Mientras a la EPS Sura le niegan la solicitud para retirarse —argumentando que no podían seguir cubriendo los servicios a sus afiliados por la insuficiencia de recursos—, el sistema de salud sigue con millonarias deudas que tienen a todos sus actores contando monedas para cumplir con la demanda de atención médica del país. Entre tanto, el Ministerio del ramo evalúa el incremento para 2025 de la prima que les da a las aseguradoras para atender a sus afiliados. Sin embargo, las declaraciones del ministro Guillermo Jaramillo dejan entrever que este no sea el que expertos y gremios sugieren, que es del 16 %.
Le puede interesar: EPS Sura no podría retirarse del sistema de salud, ¿qué se sabe?
La decisión de la Superintendencia de Salud sobre el pedido de Sura deja en el aire dudas no solo sobre el futuro de las entidades promotoras de salud (EPS), sino sobre las deudas que tiene le Gobierno con estas, las que hay con las instituciones prestadoras de servicios de salud (IPS), que son los hospitales y clínicas, así como del futuro de los pacientes. Por donde se mire, el sistema está lleno de huecos.
Más allá de la incongruencia de no dejarla retirar por parte de un Gobierno que se ha caracterizado por su postura contra las aseguradoras —a quienes señala como responsables de todos los problemas y fallas del sistema—, lo cierto es que la determinación dejó al descubierto el panorama de incertidumbre que se vive. Según expertos y voceros de organizaciones consultados por EL COLOMBIANO, quedó en evidencia que, con el presente del sector, no hay forma de que 5,4 millones de afiliados (de Sura) sean remitidos a otras EPS.
Así lo expone el investigador de la Universidad de Harvard, Johnattan García, quien señala que la decisión “demuestra que el Gobierno no tiene claro el escenario del país sin las EPS y sin la reforma a la salud. Mover 5 millones de usuarios a otras EPS va a incrementar la situación compleja de la que los reciba”.
Y es que para las aseguradoras está resultando todo un desafío financiero garantizar la atención médica de sus afiliados. Cifras del gremio de las EPS del régimen contributivo (Acemi) señalan que la siniestralidad (costos versus ingresos) de estas alcanza un 102 %; lo que quiere decir que de cada $100 que reciben se gastan $102 en esos servicios. Por lo cual, para cualquiera recibir una carga de millones de usuarios más casi que representaría un holocausto financiero y de salubridad. “También es una señal grave para afiliados y proveedores, porque la idea de Sura con el desmonte progresivo era saldar deudas y transferir pacientes organizadamente, pero con la negativa los deja en incertidumbre”, agrega García.
Por su parte, el vocero de la organización Pacientes Colombia, Denis Silva, expone otro factor de preocupación: las deudas con los Presupuestos Máximos (PM) que tiene el Gobierno, los cuales, según sus cuenta, rondan los $4 billones entre los remanentes de 2022 y los ajustes de 2024. Vale recordar que los PM son los recursos que gira el Estado a las EPS para pagar los medicamentos y tecnologías que no están en el plan de beneficios en salud (PBS). Corresponden a las atenciones para los pacientes con enfermedades raras o huérfanas, cuyos cuidados son específicos y escasos, por lo cual son más costosos y difíciles de conseguir.
“Si el Gobierno no deja ir a las EPS que lo piden, ¿es porque está reconociendo que necesita a las aseguradoras y que solos no pueden hacerlo? Hoy todas tienen la misma siniestralidad porque no les alcanza la plata”, expresa Silva, quien advierte una crisis humanitaria por las deudas que esa situación está dejando.
Solo para dar visos de la gravedad que esas deudas están generando, basta mencionar el estudio técnico que seis economistas de la salud enviaron a la Corte Constitucional señalando que en el sistema de salud hay un hueco de $11,9 billones producto de un mal cálculo de la UPC desde 2022; el estudio de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas que arrojó que, a junio de este año, las EPS deben a las IPS $18,9 billones; así como la advertencia de la Asociación Colombiana de la Industria Farmacéutica sobre deudas de hasta $4 billones en ese sector.
A esto se suma que, como lo denunció el congresista Andrés Forero, el Gobierno no ha pagado (según el Ministerio de Hacienda, por el bajo recaudo tributario) las deudas de PM de 2022, por valor de $700.000 millones, ni las de los últimos cuatro meses de este año, por valor de $2 billones.
Por ahora, puede haber una luz de esperanza para el sistema: el incremento que el Ministerio de Salud haga de la unidad de pago por capitación (UPC) para 2025. De acuerdo con un análisis de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif), ese incremento debe ser del 16,4 % para cubrir los servicios de salud del próximo año. No obstante, el ministro Jaramillo no ha perdido oportunidad para decir que la UPC es suficiente, contradiciendo lo que gremios, analistas y aseguradoras (entre los que está Sura) han insistido: que para cubrir servicios ilimitados hay presupuesto insuficiente.
En ese sentido, Johnattan García se muestra incrédulo y señala que “con un Gobierno desfinanciado, con un presupuesto que no alcanza y con un Ministerio que quiere mantener los equipos territoriales de salud, en un escenario tan conservador fiscalmente no creo que estén dispuestos a sacrificar sus banderas políticas para aumentar la UPC más de lo esperado”.
“Terminamos 2024 con una UPC en saldo en rojo, mientras el Gobierno se ha dedicado a usar los recursos del aseguramiento en atención primaria y equipos territoriales, que son necesarios, pero con una fuente de financiación distinta. Así, 2025 será un año de incertidumbre para los pacientes”, remata Denis Silva.
Para leer más noticias sobre política, paz, salud, judicial y actualidad, visite la sección Colombia de EL COLOMBIANO.