Mauricio Pava habló en entrevista con EL COLOMBIANO y reveló cuál será la estrategia de la defensa para enfrentarse a las acusaciones de la testigo María Alejandra Benavides, que hicieron que el ministro Bonilla saliera de la cartera. Hay una frase contundente en la entrevista, que es contraria a la visión del presidente Gustavo Petro sobre el caso. Pava cree que los congresistas que le solicitaron proyectos al Ministerio para sus regiones lo hicieron de manera legal. Petro ha dicho que es una extorsión desde el Congreso.
¿Cuál fue su papel en la decisión del ministro Bonilla de renunciar al Gobierno?
“Esa es una decisión política y como decisión política le compete solo al ministro de Hacienda y al presidente de la República”.El ministro dice que se va del cargo porque va a concentrarse en preparar la defensa y no quiere abusar de su rol en lo público.
¿En qué va a consistir la defensa?
“Hubo un trino de la semana pasada en donde él fue enfático en decir que no usaría el cargo como ministro para el ejercicio de la defensa. Desde la semana pasada el ministro ya tenía completamente claro que si su presencia en el Ministerio podía interferir en el desarrollo adecuado del proceso de defensa, él se iba a apartar, como efectivamente lo hizo esta semana. La defensa consiste en que él va a construir con su equipo jurídico el plan de defensa y las explicaciones correspondientes”.
Cualquier persona pensaría que si el ministro es inocente y no tiene ninguna preocupación sobre el escándalo no habría ninguna necesidad de renunciar a su cargo...“Hay dos tipos de factores. El político y el jurídico y los dos no necesariamente van en la misma velocidad. Una es la decisión política y otra la jurídica”.
En la acusación de María Alejandra Benavides, que es lo que termina dirimiendo la renuncia del ministro, ella dice que en la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público los congresistas le entregaron los nombres de los contratistas a los que debían ir unos contratos de la UNGRD. ¿Eso es cierto?
“El ministro exclusivamente le hizo seguimiento como ministro y como Ministerio a los proyectos viabilizados. El seguimiento consiste en averiguar en qué estado de viabilidad técnica se encuentran, qué falta para que avancen. Esos son proyectos que venían de años atrás. Lo único que es cierto es el cumplimiento funcional del ministro en relación con los proyectos. Porque contratos no iniciaron trámite alguno. No hubo contratos ni inicio de procedimientos contractuales y por supuesto no hubo desembolso de los 92.000 millones de pesos”.
Cuando María Alejandra Benavides dice que los congresistas de la Comisión de Crédito Público dieron los nombres de los contratistas, ¿Benavides miente?
“No nos vamos a referir a la declaración de la exfuncionaria Benavides porque no la conocemos en su totalidad y no conocemos su contexto. Cuando la conozcamos nos vamos a referir a sus afirmaciones. Allí vamos a poder separar, qué es lo que un testigo conoce de manera directa, qué es lo que supone, y qué es lo que puede imaginarse que sucedió. Y por eso es muy importante conocer el contexto completo de la declaración”.
Lo que sí se conoce de manera puntual son los chats. Hay tres chats con Sneyder Pinilla. Uno de Benavides, otro del ministro y uno más del asesor presidencial, Jaime Ramírez. Todos parecen en sincronía porque, como dice Ramírez en los chats, “están en riesgo los créditos de la nación”. ¿A qué se referían?
“Yo no puedo hacer referencia a los chats y las comunicaciones de Jaime Ramírez o María Alejandra Benavides. Solo puedo hacer referencia a los de Bonilla”.
Y en esos chats de Bonilla, él le dice a Sneyder Pinilla: “Buenos días subdirector, preocupado por el destino recursos proyectos viabilizados”. ¿A qué se refiere con que estaba “preocupado”?
“La referencia del ministro obedece a lo que ha planteado desde el principio. El Ministerio de Hacienda le hace seguimiento a los proyectos, los congresistas pueden preguntar por los proyectos regionales; eso lo avaló la Corte Constitucional, el Ministerio está en la obligación de hacerle seguimiento a los proyectos, y el señor Sneyder en ese momento estaba encargado también de la Unidad de Riesgos. La preocupación sobre los avances de los proyectos y de la ejecución por parte del ejecutivo ha sido general, no solamente frente a la Unidad de Riesgos, sino a todos los proyectos en todos los ministerios que se encuentren en curso”.
Pero, eso se da en la coyuntura del visto bueno que necesitaba el Gobierno de esos congresistas y de la Comisión. Esos proyectos, según los testigos, estaban siendo concertados con los congresistas...
“Los congresistas, todos, pueden preguntar y solicitar que se avance con los proyectos regionales que son avalados y autorizados por la Corte Constitucional. El Ministerio de Hacienda tiene la obligación de hacerle seguimiento técnico a los proyectos. La interacción entre los congresistas y el Ministerio de Hacienda no constituye una conducta irregular. El ministro se comportó desde su esfera de competencia. Lo que suceda por fuera de su esfera de competencia cuando los proyectos, no estos, cualquier otro, se traducen en una contratación y lo que con ella suceda, no es responsabilidad del Ministerio de Hacienda”.
