Cuando la extinta guerrilla de las Farc abandonó los territorios que ocupó en la Amazonía colombiana se abrió la puerta de una catástrofe ambiental.
La selva húmeda empezó a ser colonizada por ganaderos, mineros, narcotraficantes y otros actores armados. Todos se pelean por acaparar las tierras y, en esa disputa, han arrasado con miles de hectáreas de bosques.
Desde la firma del Acuerdo de Paz –reveló un estudio de la Universidad Nacional– se ha registrado un incremento del 177% en la deforestación en los territorios amazónicos que, hasta el 2016, fueron controlados por las Farc.
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“Se aceleró la amenaza de uno de los ecosistemas más biodiversos del país, una consecuencia asociada con el vacío de autoridad tras el retiro de las Farc, que se tradujo en cambios en las reglas de uso del suelo y en la llegada de nuevos actores tanto armados como civiles”, señaló Valentina Cano Giraldo, magíster en Medio Ambiente y Desarrollo de la Universidad Nacional y líder de la investigación.
Antes de la dejación de armas, el 49% de la deforestación nacional se concentraba en la Amazonía y justo después del Acuerdo de Paz la cifra de deforestación que aportó ese territorio llegó al 70,3%.
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“Entre 2013 y 2021, Colombia registró 1.485.734 hectáreas deforestadas, con un marcado aumento a partir de 2016, año que coincide con la firma del Acuerdo. En el contexto de la Amazonía la situación es aún más crítica: entre 2014 y 2021 se perdieron 866.779 hectáreas”, añadió la investigadora.
Es que los armados de las Farc, por ejemplo, limitaban la tala de árboles a cinco o seis hectáreas por año a los colonos. Ahora, indicó el estudio, hay fincas de ganadería extensiva de hasta 1.000 hectáreas.
El 2 de diciembre pasado una delegación de varias dependencias del Gobierno viajó hasta San Vicente del Caguán, en Caquetá.
Hubo una reunión con 200 representantes de campesinos e indígenas de los departamentos de Caquetá, sur del Meta, Guaviare y Huila. La cita fue organizada por la mesa de paz que adelanta el presidente Gustavo Petro con las disidencias que comanda alias Calarcá Córdoba. La pretensión era ponerle freno a la deforestación en la Amazonía y Orinoquía.
Los representantes de los campesinos llegaron a la mesa con una propuesta difícil de cumplir: querían la creación de un fondo con 950.000 millones de pesos –que debían entregarse en menos de una semana– para ejecutar sus planes de protección. La delegación oficial no aceptó.
Más allá de algunos compromiso del Gobierno, como fomentar alternativas de cultivos menos nocivos que la ganadería, la reunión terminó sin acuerdos de fondo.
Fue entonces que apareció alias Calarcá –quien no participó de los encuentros– para afirmar que usará su mano de hierro para castigar a los deforestadores.
“Nos oponemos a la tala de bosques. Llevamos tres años dando esa orientación, pero hay quienes no la han acatado y nos tocó tomar una medida: les vamos a recoger (quitar) la tierra a aquellos que tumbaron 2, 10, 20 o más hectáreas sin necesidad, incluidas las que tumbaron hace un año y ya están en pastoreo”, dijo el cabecilla en diálogo con El Espectador.
Calarcá aseguró que los disidentes ya imponen multas a quienes dañan el ambiente y que las tierras deforestadas serían entregadas a campesinos sin tierra para el cultivo de pancoger de maíz, yuca y plátano.
“Son muy importantes estas declaraciones que hizo Calarcá Córdoba. Dice que hará un trabajo con la prohibición de la tala y la defensa del bosque y el impulso de economías sostenibles para las comunidades campesinas”, señaló Camilo González Posso, jefe negociador del Gobierno ante esa disidencia.
Más allá de la aparente intención de protección ambiental, el anuncio de Calarcá generó preocupación entre los habitantes de la zona.
Solo en Caquetá, las disidencias de Calarcá se enfrentan a los disidentes de los Comandos de Frontera y tratan de contener el ingreso de los armados que comanda alias Iván Mordisco, uno de sus exsocios. Todos se enfrentan por el control de los cultivos ilícitos y la minería ilegal.
“En últimas, los campesinos quedarían en la mitad. De un lado estaría un actor armado apuntando para no deforestar y en el otro un grupo pidiendo más sembradíos de hoja de coca”, le dijo a este diario un defensor de Derechos Humanos de Caquetá.