienda estaba tramitando unos créditos con la banca internacional para las necesidades de presupuesto y del pago de la deuda. Es algo de lo que el presidente Petro se ha quejado permanentemente porque argumenta que el Gobierno Duque endeudó de más al Estado para responder a la pandemia, por lo que incluso hoy hay problemas de caja y de recursos que impactan en las políticas públicas.
El exministro era Bonilla pero el crédito, como es tradición, necesitaba la “luz verde” de la Comisión. Esta es una Comisión interparlamentaria, es decir, no hace parte de las 7 comisiones constitucionales, sino que se creó justamente para tener un control previo en la solicitud de créditos del Gobierno.
Los créditos no estaban siendo aprobados en las sesiones de la Comisión y el Gobierno necesitaba conseguir el visto bueno de manera urgente. Para ese diciembre, a la Comisión habían ingresado dos congresistas más de las curules de paz, por lo que su composición era de ocho.
Entonces, aparecieron otros chats. Y el nombre de Bonilla, un escudero de larga data del presidente del que nunca se había dudado en su honradez, pasó a todas las lupas de la prensa, la Fiscalía y los críticos del Gobierno. En las conversaciones aparecían Jaime Ramírez, asesor de Presidencia cercano a Laura Sarabia, María Alejandra Benavides, exasesora del Ministerio de Hacienda, y el propio ministro Bonilla.
Los tres cruzaron mensajes directos con el exsubdirector Snedyer Pinilla para pedirle una sola cosa: que se aprobaran tres contratos por 92.000 millones de pesos del presupuesto de la UNGRD para Cotorra, Córdoba; Carmen de Bolívar, Bolívar; y Saravena, Arauca. ¿Por qué? Porque “se nos van a caer los créditos de la nación”, le dijo Ramírez al alto funcionario de la UNGRD.