Esta semana se definirá la medida de aseguramiento en contra de la exconsejera para las Regiones de la Presidencia de la República, Sandra Liliana Ortiz Nova, en medio del escándalo de los presuntos sobornos repartidos a congresistas por parte del gobierno de Gustavo Petro.
El Juzgado Tercero Municipal de Control de Garantías de Bogotá fijó para el próximo miércoles la continuación de la audiencia, la cual fue suspendida la semana pasada por fallas técnicas en los dispositivos de teleconferencia.
Hay que recordar que Ortiz ya fue imputada por la Fiscalía, por los delitos de lavado de activos y tráfico de influencias de servidor público, a los cuales ella no se allanó, declarándose inocente.
El proceso penal se fundamenta en las declaraciones de Olmedo López Martínez y Sneyder Pinilla Álvarez, exdirector y exsubdirector de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), quienes admitieron su responsabilidad en el entramado y están cooperando con el ente acusador, buscando obtener beneficios jurídicos.
Según sus testimonios, la UNGRD fue usada por el Gobierno para repartir coimas a congresistas, con el propósito de que aprobaran las iniciativas de la Casa de Nariño que cursan en el Legislativo.
El dinero para los sobornos salía de los contratos que ejecutaba la entidad, y que terminaban desviándose a los bolsillos de los legisladores.
En ese momento (2023), Ortiz fungía como consejera presidencial para las Regiones, un cargo cercano al presidente Gustavo Petro.
Según la Fiscalía, ella “habría recibido, transportado y entregado al expresidente del Congreso, Iván Name Vásquez, $3.000 millones de pesos que tendrían origen ilícito”.
De acuerdo con los hallazgos de la investigación, ese dinero estaba destinado “al pago de coimas por el direccionamiento de un contrato en la UNGRD que tenía por objeto la compra de 40 carrotanques para llevar agua potable a las comunidades de La Guajira”.
En la audiencia la Fiscalía expuso que el 12 de octubre de 2023, en un apartamento del centro de Bogotá, Ortiz recibió una maleta con $1.500 millones, la cual le habían enviado Olmedo López Sneyder Pinilla.
Luego, ella habría abordado un vehículo oficial rumbo al norte de la ciudad, para llevarle esa plata en efectivo al senador Iván Name.
En la noche siguiente, Pinilla volvió a llevarle a Ortiz una maleta con otros $1.500 millones, que ella también habría recibido para hacérselos llegar a Name, sumando así un total de $3.000 millones.
Al terminar la imputación e iniciar la audiencia de medida de aseguramiento, el ente acusador le pidió al juzgado que decretara el encarcelamiento para Ortiz, argumentando que si la dejan en libertad o le conceden la detención domiciliaria, esta podría usar su influencia para interferir en el proceso penal.
“Valiéndose de su posición prevalente, usted ejerció influencias indebidas, producto de su importante cargo, sobre el director de la Ungrd, entidad funcionalmente dependiente del Dapre, influencias con las cuales usted transgredió los parámetros de comportamiento que le exigían anteponer el interés general por el particular”.
Antes de que pudieran escucharse los contraargumentos de la defensa, la diligencia fue suspendida y programada para esta semana.
Además de los exdirectivos de la UNGRD, la reseñada Ortiz y el congresista Iván Name, el escándalo de los presuntos sobornos al Legislativo tiene en la mira de la justicia a otros pesos pesados de la política nacional.
En la lista de investigados aparece Andrés Calle, expresidente de la Cámara de Representantes, a quien Sneyder Pinilla asegura haberle entregado $1.000 millones en su apartamento de Montería.
También están bajo la lupa judicial Ricardo Bonilla, exministro de Hacienda; y Luis Fernando Velasco, exministro del Interior, sospechosos de autorizar los movimientos del dinero.
De la misma manera, María Alejandra Benavides, exasesora del Ministerio de Hacienda, y Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) y de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI).
Al listado también pertenecen el contratista de la UNGRD, Luis Eduardo López Rosero; el exdirector de Conocimiento de la entidad, Luis Carlos Barreto Gantiva; y el exasesor de la misma, Pedro Andrés Rodríguez Melo.
Tanto ellos como López y Pinilla ya firmaron un preacuerdo con la Fiscalía, para ser condenados a cambio de rebajas de penas, que van de los tres a los siete años de cárcel, por cargos como concierto para delinquir, peculado por apropiación y soborno.
Otro que firmó preacuerdo fue el abogado Édgar Eduardo Riveros Rey, por el delito de soborno, ya que les ofreció $10.000 y $3.000 millones de pesos a López y Pinilla, respectivamente, para que cambiaran sus testimonios ante la Fiscalía y dejaran de salpicar a funcionarios públicos.
A indagatoria en la Corte Suprema de Justicia fueron citados los congresistas Karen Astrith Manrique Olarte, Julián Peinado Ramírez, Juan Pablo Gallo Maya, Liliana Esther Bitar Castilla y Wadith Alberto Manzur Imbett, al igual que el excongresista Juan Diego Muñoz Cabrera.
Ellos fueron miembros de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público y los investigan por el presunto delito de cohecho impropio, pues son sospechosos de recibir contratos de la UNGRD a cambio de aprobar las solicitudes del Ministerio de Hacienda.
La suerte de Sandra Ortiz en la audiencia de medida de aseguramiento, podría ser un ejemplo de lo que sucederá con los demás.
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