Y, ¿eso quiere decir que la estrategia va a ser argumentar que el ministro estaba preguntando por la continuidad de unos proyectos que unos congresistas habían solicitado, pero que eso no era a cambio de los votos de esos congresistas?
“Desde hace más de seis meses la defensa viene recopilando pruebas que indican puntualmente la pedagogía del Ministerio de Hacienda al interior de la Comisión de Crédito Público. Es decir, qué les dijo y cuál fue el enfoque y el contexto que le dio a los congresistas. Toda la intervención en el comité de crédito público. Segundo, la inexistencia de contratos y de procesos contractuales iniciados. No existen. Tercero, no hubo, por ende, el desembolso de 92.000 millones de pesos. El ministro actuó dentro de su esfera de competencia, dentro de las funciones que le son atribuidas por la ley. Los congresistas que interactuaron con el ministro en relación con los proyectos también actuaron de manera legal. Y la conversación que él sostuvo giró entorno a proyectos que cursaban ya técnicamente en el Ministerio desde antes de ser ministro y que están soportados en el interés público, no en el particular”.
Benavides dice que todas sus acciones como enlace con el Congreso las conocía el ministro. ¿También está mintiendo según ustedes?
“Yo escuché a una mujer muy afectada, muy vulnerable en su conversación. El ministro nunca ha desconocido que cumplió con su rol funcional que era interactuar con los congresistas en relación con los proyectos regionales como interactúa como los demás funcionarios del servicio público para los proyectos que están en curso con el seguimiento en la viabilidad técnica. Esa es la orden legal que le atribuye la ley. Hasta allí fue su intervención”.
¿Esa era una tarea que el ministro desempeñara transversalmente en la Cartera? Porque estamos hablando de tres municipios pequeños para contratos de prevención de emergencias. Se supone que el ministro está preocupado por la macro economía, la inflación, las empresas estatales. ¿El ministro revisaba todos los contratos del país?
“Hay una base equivocada en su enunciado. No hubo contratos. Hubo proyectos para tres municipios, como los cientos de proyectos que están en tránsito para viabilización técnica para un número cuantioso de municipios en nuestro país, a los cuales el Ministerio les hace seguimiento en la viabilización técnica porque es su obligación legal. Entiendo la pregunta por lo que sucedió en la UNGRD entorno a todo lo que Sneyder Pinilla y Olmedo López mencionen. Pero esos tres proyectos no son contratos y son unos más de los cientos de proyectos que hay en el país”.
El presidente ha dicho que el ministro cometió un error al no sacar a los funcionarios “uribistas” del Ministerio. Hay sectores que dicen que por el pasado profesional de Benavides sucede esto en un supuesto complot contra el Gobierno. ¿Usted le cree a esa versión?
“Yo no soy intérprete de las respuestas del señor presidente. La afirmación tiene un presupuesto político y yo ejerzo una vocería jurídica frente al comportamiento que creo probo y decente del ministro Bonilla”.
Paralelo a la salida del ministro se conocieron las denuncias anónimas que llegaron al Min Hacienda por los hechos de la Hidroeléctrica de Urrá. ¿Qué fue lo que pasó con esas denuncias?
“Fue el traslado de información anónima que hizo el Ministerio con destino a la Fiscalía. Eso sucedió en octubre y agregaría que nosotros, los abogados, funcionamos en relación con las pruebas y las verificaciones que se adelanten por parte de las autoridades. La verdad está muy desvalorizada, estamos frente a fenómenos de desinformación muy serios en este país. Los debates en la opinión pública van en velocidades diferentes a los debates judiciales. Mientras no se verifiquen los hechos que dicen unos anónimos no pueden ser una verdad en el mundo material”
Pero, ¿el ministro denunció a Ricardo Roa o Nicolás Alcocer o envió las denuncias de los anónimos que le llegaron?
“El Ministerio corrió traslado de una serie de informaciones que le habían llegado en cumplimiento con su deber como funcionario público. En octubre hizo lo propio con destino a la Fiscalía y las personas ahí mencionadas conocieron que iban a hacer el traslado y manifestaron tranquilidad de que se hiciera el traslado y las autoridades investigaran”.
¿Hay algo más que le quiera decir al país como abogado de Ricardo Bonilla?
Estoy convencido y eso hace que el propósito de la defensa del ministro tenga un propósito de justicia. Es un hombre decente, un hombre honrado y un hombre que en su trayectoria pública ha demostrado actuar con total responsabilidad y honestidad en su servicio. El ministro no cometió delitos y así esperamos que lo reconozcan las autoridades y por eso le hemos pedido a la fiscal del caso en el marco de la inter actuación que tenemos las partes que podamos hacerle entrega con transparencia, de todos los elementos de prueba que tenemos.