Con una votación de 14 votos a favor y 10 en contra, la Asamblea de Antioquia aprobó este miércoles la imposición de una nueva tasa de seguridad que se cobrará vía servicios públicos en el departamento.
En una sesión agitada, en la que el sector privado, diputados y el gobierno seccional volvieron a chocar sus posiciones, el gobernador Andrés Julián Rendón logró obtener tener luz verde para implementar ese nuevo tributo.
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Pese a que el segundo debate pasó sin mayores sobresaltos en la Asamblea, desde donde desde finales de noviembre pasado los cálculos preliminares favorecían a Rendón, durante la sesión los ánimos volvieron a tensarse, sobre todo entre los gobiernos de Medellín y Antioquia.
Hacia las 9:00 de la mañana, hora en la que comenzó la discusión en plenaria, el alcalde Federico Gutiérrez volvió a cuestionar la pertinencia del nuevo impuesto y anticipó, sin entregar mayores detalles, que se opondrá a que se lleve a la práctica.
“No estoy de acuerdo con nuevos impuestos o tasas a ciudadanos y empresas. No estoy de acuerdo con que se afecte la tarifa de energía a través de la cuenta de servicios públicos. Como alcalde de Medellín y presidente de la Junta Directiva de EPM no permitiré que se haga dicho cobro a través de la cuenta de servicios públicos”, dijo Gutiérrez en una publicación realizada en su cuenta de Twitter.
Si bien el alcalde posteriormente volvió a insistir en que sus diferencias con Rendón no implicarían una ruptura en sus relaciones, sus declaraciones abrieron el interrogante sobre en qué consistiría esa oposición y dejó en el aire si desde el Distrito o EPM se estaría evaluando alguna acción con miras a que se revise la legalidad de la futura ordenanza.
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En noviembre pasado, cabe recordar que desde Empresas Públicas de Medellín, el gerente John Maya Salazar contestó un requerimiento de la Asamblea señalando no ver viable jurídicamente la imposición de dicha tasa.
“Entre los posibles riesgos legales y normativos asociados a la implementación del recaudo se encuentra la vulneración del principio de legalidad tributaria, lo cual podría derivar a su vez en la nulidad de la disposición que lo adopte. Además, esta situación podría generar inseguridad jurídica tanto para EPM como para los usuarios, conllevando conflictos legales, reclamaciones frente a su inclusión en la factura de servicios públicos domiciliarios e investigaciones administrativas a EPM por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, derivados de la falta de una base normativa sólida que sustente la obligación del recaudo”, expresó en dicho documento Maya Salazar el pasado 22 de noviembre.
Minutos después de las declaraciones de Gutiérrez, Rendón respondió nuevamente a sus cuestionamientos e insistió en que la tasa sería la única alternativa para que la Gobernación pueda recaudar $1,2 billones de pesos en lo que queda de este cuatrienio.
Pese a que el mandatario departamental no asistió a la Asamblea y envió a su secretario de Hacienda, Santiago Valencia, para instalar el período de sesiones extraordinarias, hacia las 10:00 de la mañana citó a una rueda de prensa en la Gobernación para contestarle a Gutiérrez, en un gesto que luego generó controversia en la Asamblea.
“La realidad por fuera de Medellín es bastante difícil para el departamento de Antioquia y a nosotros nos corresponde actuar. Medellín es una ciudad con un gran presupuesto”, dijo. “Quien dijo que establecer y poner sobre la mesa un nuevo tributo sea cómodo, es fastidioso, a todo el mundo incomoda. Lo tratamos de hacer de la manera más progresiva. El 85% de los suscriptores residenciales no pagarían la tasa y más del 60% de los no residenciales pagaría menos de 30.000”, añadió posteriormente.
A renglón seguido, Rendón volvió a insistir en que los cuestionamientos jurídicos de EPM no tendrían asidero y criticó por su parte a la compañía, planteando que mientras exponer reparos el proyecto en Antioquia, a través de sus filiales aplica la tasa en otros departamentos.
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Durante la sesión de este miércoles, además de ese cruce de declaraciones, varias agremiaciones económicas y gobiernos municipales volvieron a insistir en sus posiciones.
Por ejemplo, mientras desde agremiaciones como Fenalco Antioquia y el Comité Intergremial de Antioquia insistieron que los empresarios no aguantan más impuestos y consideraron que el tributo no se concertó con ellos, alcaldes de municipios como Girardota, Amagá, Anzá, entre muchos otros, señalaron que las inversiones en materia de seguridad no darían espera.
Con el visto bueno de este miércoles, el gobernador logró vencer un pulso que venía avanzando desde julio pasado, cuando esa misma iniciativa se había caído en la Asamblea luego de que el movimiento Creemos radicara una ponencia negativa.
El pasado 8 de noviembre, Rendón informó a la opinión pública su intención de volver a radicar el proyecto, que pasó el pasado 26 de noviembre en la Comisión Primera con 6 votos a favor y solo dos en contra.
En la sesión de este miércoles, en el que votó la plenaria, por el no estuvieron los cinco diputados del movimiento Creemos (Juan Felipe Vélez, David Ruiz, Zulema Zapata, Mateo Escobar y Andrés Bedoya), la bancada de la Alianza Verde (Juan David Muñoz y Camilo Calle), el diputado del Mira, Mauricio Caly, y los dos diputados opositores Manuel García, del Pacto Histórico, y Walter Salas, del Movimiento Independientes.
Por el sí votaron en pleno las bancadas del Partido Liberal (Juan Carlos Palacio, Hernán Tores y Jonathan Roldán), la bancada del Partido Conservador (Jorge Correa, Walter Arias, Juan Esteban Villegas y Jaime Cano), la bancada del Centro Democrático (José Luis Noreña, Verónica Arango, Luis Gabriel Gómez, Edison Restrepo, Gabriel Jaime Giraldo y Carlos García), y el diputado de la ASI, Julio Restrepo.
Entre tanto, los diputados Luis Peláez, del movimiento Dignidad, y el diputado Rogelio Zapata, de la Alianza Verde, no estuvieron en la corporación cuando se hizo la votación.
De acuerdo con las proyecciones de la Gobernación, con dicha tasa especial, que se cobrará a los estratos 4, 5 y 6, y los usuarios industriales, comerciales y oficiales, se espera recaudar unos $1,1 billones entre 2025 y 2027.
Según ha anticipado Rendón, dichos recursos serán invertidos en cinco frentes principales, que incluyen $600.000 millones para cámaras de seguridad, $300.000 millones en placas polideportivas, $114.000 millones en fortalecer la dotación del Ejército y la Policía, $194.000 millones en la construcción de una cárcel departamental para sindicados y $42.000 millones en mejoramientos de infraestructura en instalaciones de la Policía, el Ejército y la Armada.